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Redacción
Jueves, 20 de abril de 2017
CARTA

Carta a Alberto Castro y ciudadanos en general

Severiano Mostaza

[Img #12163]Ante las falsas manifestaciones realizadas en prensa por el Sr. Castro y a los errores cometidos en algún medio de comunicación quiero hacer uso del derecho de réplica, con el fin de lavar nuestra imagen y describir la realidad para que los ciudadanos valoren los políticos que nos gobiernan y su calidad humana.

A mi hijo, hacia los 6 años, después de visitar varios especialistas, le detectaron una enfermedad visual de las consideradas raras, que conducen a la ceguera llamada Retinosis Pigmentaria.

En 1998 fue atropellado, en pleno centro de Zamora, por un conductor borracho, siendo trasladado a un Hospital de Valladolid donde permaneció en coma 3 meses, más otros 4 de rehabilitación en un  Hospital de Mondragón, para volver a enseñarle a andar, hablar, comer, tragar, etc., más tarde nos aconsejaron acudir a un Centro de día en Bilbao que tuvimos que renunciar por necesitar volver a Zamora, al tener 3 hijos más que atender y por falta de recursos.

En 2003 ingresa en la ONCE y en 2004 sale la 1ª Sentencia de indemnización judicial, siendo recurrida y ampliada en 2005. En 2006 le es reconocida por el sistema de protección general, una Pensión No Contributiva de 259´75 euros, costándole el alquiler de la vivienda 400 euros, que debíamos abonar los padres. En 2007 se dicta la prórroga de la Patria Potestad, en Sentencia de Incapacitación.

En 2008, se le autoriza por escrito a la Junta para consultar ficheros públicos sobre nuestro hijo. Seguidamente se solicitan varias ayudas, para discapacitados, varias anunciadas en prensa por la Junta de C y L., desde la solicitud de un Centro o residencia especializada, ayuda para lentillas, reparación de boca, al programa Conéctate, al alquiler. Etc., con resultado negativo, con el agravante de que después de aportar toda la documentación requerida en cada caso, se le piden otras, totalmente innecesarias o que La LRJAP y PAC, dice que no se debe presentar cuando ya obren en poder de la Administración, haciéndonos gastar mucho dinero en fotocopias, con la única finalidad de desanimarnos y que abandonemos.

Solicitamos la Dependencia y nos dan un baremo ínfimo, sin haber sido reconocido por ningún equipo y habiéndonos entregado un test equivocado, exclusivo para enfermos físicos y no para psíquicos, ni sensoriales, teniendo que ser recurrido siéndonos admitida nuestra demanda, por la Gerencia Territorial en Valladolid.

En septiembre de 2008, ya siendo Delegado el Sr. Castro, le abre un expediente a nuestro hijo, afirmando casi como que se había enriquecido con el kiosco, cuando se le había comunicado a la Junta el cierre por quiebra y que el Sr, Castro conocía perfectamente al ser Concejal en el equipo de gobierno en el 2006 de quien dependían los kioscos. Con la particularidad de que se le reclama en el mes de septiembre de 2008, la devolución de 2006, 2007 y hasta diciembre de 2008, como indebidamente percibido. Se le comunica a la Junta de que aún estábamos en septiembre y que nos estaba pidiendo 3 meses más de propina, respondiendo que eso era igual que eso no desvirtuaba la resolución, lo que nosotros entendíamos como un abuso de Autoridad y un presunto delito de Prevaricación.

Nos obligan a gastar dinero en abogado y procurador y acudir al Juzgado de lo Social, quien en Sentencia nº 162, nos da la razón y anula la reclamación de la Junta.

El Sr. Castro espera hasta 2010 y vuelve a reclamar esos meses de 2008, todo 2009 y 2010, alegando ahora que era por los intereses percibidos por la indemnización judicial del atropello, cuando esa indemnización no superaba el baremo estipulado como máximo, además de que nosotros entendíamos que esos meses ya habían sido juzgados, y que aun suponiendo que esos tres meses no le correspondiera la Pensión, porqué esperan 2 años más y le reclaman casi 3 años, cuando tenían autorización escrita para averiguarlo en todo momento y siendo un principio jurídico la proporcionalidad en la sanción.

Nos obligan a solicitar la Justicia Gratuita, al habernos hecho gastar demasiado dinero en recursos, con el decepcionante resultado de que una Abogada sin escrúpulos nos abandonó, al no recibirnos en todo el tiempo obligándonos a presentar una queja en el Juzgado y en el Colegio de Abogados.

Se celebra el juicio, pero sorpresivamente, una Magistrada considerada muy buena en todos los sentidos, es apartada y sustituida por otro Magistrado nombrado en Comisión de Servicio, para que repita el juicio, y que en 3 meses resuelve 200 sentencia y posteriormente se jubila, aunque, casualmente, días después viene en la prensa que ha sido ascendido al TSJ de C y L.

