I.M.U.
Denunciado un delito contra la seguridad del tráfico
El departamento de Seguridad Vial ha tenido que terminar interponiendo denuncia en el Juzgado por presunto Delito contra la seguridad vial por la presencia de un obstáculo en la ZAP-2223 km 13.
![[Img #27622]](http://eldiadezamora.es/upload/images/05_2019/136_trafico.jpg)
El obstáculo constituye un grave riesgo para la seguridad vial y fué denunciado el 19 de abril de 2019. Pese ha haberse advertido la situación y su gravedad al centro coordinador de emergencias 112, un mes después se mantiene la incidencia delictiva sin que se de solución a la misma.
Ambos hechos, la creación de un obstáculo en la calzada y la no restitución de la seguridad vial cuando existe la obligación de hacerlo se corresponden con los tipos penales 1 y 2 del artículo 385 del vigente Código Penal.
Los ciudadanos, para evitar el obstáculo, invaden el sentido contrario de circulación en una curva de reducida visibilidad señalizada vertical (R-305) y horizontalmente.
Los ciudadanos estamos expuestos a determinados peligros durante nuestra movilidad por carretera, algunos de esos peligros son consentidos y permitidos por la propia administración pública, pese a su ilegalidad y pueden ser constitutivos de delito.
Los ciudadanos tenemos derecho a la seguridad. La seguridad no es un privilegio, en nuestro Estado de Derecho es un derecho.
El obstáculo constituye un grave riesgo para la seguridad vial y fué denunciado el 19 de abril de 2019. Pese ha haberse advertido la situación y su gravedad al centro coordinador de emergencias 112, un mes después se mantiene la incidencia delictiva sin que se de solución a la misma.
Ambos hechos, la creación de un obstáculo en la calzada y la no restitución de la seguridad vial cuando existe la obligación de hacerlo se corresponden con los tipos penales 1 y 2 del artículo 385 del vigente Código Penal.
Los ciudadanos, para evitar el obstáculo, invaden el sentido contrario de circulación en una curva de reducida visibilidad señalizada vertical (R-305) y horizontalmente.
Los ciudadanos estamos expuestos a determinados peligros durante nuestra movilidad por carretera, algunos de esos peligros son consentidos y permitidos por la propia administración pública, pese a su ilegalidad y pueden ser constitutivos de delito.
Los ciudadanos tenemos derecho a la seguridad. La seguridad no es un privilegio, en nuestro Estado de Derecho es un derecho.
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