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Beatriz Recio Pérez
Viernes, 15 de junio de 2018
HIPERTEXTUAL CIENCIA

'Patata caliente para Pedro Duque: los contratos de jóvenes investigadores, en la Justicia europea' por Ángela Bernardo

La Justicia europea debe valorar los polémicos contratos predoctorales. La cuestión ha sido presentada por el TSJ de Galicia tras una demanda de conflicto colectivo. El Estatuto que regula esta figura contractual debería haberse desarrollado como máximo en 2013, pero todavía no se ha puesto en marcha

[Img #20074]Una de las patatas calientes del nuevo responsable de la ciencia en España, el astronauta Pedro Duque, será solventar los problemas con los contratos predoctorales. Esta figura, creada por la Ley de la Ciencia de 2011, comenzó a aplicarse dos años después para contratar a los jóvenes investigadores que realizan la tesis doctoral. Hace unos meses el Gobierno cambió de forma retroactiva y sin aviso los códigos de los contratos predoctorales, una medida que rectificó semanas después por las protestas de los afectados. Pero la polémica, lejos de resolverse, continúa.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estudiará si los contratos predoctorales tienen o no derecho a la indemnización:

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha elevado una cuestión prejudicial sobre esta modalidad contractual al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Su origen es una demanda de conflicto colectivo presentada por Comisiones Obreras de Galicia. Según ha podido saber Hipertextual, el sindicato interpuso la demanda por la situación en la que se encontraban algo más de una decena de científicos, contratados bajo esta figura, que realizaban la tesis doctoral en la Universidad de Santiago de Compostela y que no recibieron indemnización cuando terminó su relación laboral. El dictamen del TJUE ayudará a despejar la incógnita sobre si los investigadores tienen o no derecho a la indemnización, una de las controversias más importantes de los contratos predoctorales. Es la primera vez que se eleva una cuestión prejudicial al TJUE sobre esta materia.

¿Los contratos predoctorales tienen indemnización?

Según explica a Hipertextual Ignasi Beltrán, profesor de Derecho del Trabajo en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la cuestión prejudicial "se enmarca en la controversia del caso Diego Porras". El TJUE dictaminó en 2016 que una trabajadora debía ser compensada por la finalización de su contrato de interina con la misma indemnización que hubiera recibido si hubiera sido indefinida y su contrato hubiera terminado por causas objetivas.

El origen de la cuestión es una demanda de conflicto colectivo presentada por Comisiones Obreras en Galicia:

Recientemente, la Gran Sala corrigió la doctrina adoptada dos años atrás. El TJUE cambió de parecer al asumir la tesis de la Abogada General en los casos de Lucía Montero Mateos y Grupo Norte Facility: los contratos temporales no son plenamente iguales a los indefinidos; hay unas diferencias de expectativas entre unos y otros, lo que justificaría que las indemnizaciones no sean totalmente equivalentes. Tras resolver las dos últimas sentencias, el Tribunal europeo tendrá que estudiar el resto de cuestiones prejudiciales que tiene sobre la mesa —más de una decena—, incluida la de los predoctorales.

"Cuando el TSJ de Galicia plantea la cuestión prejudicial en relación a los contratos predoctorales tiene obviamente una repercusión importante porque implicaría que se les tendría que abonar una indemnización en caso de extinción", explica Beltrán por teléfono. "Pero es importante porque tiene que ser una extinción ajustada a Derecho", matiza. "Habría que ver si efectivamente se entiende que las condiciones son distintas entre temporales e indefinidos, seguramente los trabajadores predoctorales no cobrarían veinte días, pero entonces se plantearía si podrían cobrar doce", sostiene.

El dictamen podría tardar un año y medio, teniendo en cuenta el ritmo de respuesta de la Justicia europea:

"Si se reconocen los doce o los veinte días claro que tendría un impacto", prosigue Beltrán, quien resalta que "es arriesgado aventurarse a decir qué puede pasar" con la cantidad de cuestiones prejudiciales que tiene pendientes el TJUE. No obstante, según Beltrán, "las particularidades del contrato predoctoral, como el hecho de que sea en investigación para hacer la tesis" también pueden hacer que el TJUE entienda "que la respuesta dirigida a estos trabajadores no es equiparable a la del resto de contratos temporales". El dictamen de la Justicia europea podría tardar un año y medio, calcula el profesor de la UOC, teniendo en cuenta el ritmo de respuesta en este tipo de cuestiones.

El estatuto aún no se ha puesto en marcha:

Los jóvenes investigadores son contratados bajo esta figura desde 2013, cuando comenzó a aplicarse la Ley de la Ciencia de 2011. Esta normativa incluyó una histórica reivindicación de la comunidad científica al transformar las antiguas becas en contratos de cuatro años. Su situación mejoró entonces de forma sustancial —ya que los investigadores que realizaban la tesis doctoral empezaron a cotizar a la Seguridad Social y a disfrutar de la prestación por desempleo— pero no se resolvió por completo.

Tras la polémica con los contratos predoctorales, el Congreso de los Diputados pidió al Gobierno que desarrollase el Estatuto del Personal de Investigación en Formación (EPIF)

El Ministerio de Empleo cambió hace algo más de un año los códigos de los contratos predoctorales de forma retroactiva y sin aviso, una medida que dejó a miles de científicos sin la posibilidad de solicitar la tarjeta sanitaria europea para realizar las estancias de investigación. El Gobierno rectificó ante el escándalo generado, pero la medida destapó un problema mucho más grave: las irregularidades en los contratos predoctorales —en las universidades y en los organismos públicos de investigación circulaban diversos modelos de contratos con cláusulas y nombres variados— y la falta de una normativa que desarrollase lo dispuesto en la legislación —el llamado Estatuto del Personal de Investigación en Formación (EPIF). Según la Ley de la Ciencia, dicho estatuto debería haberse puesto en marcha como máximo en 2013.

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