¡Jubilación a los 95 años!

Quizás choque, por llamativo, el titular. Una provocación del todo premeditada con el fin de acaparar la atención y lleve la curiosidad a acometer la línea argumental que se ofrece al respecto.

El trabajador, futuro pensionista, es quien paga los platos rotos de las crisis económicas. No importa la causa, siempre peligran, más que los beneficios empresariales, los puestos y los sueldos de los trabajadores, a pesar de ser un elemento imprescindible en el tejido laboral.

También se demonizan y se cargan las tintas sobre el gasto en pensiones, declarándolas insostenibles. Nuevamente el bienestar social, presente y futuro, del trabajador, acaba pagando las facturas generadas por los abusos del sistema.

El concepto “Pensión”, para centrarnos, es el pago establecido en contrato social con el Estado según unos factores, de tiempos y cotizaciones, previstos al comenzar la vida laboral. Unas condiciones que, por ello, deberían ser más claras y menos fluctuantes al albur de los cambios en política económica. Un trabajador conoce su edad de jubilación desde el principio y ha pagado años por ese derecho, así que no es de recibo que puede verla ampliada, por decisión política, en la última parte de su vida laboral.

El establecimiento de la edad oficial de jubilación en 67 años, cuando ya estaba consolidada en los 65, es una clara ruptura unilateral de las normas del contrato, especialmente grave pensando en esa generación que empezó a trabajar a los 14 años, entonces legal, y que esta norma les puede hacer jubilarse sobrepasados los 50, y más, años cotizados, mientras la mayoría ronda los 35, menos incluso, los prejubilados de banca, telefónica... y todos ellos, bastante más jóvenes.

Esta ampliación, dudosamente legal, es injusta y discriminatoria.Aleja a muchos trabajadores, los de menor retribución, de la edad media real de jubilación que, en España, supera escasamente los 60 años. Se les obliga a echarse a las espaldas unos años extras de cotización para que el Estado pueda soportar los desmanes de tanta prejubilación, en las grandes empresas, a partir de los 55 años. Abusando de ERE y despidos masivos se deshacen de los sueldos más altos y los sustituyen por trabajadores “más baratos”.

Maremágnum de normativas

En un país con un abanico tan amplio en las edades de jubilación y un maremágnum de normativas diferentes, según profesiones, ampliar a 67 años el régimen general de jubilación es altamente discriminatorio y poco solidario. 

La edad de jubilación ha de equiparar a todos los trabajadores por edad y justicia social. Una posibilidad al respecto, jamás explorada, exenta de discriminación alguna y que integraría a la perfección sus factores determinantes de edad y cotización, sería una sencilla fórmula matemática, esta simple suma: EJ = EB + EL en la que las variables de Edad biológica y Edad laboral, con unos mínimos acordados de, por ejemplo, 60, para la primera, y 30 para la segunda, tendrían que dar una misma Edad de Jubilación para todo el mundo que podría establecerse, perfectamente, en 95 años. Por ejemplo, 95=63+32. 

A falta de una edad máxima y muy pocas excepciones, la propuesta estaría lista para estudiarse en la próxima Comisión del Pacto de Toledo, encargada de dibujar el nuevo esquema sobre pensiones.

La sostenibilidad de las Pensiones y su revalorización anual, es otro de los falsos miedos que habitualmente se lanzan. El fondo de Pensiones, fruto de las cotizaciones, ha gozado siempre de superávit, tanto como para llenar una “Hucha de las Pensiones” que Zapatero dejó en más de 80.000 millones. Hucha que fue vaciada por Rajoy, no por pagar Pensiones, sino por adjudicarle unas “cargas impropias” que, sin ser pensiones, se pagaron de su fondo.

“Con una hija, no se pueden tener dos yernos” No se pueden bajar impuestos y atender adecuadamente al gasto social y, cuando se cae en la tentación de tapar los agujeros con el dinero de las pensiones, claro está, el sistema se hunde. El déficit generado estos años en el fondo de pensiones coincide, curiosamente, con los 22.000 millones que se han pagado en estas partidas que no son pensiones y deberían salir de los presupuestos generales y no de la cotización de los trabajadores.

Corregida esta desviación manipulada de sus fondos, la balanza contable de las pensiones quedaría en equilibrio. 

No es verdad, pues, que sea necesario aumentar la edad de jubilación ni que el Sistema sea insostenible. Tampoco es cierto que no se puedan revalorizar anualmente al IPC. Si destináramos a Pensiones, en vez del 10,9 % del PIB, el 12,4 % que supone la media europea, nos aseguraríamos una revalorización de las pensiones durante 25 años más.

Quizás las dudas que fomentan tanto alarmado economista, sea un bombardeo interesado que acabe justificando una privatización de las Pensiones o, directamente, ponerle fácil a la banca la venta de sus Planes de Pensiones.

Marino Carazo Martín