El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anula el Plan cinegético del lobo al norte del Duero

Con fecha 12 de diciembre de 2019, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, ha dictado la Sentencia nº 1458/2019, en el Procedimiento Ordinario 392/2017, por la que se anula la Resolución de 29 de julio de 2016, de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan de aprovechamientos comarcales de lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del Río Duero, en Castilla y León, para las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019.

Tras esta sentencia, ASCEL (Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico), tras luchar por su petición de anular los Aprovechamientos Comarcales de lobo al Norte del Duero 2016-2019, considera que se ha producido "un hito en el ajuste de normas viejas a las superiores que amparan la protección ambiental, y sobre todo, con claridad envidiable, consolida el papel de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León como garante de la racionalidad de las prácticas cinegéticas, porque no se puede matar injustificadamente no se puede cazar una especie protegida".

No solo se anula la norma que amparaba la caza en esos tres años, sino que la Sentencia determina que es obligado compensar la muerte (en la medida de lo posible) de los ejemplares acaecida a lo largo del trienio 2016-2019, según informan desde ASCEL. Durante ese periodo se abatieron 173 lobos, desglosados en 91 (2016) a los cuales hay que añadir los 82 del año 2017, antes de que se procediera por la Sala a una suspensión -a instancias de ASCEL- en la temporada 2018.

Ello supone un importe de 1.602.153 €, sanción que impone el Tribunal a la Junta, que debe disponer de ese dinero público, a fin de "reparar el daño causado al medio ambiente por la caza de lobos", mediante la presentación de un programa que, "como mínimo, deberá comprender las actuaciones necesarias para la recuperación del lobo ibérico, su conservación y para la divulgación de la importancia de la especie".

El panorama, para los defensores del lobo, es "desolador, porque desde el año 2010 todas las normas emanadas de la Junta para cazar (matar) lobos son ilegales. Centenares de ejemplares irremplazables muertos al margen de la Ley. La compensación económica establecida supone, en su finalidad, un cambio de rumbo histórico".

"No cabe pensar que el actual Programa de Aprovechamientos Comarcales 2019-2022, calco deteriorado del ahora anulado, sin respaldo del Plan del Lobo (anulado), ni del Decreto de Caza (anulado en lo que al lobo toca), pueda tener distinto fin. Y en intentar que ese fin suceda cuanto antes, para evitar más muertes inútiles, nos empeñamos en ASCEL. Pero que decir de la propuesta de Ley de Caza, fútil huida de Suárez-Quiñones, tras intentar burlar al Tribunal, a nuestra Justicia, antes de las últimas elecciones autonómicas. Intenta el exmagistrado burlar a los tribunales y ocultar sus errores, evitando la tutela judicial efectiva ¿dónde se dice eso, Súarez-Quiñones?", añaden.

Desde la Junta de Castilla y León se recuerda que esta sentencia "no es firme aún, pudiendo interponerse frente a ella recurso de casación previsto en los artículos 86 y siguientes de la Ley Jurisdiccional 29/1998, lo que está siendo analizado por los Servicios Jurídicos de esta Administración a efectos de determinar el posicionamiento de la misma respecto a la interposición del recurso procedente, y teniendo en cuenta, además, que esta Resolución es anterior a la modificación de la Ley de Caza llevada a cabo por la Ley 9/2019, de 28 de marzo".