A ese Magistrado se le dice que según un principio jurídico, no se puede juzgar 2 veces lo mismo, manifiesta que ahora es por otra cosa, respondiéndole que si la otra vez se hubiera abonado sin recurrir o no hubiera sido estimado por el otro Magistrado, ahora se estaría pagando 2 veces y eso sería un enriquecimiento injusto para la Administración, además de que le estaban pidiendo la devolución de 2009 y 2010 en que si le correspondería la Pensión, ya que no hubo ningún movimiento, no haciéndonos el menor caso.

El Sr. Castro manifiesta en Prensa, que no le habíamos comunicado que nuestro hijo había recibido una indemnización judicial, cosa absurda ya que como se ha dicho la indemnización procede de 2004, cuando este señor aún no era Delegado y tampoco teníamos la suficiente confianza o amistad para comunicarle nuestra vida privada. Este dinero estaba esperando para la compra de una viviendo en Villa Claudia, teniendo firmado un contrato, pero que nunca se llegó a construir, al quebrar la empresa, teniendo que recuperarlo y comprar un apartamento ante la insistencia y prescripción del Médico Especialista y del Medico Forense.

También dice que el culpable es el tutor (El Mundo 17-06-14), y que carga la culpa contra el tutor legal (La Opinión 20-06-14), y que atribuye a Seve la responsabilidad sobre el pago (El Mundo 21-06.14), que se ha reunido en 4 ocasiones con el afectado, (cosa falsa, solo fue 1, junto a la Plataforma STOP Desahucios) y que además el padre cuenta con patrimonio suficiente para responder (La Opinión 19-06-14), no sabemos quién le ha autorizado a investigarnos, ¿es que a él no le afecta la Ley de Protección de Datos y se la puede saltar?.

Ante tal persistencia y cuando se presenta uno de los recursos, se habla con el Gerente de Asuntos Sociales, manifestándonos que, si era cierto lo que se decía, que no iba a tener ningún problema, pero una semana después nos llama para decirnos que había dicho el Delegado que siguiera para adelante, viendo claramente que su intención no es la de ayudar y atender a los discapacitados o disminuidos, como exige nuestra Constitución, sino claramente el hacer un daño innecesario e inhumano, abusando del poder con muy mala fe.

Por todo lo anteriormente relatado consideramos una autentica persecución personal, como así se lo dijimos y le entregamos una cuartilla con la denuncia, al Sr. Presidente del Gobierno en su visita en 2010 a IFEZA en Zamora, y al Presidente de la Junta en 3 ocasiones, ya que si no fuera personal hacía unos padres septuagenarios, sería mucho más grave si esto se hace con todos los discapacitados y en riesgo de exclusión social, precisamente con los que más apoyo y asesoramiento necesitan, y justamente en estos momento en que está el país repleto de diferentes fraudes, de ladrones, de delincuentes de guante blanco y de evasores fiscales, etc.

Por toda esta rabia contenida me vi obligado a exteriorizarla con un encadenamiento en Dependencias de la Junta en Zamora, acompañado por miembros de la Plataforma STOP Desahucios y concentraciones en todas las Delegaciones de la Junta en Castilla y León y apoyados por más de 97.000 firmas de ciudadanos.

En ese momento el Sr. Delegado promete que no iba a ir contra nuestro hijo, ya que era a los padres a los que consideraba culpables, por lo que iba a denunciarnos ante la Fiscalía.

Pero la jugada no le salió bien y el Juzgado Nº 1 Dicta un Auto, donde manifiesta “No apreciar falta de diligencia en D. Severiano Mostaza en la administración del patrimonio de su hijo incapacitado, por lo que procede acordar la finalización y ARCHIVO del expediente, al no concurrir la causas del artículo 167 del código civil”.

En otro apartado del Auto el Magistrado aconseja como conveniente el llegar a un acuerdo con la Tesorería, y que por presiones de la fiscalía se ha estado derivando a ese organismo, en vez de dirigirse a la Junta que era la denunciante, lo que le ha servido a la Junta para decir que según se desprende de ese apartado que no es cosa de ellos, sin embargo al dirigirnos al Ministerio de Servicios Sociales nos dicen en varios escritos que es la Junta únicamente la competente.

Al recibir recientemente un escrito de la Tesorería de seguir con el procedimiento de embargo, pidiéndonos la relación de bienes de nuestro hijo, al haber recibido escrito del juzgado comunicándoles el archivo y que se proceda a su ejecución, lo que en la Tesorería entendieron como que debían continuar con el procedimiento.

Ante esta situación presentamos una queja en el Juzgado contra la fiscalía, contestándonos el Juez en una Providencia, dirigida a la Junta y que también nosotros le hemos trasladado de “Que en ningún caso se ordenaba la ejecución de embargo alguno”. Sin que la Junta se haya pronunciada hasta este momento.

Zamora a 20 de abril de 2017.

      Severiano Mostaza González. (Padre de A. Jaime discapacitado con un 97% de minusvalía).

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