El PSOE apunta a la posible responsabilidad penal del Alcalde del PP en Requejo de Sanabria

El concejal del PSOE en Requejo de Sanabria, Antonio Rodríguez, se ha referido al incumplimiento de la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de Zamora que obliga al Ayuntamiento a recuperar el acceso a un camino público, cortado por la colocación de la valla, a instancias de una vecina del municipio que presentó recurso al acuerdo del Pleno, que el mismo órgano con la mayoría del PP desestimó.

Antonio Rodríguez considera que “una vez la sentencia se hizo firme en enero de 2016, al no haber presentado recurso por parte del Ayuntamiento, en los primeros días de febrero se tenía que haber llevado a cabo el cumplimiento de la misma, algo que no han querido hacer desde febrero de 2016 hasta el mes de julio de 2019 el alcalde y los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Requejo de Sanabria”.

“La negligencia del alcalde y los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Requejo incumpliendo la sentencia han llevado al Juzgado Contencioso a la multa de 200 euros al mes por no ejecutar la sentencia, cuantía que, en el supuesto de no ejecutarse la sentencia, pagarían los vecinos del municipio consecuencia de las arbitrariedades de Santiago Cerviño” denuncia el concejal del PSOE.

En el mismo sentido Rodríguez denuncia la inacción de los sucesivos secretarios de la Corporación que deberían haber velado en sus funciones administrativas para la ejecución de la sentencia.

Para el PSOE lo que ha ocurrido con esta sentencia no es más que otro caso de la arbitrariedad con la que actúa el alcalde de Requejo de Sanabria. “Santiago Cerviño aplica siempre la ley del embudo en función de sus intereses y afinidades. Si hubiera sido otro vecino, con toda probabilidad el Alcalde hubiera actuado de inmediato” relata el edil socialista.

Por el ello el Grupo Municipal del PSOE en Requejo valora la posibilidad de ejercer las acciones penales oportunas contra el alcalde y los concejales del Partido Popular por un presunto delito de prevaricación administrativa.