La Junta reclama al Gobierno una asignación justa de los nuevos recursos europeos

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernandez Carriedo, ha pedido al Ministerio de Hacienda que afronte las nuevas necesidades de financiación para mantener la prestación de servicios de calidad frente a la crisis sanitaria. En concreto ha demandado al Gobierno de España el establecimiento de la orientación de la mayor parte del margen económico acordado en el ámbito de la Unión Europea hacia las Comunidades Autónomas, dada la estructura competencial en España, y una distribución justa del nuevo escenario de estabilidad presupuestaria, incluyendo déficit y deuda.

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo ha participado esta tarde en una videoconferencia de coordinación con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los consejeros competentes en materia de Hacienda de las distintas Comunidades Autónomas.

En la reunión, Fernandez Carriedo, ha planteado la necesidad de hacer una profunda revisión de las necesidades de financiación de la Comunidad para hacer frente al escenario que se va a producir tras la crisis.

En este sentido, ha insistido en que el Estado debe garantizar a las Comunidades Autónomas la suficiencia financiera precisa para el ejercicio de sus competencias y así garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales asociados a la crisis.

De esta manera, la Junta ha pedido al Gobierno su implicación urgente en materia de financiación y que debe llevar a cabo el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Así, el consejero ha solicitado orientar la mayor parte del margen económico acordado en el ámbito de la Unión Europea hacia las Comunidades Autónomas, dada la estructura competencial en España.

Además, Fernández Carriedo ha reclamado una distribución justa del nuevo escenario de estabilidad presupuestaria, incluyendo déficit y deuda, acorde a las nuevas circunstancias.

Todo ello con el objetivo de combatir y superar los efectos de la pandemia y garantizar los pagos de las administraciones para asegurar la liquidez de las empresas.