Redacción
Martes, 09 de Junio de 2020
COVID-19

Tras el estado de alarma, seguirán las mascarillas y la distancia de seguridad será de 1,5 metros

El Consejo de Ministros aprueba el real decreto de "la nueva normalidad"

Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

 

Tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero y los ministros de Sanidad, Salvador Illa y el vicepresidente Pablo Iglesias han comparecido para presentar el Real Decreto-ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación, que busca hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que estas medidas regirán tras la finalización del estado de alarma, el próximo 21 de junio, y el proceso de desescalada. Desde ayer, ha recordado, el 52 % de la población (aproximadamente 25 millones de personas) se encuentra ya en la fase 3, la última antes de la nueva normalidad.

 

María Jesús Montero ha insistido en que el virus sigue siendo una amenaza para nuestra seguridad mientras no haya un tratamiento eficaz o vacuna, por lo que hay que seguir tomando precauciones y "no bajar la guardia, ni actuar pensando que todo ha pasado y estamos a salvo".

 

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha precisado que la norma aprobada hoy permanecerá vigente hasta que el Gobierno declare de forma motivada el final de la crisis sanitaria, tras escuchar a las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

 

Prevención, detección precoz y sistema sanitario preparado

 

Illa ha señalado que algunas de las medidas no son nuevas, sino que prolongan las adoptadas durante el estado de alarma, como las de prevención e higiene que, ha reiterado, son claves para frenar la propagación del virus.

 

Concretamente, se ha referido a la limpieza de espacios públicos y privados, el lavado frecuente de manos, el mantenimiento de la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros y el uso obligatorio de mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público, así como en los transportes. A partir de ahora, en los medios terrestres y aéreos, ha destacado Illa, los operadores que trabajen con asiento preasignado deberán conservar los registros de pasajeros un mínimo de 4 semanas "para poder garantizar la trazabilidad de los contactos si se produjeran casos positivos".

 

También se da continuidad a las obligaciones de recogida, tratamiento y remisión de información de la enfermedad al Ministerio de Sanidad por parte de todos los operadores sanitarios de las comunidades autónomas. Illa ha destacado la importancia de la detección precoz y la vigilancia epidemiológica para poder adelantarse a cualquier rebrote y, si se produjera, garantizar las capacidades del sistema sanitario para afrontarlo en un breve periodo de tiempo.

 

Así, se especifican los recursos necesarios de profesionales sanitarios, disponibilidad de camas y la obligatoriedad de planes de contingencia y la realización de pruebas diagnósticas PCR o similares tan pronto como sea posible en los casos sospechosos. Respecto a los centros residenciales de mayores, se establece que deben estar coordinados con los centros sanitarios de sus respectivas comunidades autónomas y tener preparados planes específicos para hacer frente a eventuales rebrotes.

 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, con el objeto de garantizar la disponibilidad de los que sean necesarios para hacer frente al coronavirus, podrá recabar información de los fabricantes sobre sus operaciones de producción previstas y, eventualmente, establecer prioridades. Además, y excepcionalmente, tendrá la facultad de otorgar licencias previas de funcionamiento de instalaciones para garantizar la fabricación en España de productos sanitarios y medicamentos.

 

En el ámbito deportivo, las medidas preventivas a adoptar en los eventos de la Liga de fútbol profesional y la Liga ACB serán establecidas por el Consejo Superior Deportes, previa consulta con los organizadores de ambas competiciones, las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad.

 

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