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Redacción
Miércoles, 17 de mayo de 2017
DESCENTRALIZACIÓN

Declaración de Valencia: por un nuevo estado plurinacional

Pablo Fernández

[Img #12601]1. Vistalegre II ha puesto de manifiesto la necesidad de que Podemos sea una fuerza constituyente dedicada a la construcción de un movimiento popular y ciudadano capaz de disputar la hegemonía al bloque de poder dominante. En este sentido, se han dado importantes pasos para favorecer la descentralización política y la transferencia de recursos a los distintos niveles territoriales, posibilitando que las principales decisiones que afectan a los diferentes ámbitos territoriales se adopten por las correspondientes asambleas ciudadanas. Lo decisivo, en términos democráticos, es evitar que la construcción de un movimiento descentralizado y plurinacional se convierta en un juego de equilibrios entre baronías. Con demasiada frecuencia, las denuncias de supuestas imposiciones procedentes de "Madrid" encubren intereses de clanes o familias que aspiran a consolidar diferentes espacios de poder al estilo de los partidos clásicos.

2. Pero no sólo eso. El debate sobre la descentralización política no puede reducirse, como sucede a menudo, a la mera estructuración interna de nuestra organización, sino que ha de extenderse a la articulación política del Estado y a la vertebración territorial de las naciones que conviven en el mismo. En la actualidad, nadie duda de que la cuestión territorial constituye uno de los principales retos que nuestra sociedad debe afrontar colectivamente, definiendo un nuevo marco político que posibilite la voluntaria integración de aquéllas en un proyecto común y compartido. Sin negar los importantes avances que supuso la Constitución de 1978 en términos de descentralización política y administrativa, es innegable que el llamado "Estado de las autonomías" no ha logrado articular de forma satisfactoria la realidad inequívocamente plurinacional que caracteriza a la sociedad española.

3. Hagamos un poco de historia. La construcción del Estado español contemporáneo se caracteriza por una fuerte impronta centralista y oligárquica que refleja el predominio de la oligarquía económica en el nacimiento y desarrollo de sus aparatos e instituciones. A lo largo del siglo XIX, las fuerzas sociales dominantes edificarán un Estado liberal-oligárquico basado en el sufragio censitario y en un intenso centralismo que deviene imprescindible para asentar el poder de la oligarquía a través de una estructura centralizada que dirige y controla los principales elementos del Estado. Si exceptuamos los períodos democráticos de 1873-1874 (I República) y 1931-1936 (II República), los únicos atisbos de descentralización apreciables en nuestro país hasta 1978 fueron los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, que actuaban como eje de la estructura territorial del Estado. Sin embargo, la dictadura franquista liquidó cualquier posibilidad de autonomía y reimplantó el centralismo burocrático que había caracterizado el proceso de construcción del Estado durante los siglos XIX y XX.

4. Partiendo de esta base, el régimen de 1978 puede concebirse como una tensión negociada entre el poder estatal de la vieja oligarquía y las reivindicaciones de la oposición democrática a la dictadura, de la que surge un nuevo contrato social condicionado por el aplastante peso de los aparatos del Estado centralista y oligárquico. En efecto, la Constitución de 1978 reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, pero niega cualquier expresión política orientada a la consecución de los derechos nacionales en nuestro país. Es lo que se ha dado en llamar la "constitución tácita", una especie de supra-legalidad impuesta por los poderes fácticos, y muy especialmente por el "partido militar", al poder constituyente de 1978 en materias como la vertebración territorial del Estado. La actual configuración del Senado, su composición y funciones, denotan la impronta centralista de un proceso histórico en el que las fuerzas democráticas resultaron finalmente derrotadas.

