La Ley Electoral, Monte la Reina y Zamora, provincia proletaria, con el Frente Popular

Las elecciones legislativas del 10 de noviembre nos han demostrado, por enésima vez,  que nuestra Ley Electoral propaga, irradia, esparce  la injusticia. Un dato: Ciudadanos recibió, en números redondos, 1.600.000 votos, que traducidos en escaños, se quedan en 10. ERC, el partido independentista más votado, sumó 800.000 sufragios, que le concedieron 13 diputados en el Parlamento nacional, con los que ahora exigirán al gobierno socialcomunista, entre otras cuestiones, salida inmediata de prisión de su líder, Junqueras, al que tanto “amaba” Soraya Sáenz de Santamaría. El que fuera el partido de Rivera obtiene el doble de votos que la formación catalana independentista, en origen fascista, golpista en 1934 y en la actual democracia; pero queda por debajo de este enemigo del Estado español. Punto.

Otro dato. Bildu, partido político de la ETA, obtuvo 220.000 votos, que le han otorgado 4 diputados. Traduzco de nuevo: Cs tuvo siete veces más votos que la mencionada formación independentista y casi obtiene la mitad de escaños en el Congreso de los Diputados. Toda una aberración.

Ha tiempo, al día siguiente de unas elecciones generales, pregunté, en una rueda de prensa celebrada en el PSOE, a Camacho, diputado socialista por Zamora y ministro del Interior con Rubalcaba, si le parecía justo que UPyD triplicara en votos, por poner un ejemplo, al PNV y tuviese menor representación en el Congreso de los Diputados. Don Antonio, fiscal de profesión, me respondió: “Es legal, la Ley Electoral está en la Constitución”. Perfecto. No voy a discutir con un erudito en Derecho sobre principios y normas. Pero, ni el ministro, ni el fiscal, ni nadie, me podrá negarme que nuestra Carta Magna privilegia la injusticia.

El secesionismo racista vasco y catalán no contarían en nuestra democracia, salvo en sus autonomías, si la Ley Electoral fuese otro muy distinta, pongamos la inglesa, donde los diputados los elige el pueblo, no el jefe del partido, como sucede en España, y un voto vale igual en Manchester, Liverpool o Londres. Aquí, nuestros diputados, los electos el 10 de noviembre, la señora Elvira Velasco, por el PP, y Antidio Fagúndez, por el PSOE, representan a sus respectivos partidos, pero no al ciudadano. Casado colocó a Elvira, porque así lo consideró, y Pedro Sánchez, a Antidio, porque lo quiere mucho, lo estima y cree en él, mucho más que la ciudad de Zamora, que le negó cuando aspiró a la Alcaldía. Punto. La militancia de ambos partidos no los eligió. Se colige que Velasco y Fagúndez saben que tendrá que obedecer las órdenes de sus valedores, porque si se apartan del camino que trace el partido, no volverán a salir en la fotografía. Lo advirtió Alfonso Guerra en el alba de esta democracia de cartón piedra.

La paradoja política de nuestra nación se patentiza cuando se llega a un acuerdo entre Sánchez e Iglesias, líderes de sus respectivos partidos, el PSOE, que se bolcheviza, como cuando Largo Caballero preparaba la revolución socialista en la II Repúbica, y Unidas Podemos, partido muy votado por las clases medias altas. Se trata de dos formaciones que perdieron votantes y escaños el 10 de noviembre. Derrotas que son victorias,  porque ahora gobernarán la nación. Por el contrario, el Partido Popular y Vox, las dos derechas, la cobarde y la de toda la vida, fueron los únicos que ganaron votantes.