¿Un plan para Zamora?

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea idearon un plan el pasado 21 de julio de 2020. Como quiera que el llamado coronavirus ha provocado, además, una recesión económica que no ha hecho sino comenzar, el referido plan consiste en que la Unión Europea va a distribuir cantidades multimillonarias a los diversos países que la componen. Además del presupuesto plurianual para el periodo 2021-2027, que estará dotado con  miles de millones de euros, se prevé un fondo de recuperación que contará con 750.000 millones de euros para conceder ayudas a todos los países entre 2021 y 2023.

¿Y de dónde va a salir tanto dinero? Pues del endeudamiento europeo. Para financiar el llamado fondo de recuperación, la Comisión Europea emitirá deuda en los mercados con el respaldo del presupuesto comunitario. De este modo, los países menos solventes económicamente, como es el caso de España, se benefician de la garantía de solvencia económica de la Unión Europea, y así podrán recibir dinero gratis o pagar tipos de interés menores por el dinero que pidan prestado. Este acuerdo de recuperación económica en Europa ha sido considerado como un gran paso adelante en la integración de los “Veintisiete”.

De los 750.000 millones de euros, España recibirá 140.000 millones en seis años, lo que supone más del 11% de su producto interior bruto.

El presidente del gobierno de España, señor Sánchez, parece haberse alegrado mucho y ha entendido que este acuerdo es un auténtico 'Plan Marshall' para dar respuesta contundente a la crisis de lo que se ha dado en llamar covid-19. Al señor Sánchez parece haberle entusiasmado el hecho de que sea la Comisión Europea la que se va a endeudar para financiar dicho fondo de recuperación y que España sea el segundo país más beneficiado de la Unión Europea.

Conviene precisar que, si bien la Unión Europea se presenta como garantizadora de las ayudas, también es verdad que son todos y cada uno de los países que la componen quienes tendrán que pagar la factura. Y naturalmente, los paganos ponen ciertas pegas, como es el caso de Holanda. Así, los países menos derrochadores han conseguido imponer condiciones a países gastadores como España, que deberá acometer importantes reformas para poder percibir el dinero europeo, es decir, las ayudas europeas.

La Comisión Europea exige a los países que pretendan percibir ayudas una presentación de planes de inversiones y de reformas, las cuales serán examinadas en orden a comprobar si cumplen con la finalidad de reforzar el potencial de crecimiento o la creación de empleo o favorecen la transición económica y digital. Y el desembolso de cada tramo de ayuda dependerá de que se confirme que están cumpliendo las metas pactadas. Al parecer, el despilfarro en subvenciones a los amiguetes va a resultar un poco más difícil.

Los países ahorradores van a disponer del llamado “freno de emergencia”, para paralizar las ayudas en caso de incumplimiento de las condiciones impuestas a los países que las reciban. Está previsto que España reciba, condicionadamente, 140.000 millones de euros. 72.700 millones, préstamos. Y el resto, ayudas directas.

Sin embargo (casi siempre hay algún “sin embargo”), la Comisión ya ha venido a proponer aproximadamente treinta reformas para España. Por ejemplo, entre otras exigencias, se va a imponer aumentar la eficiencia del gasto público; eliminar la fragmentación y los obstáculos reglamentarios que impiden a las empresas beneficiarse de las economías de escala; reformar el sistema educativo para mejorar los resultados y adecuarlo a las necesidades del sector privado; eliminar las restricciones regionales a la prestación de servicios, consecuencia de la regulación fragmentada que existe en España; invertir en infraestructuras que garanticen un mayor uso del ferrocarril para el transporte de mercancías; promover el transporte sostenible y la economía circular; promover la inversión privada; impulsar la innovación; facilitar la penetración de las energías renovables, entre otras más.

Pues bien, además de las dificultades objetivas de cumplir estos condicionamientos, España, seguramente no pueda cumplir con determinadas exigencias de Bruselas, debido a problemas tales como la poca flexibilidad en el empleo (cuestión de la derogación de la reforma laboral) y habida cuenta del grupo informe de partidos nacionalistas e independentistas que con toda seguridad van a oponerse a cualquier reforma dirigida a reducir particularidades y privilegios territoriales.

Sin embargo, lo cierto es que España se encuentra a la cola en la inversión según un informe del Banco de España. Además, España no acredita tener medios ni controles para gestionar los 140.000 millones que daría la Unión Europea, según se han hecho eco diversos medios de prensa.

En estas condiciones, ¿qué pueden esperar de ese acuerdo europeo las pequeñas provincias como es el caso de Zamora?

Algunas de las exigencias impuestas por Bruselas podrían venir como anillo al dedo para ayudar al desarrollo de nuestra provincia (recordemos que se impone un mayor uso del ferrocarril, el fomento de la inversión privada, el fomento de la investigación y tecnología, etc.), sin embargo, la verdad es que no se hace nada o casi nada. Se sigue hablando de vaciamiento y lo cierto es que, según el Instituto Nacional de Estadística, la provincia perdió el 1,1 por ciento de su población durante el año 2019, que es el descenso porcentual más pronunciado de toda la comunidad. Zamora perdió 1.979 habitantes del 1 de enero de 2019 al 1 de enero de 2020 y el paro creció en Zamora un 15,7%, es decir, 1.607 ocupados perdieron su empleo entre julio de 2019 y julio de 2020.

Hay que mimar iniciativas como la del proyecto de biorrefinería de Barcial de Barco, por tratarse de un plan empresarial que implica investigación, desarrollo e innovación, además de creación de empleo directo vinculado al sector secundario y que además ayudaría a revertir la pirámide poblacional y frenar el desierto demográfico en el que vivimos.

Sin embargo, no se sabe qué respuesta clara y operativa ha dado Gobierno de España o el autonómico de Castilla y León a las peticiones formuladas para habilitar la unidad militar de Montelarreina, en el término municipal de Toro, iniciativa que insuflaría vida a Zamora y su provincia.

Y por si fuera poco grave la dejación política, otra vez el covid-19 parece estar sirviendo de pretexto para haber reducido, de seis a tres, los trenes diarios entre Zamora y Madrid. Sin embargo, casi se ha triplicado el precio del billete y con unos horarios que hacen imposible emplear este medio para desplazarse desde Zamora a Madrid por motivos laborales.

Esta inseguridad jurídica no parece ser el terreno más idóneo para proyectar inversiones en nuestra provincia.

Lorena Hernández del Río