5. Por otra parte, la actual deriva del proceso de integración europea obliga a replantear el tradicional enfrentamiento entre el Estado central y las aspiraciones soberanistas de los pueblos que se encuentran bajo su jurisdicción. La actual Unión Europea se ha convertido en una maquinaria perfectamente engrasada para expropiar la soberanía económica de los Estados y extender el neoliberalismo en nuestro continente. Por decirlo claramente: la Europa neoliberal erosiona de una forma calculada las competencias de los Estados y sustrae a la soberanía popular las principales decisiones de política económica.

6. En este contexto, la cuestión territorial no puede reducirse a la vieja aspiración frente al poder de "Madrid". El objetivo no es sólo la descentralización política y administrativa, sino la democratización del poder para organizar la vida colectiva y la representación de la comunidad. Por eso consideramos que la construcción de una alternativa favorable a los sectores populares exige tener en cuenta tres ámbitos diferenciados pero estrechamente unidos: el ámbito europeo, que ha llevado a la destrucción de la soberanía de los países del sur de Europa; el ámbito estatal, resultado del predominio de las fuerzas reaccionarias y conservadoras durante la transición política; y el nivel municipal, muy condicionado por las limitaciones legales, los excesos inmobiliarios y una insuficiencia financiera que ha llegado a ser endémica en nuestro país. Nos referiremos brevemente a cada uno de ellos:

6.1. En lo que respecta al ámbito europeo, afirmamos que cualquier proyecto que pretenda romper realmente con las políticas de austeridad debe incrementar la capacidad soberana de las instituciones legitimadas democráticamente. España ya no es un Estado soberano: el poder real reside en los organismos de la Unión Europea, que dispone de importantes instrumentos coercitivos para imponer a cualquier país las políticas neoliberales. El verdadero problema estriba en recuperar la soberanía para liberarse de una colonización económica basada en relaciones de fuerza y construir un modelo de desarrollo social y ecológicamente sostenible. En definitiva, reconocer a la ciudadanía el derecho a decidir qué tipo de país desea en términos de democracia política, garantía de los derechos sociales e inserción en la economía mundial. Europa solo podrá constituirse como espacio geopolítico viable si se articula sobre principios e instituciones democráticas, derechos sociales y derechos humanos.

6.2. En el ámbito estatal, la agudización de la cuestión territorial ha convertido la reforma del Senado en un reto inaplazable para nuestra sociedad. En nuestra opinión, la reforma debe ser profunda y abordar tanto la composición del Senado, marcadamente antidemocrática y antifederal, como sus funciones, convirtiéndolo en una verdadera cámara de representación territorial que garantice la adecuada integración de todos los pueblos de España. En este sentido, es muy importante que su elección se efectúe con arreglo a un sistema de representación proporcional y que la comunidad autónoma sustituya a la provincia como circunscripción electoral. Y es fundamental reconocer su competencia para aprobar las leyes que afecten a las comunidades autónomas en paridad con el Congreso, so pena de desvirtuar su naturaleza como institución vertebradora de un Estado verdaderamente plurinacional.

6.3. Por último, en el ámbito municipal, consideramos que los ayuntamientos son un espacio privilegiado para hacer de la gestión política una actividad pública, colectiva y verdaderamente democrática. La remunicipalización de los principales servicios públicos debe ser una prioridad por razones de eficacia, calidad y coste para la ciudadanía. Más allá, la democratización del poder político es consustancial a la ampliación de las competencias municipales, a la mejora de la financiación municipal y, sobre todo, a la implantación de mecanismos de democracia participativa en las principales áreas de gestión municipal. La democracia local es el fundamento de una auténtica democracia económica basada en la reapropiación colectiva de los bienes públicos, el principio de sostenibilidad ecológica y el desarrollo de un tejido empresarial autóctono bajo fórmulas cooperativas.

 

Los y las firmantes de esta declaración, en representación de nuestros equipos, nos comprometemos, en caso de ser elegidos secretarios generales en nuestros territorios, a promover en Podemos los principios de esta declaración.

 

Valencia, 17 de Mayo

Pilar Lima

José Molina

Eduardo Santos

Pablo Fernández 

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