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Redacción
Lunes, 20 de marzo de 2017
EDUCACIÓN

Reunión de ASPES CL con el grupo parlamentario de Podemos en las Cortes regionales

ASPES-CL está llevando a cabo una serie de reuniones con los principales partidos políticos con representación en las Cortes

[Img #11704]Se trata de trasladar a los mismos "la preocupación por la situación actual del colectivo de Enseñanzas Medias del sector público de nuestra comunidad, así como los cambios que consideramos necesarios para mejorarla".

En este sentido, el pasado jueves día 16 de marzo tuvo lugar en las Cortes de Castilla y León una reunión entre miembros de ASPES-CL y la parlamentaria responsable de temas educativos del grupo PODEMOS,  Lorena González.

En dicha reunión, ASPES-CL pidió a este grupo parlamentario que presione al gobierno de nuestra comunidad para que, de una vez por todas, revierta la situación laboral en que se encuentra nuestro colectivo en los últimos siete años.

Entre las principales reivindicaciones de ASPES-CL, relacionadas directamente con los presupuestos de nuestra comunidad (próximos a debatir y aprobar en las Cortes), están las siguientes:

La recuperación de la jornada laboral de los docentes, desvinculándola del retorno a las 35 horas semanales de los funcionarios públicos.

Una generosa oferta de empleo público para el colectivo de Enseñanzas Medias, cuya tasa de interinidad roza ya el 30%.

Una carrera profesional (como marca la legislación vigente) para nuestro colectivo, que pasa por la necesaria convocatoria de plazas de catedráticos.

El reconocimiento de la función tutorial a efectos laborales, económicos y de méritos.

La reducción de la jornada para el profesorado mayor de 55 años.

El grupo parlamentario PODEMOS ha mostrado muy buena predisposición y se ha comprometido a defender todos estos temas a las Cortes.

Por otro lado, en la reunión también se habló del rechazo conjunto tanto de ASPES-CL como de PODEMOS a la política de conciertos educativos actual, así como a su gestión y a su falta de transparencia, por ejemplo, al contratar profesorado sin ningún tipo de supervisión, aunque estén pagados con dinero público.

Según fuimos informados por la representante de PODEMOS, en el ejercicio pasado se adjudicaron a la enseñanza concertada 304 millones de euros, 88 millones más de lo inicialmente presupuestado. Este preocupante dato muestra con claridad cuáles son las preferencias del gobierno de nuestra comunidad en materia educativa y cómo esta estrategia vuelve a dejar de lado a la enseñanza pública y a sus trabajadores.

Entendemos que esa desviación de 88 millones sobre el gasto inicialmente previsto resultaría completamente suficiente para afrontar la mayor parte de los gastos derivados de las necesidades profesionales que la Administración educativa regional sistemáticamente niega a los docentes de Enseñanzas Medias de la educación pública.

Así, con parte de esa desviación presupuestaria se podría fácilmente aumentar el número de profesores catedráticos desde el 3% actual hasta el 30% del total de la plantilla (tal y como contempla la actual ley educativa) tras más de 18 años sin convocatoria de cátedras.

Más aún, parte de tan ingente cantidad desviada al sistema privado-concertado serviría para que el profesorado pudiera recuperar la jornada laboral docente que tenía adjudicada antes del comienzo de la crisis. La jornada laboral semanal del profesorado es específica y propia de la función docente y la Administración regional no puede continuar vinculando, de manera torticera, nuestra jornada profesional con la del resto de los funcionarios, dado que una y otra tienen características totalmente diferentes. La recuperación de la jornada laboral que nos fue modificada en 2012 contribuiría decisivamente al aumento de las plantillas docentes y a la reducción inmediata de la precariedad laboral que viven la mayor parte de los profesores interinos.

Asimismo, con una parte de dicha cantidad sería posible afrontar el pago de un complemento a los profesores tutores y llevar a cabo una reducción razonable de la jornada lectiva de los profesores mayores de 55 años.

Por último, parte de dicha desviación podría servir para realizar una oferta de empleo público (oposiciones) seria y adecuada a las necesidades reales de las Enseñanzas Medias, que sin duda contribuiría a crear un buen número de puestos de trabajo.

Es evidente que esta predilección de la Administración Educativa por un determinado modelo educativo se está realizando a costa de mantener al profesorado de las Enseñanzas Medias en una alarmante situación de precariedad laboral. Asimismo, el hecho de no querer afrontar mejoras en las condiciones laborales de los docentes de los centros públicos por razones de falta de presupuesto no es más que una excusa que, a la vista de las cifras desviadas del presupuesto inicial, no se sostiene en absoluto: una desviación de 88 millones de euros no indica falta de presupuesto, sino falta de voluntad.

 

 

 

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