La nueva anormalidad

Los niños no van a clases presenciales ni tampoco a actividades extraescolares. Nos hemos saltado a la torera las tardes de toros, las fiestas patronales y las comidas familiares. Ahora comienzan los partidos de futbol, con jugadores pero sin espectadores. Salimos de lo real para introducirnos en lo virtual. Que si teletrabajo en la nube, que si público virtual...

En esta nueva anormalidad, el Gobierno ha dictado el Real Decreto-ley 20/2020 por el que se establece el ingreso mínimo vital, indicando en su Exposición de motivos, entre otras muchas curiosidades, una que clama al cielo bendito: que constituye un hito histórico. ¡Y tanto! Abunda el texto en hablar de bondades tales como promover el objetivo de inclusión, evitar duplicidades y reordenar las prestaciones no contributivas (quédense con este toque).

La interpretación literal de este Real Decreto va más allá de su dimensión coyuntural puesto que integra a la nueva prestación dentro de la estructura de nuestro agonizante sistema de Seguridad Social. Y yo me pregunto: ¿Quién pagará esta fiesta?

El Gobierno central y los medios de comunicación subvencionados, tratan de hacernos creer que se ha creado un nuevo ingreso mínimo vital, cuando las competencias en materia de servicios sociales se encuentran transferidas a las Comunidades Autónomas desde hace varias décadas.

Habla este texto legal de evitar duplicidades, porque afortunadamente las personas en riesgo de exclusión social ya cuentan con un sistema de ayudas económicas que vienen de las denominadas rentas activas de inserción o nomenclatura varia, según en la Comunidad Autónoma en la que nos encontremos. A este sistema autonómico, hay que añadir los esfuerzos que hacen la mayoría de Entidades Locales a través de subvenciones nominativas a aquellos que más lo necesitan, mediante las llamadas ayudas de emergencia social. Es decir, a la renta que concede la Junta de Castilla y León, se puede adicionar un plus, ante una situación excepcional de emergencia. Aunque no lo parezca, poner a andar este nuevo sistema generará problemas de delimitación competencial Estado-Comunidades Autónomas y consecuentemente dificultades de control del gasto público.

De esta actitud política parece deducirse el desconocimiento de las tesis de los premios Nobel de economía del año 2004, el noruego F.E. Kydland y el estadounidense E.C. Prescott. Sus tesis son profundas. Reduciéndolas al mínimo, aportan dos ideas claves para entender la situación económica actual. La primera de ellas, radica en afirmar que el país que toma decisiones cortoplacistas genera incertidumbre y perjudica la productividad de la economía nacional y, la segunda, asevera que muchos individuos toman sus decisiones sobre la base de lo que creen que el Estado va a hacer en el futuro. Por ello, es determinante que el Estado siga reglas en las que la gente puede confiar.

Si a muchos de nosotros nos preguntasen en este justo instante como vemos el futuro más inmediato, la mayoría coincidiría en indicar que se está produciendo una degradación general del nivel de vida. No se trata de una percepción subjetiva ideologizada. Se trata de una idea más profunda que subyace en la nueva anormalidad.

 Me resisto a pensar que todos padecemos el síndrome de Calimero, aquel pollito italiano que se quejaba permanentemente de lo injusta que era la vida. Estamos asistiendo a un golpe de realidad, donde se masca una permanente disconformidad y aflora el recurso de la queja. No creo que se trate de ponernos el victimismo por montera. Necesitamos un Gobierno que adopte medidas a largo plazo que permitan reflotar nuestro tejido productivo y, con él, la creación de empleo. La creación de esta nueva ayuda, no aporta en esencia nada nuevo al sistema de protección social de los más desfavorecidos. Este sistema estatal, se puede considerar que comenzó en el año 1937 cuando el Decreto de cinco de marzo  plasmó en su primer artículo: “Se crea en todos los municipios de la España leal la tarjeta de racionamiento familiar”. Con este instrumento se instauró por primera vez la cartilla de racionamiento presidiendo el país, el socialista Largo Caballero. España ha pasado de las cartillas de racionamiento en tiempo de guerra, a las rentas básicas de ciudadanía autonómicas para acabar atracando en el ingreso mínimo vital.

Deseo que pese al carácter estructural de la ayuda, esta sea finalmente un apoyo tan transitorio como ineludible para aquellos que de verdad lo necesiten. Pero insisto, si queremos reflotar la actividad productiva del país hay que tener presentes a los laureados Nobeles insistiendo en la necesidad de adoptar medidas a largo plazo y generar certidumbre en las medidas que se vayan adoptando, sean económicas, sanitarias o incluso sociales, como el ingreso mínimo. Que nadie nos venda la moto. Estamos ante un nuevo ejemplo de propaganda en los medios. Lo que vende el Gobierno son prestaciones asentadas hace décadas en las Comunidades Autónomas. Para finalizar, parafraseo a Ernest Hemingway: “El mundo nos rompe a todos y después, algunos son más fuertes en los lugares rotos”.  ¡Bienvenidos a la nueva anormalidad!

Lorena Hernández del Río