El lobo podría dejar de ser especie cinegética en nuestro país

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está tramitando, dentro de su compromiso con la protección del lobo, una propuesta para incluirlo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, como ya ocurre con los ejemplares de lobo al sur del río Duero.

Esta posible ampliación de la protección de la especie en toda España, según indican desde el Ministerio, sería la medida correcta, coincidiendo con "el criterio de protección avalado por el comité científico", y se ha hecho pública gracias a la respuesta parlamentaria a los diputados de Unidas Podemos Juantxo López de Uralde y Antón Gómez-Reino, que en septiembre presentaron una iniciativa para pedir información sobre una batida de lobos autorizada por la Xunta de Galicia el pasado 30 de agosto en el municipio lucense de Xove.

En su respuesta, el Gobierno ha indicado que el marco actual de protección aplicado "viene marcado por la normativa comunitaria", en particular por la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres", explicando que hay una propuesta de una asociación conservacionista para ampliar este amparo legal, que, en caso de aprobarse, conseguiría que la especie ya no fuera gestionada como cinegética en ninguna comunidad de España.

ð¢@mitecogob reafirma su compromiso con la protección del lobo ðº

âRespalda el criterio de protección avalado por el comité científico
âEl lobo ya no será especie cinegética https://t.co/pnwGYBeg0G

— Transición Ecológica y Reto Demográfico (@mitecogob) October 10, 2020

El lobo, Canis lupus, es una especie emblemática cuya gestión tiene fuertes implicaciones sociales y económicas. Por ello, su conservación presenta una enorme complejidad.

En España, se encuentra estrictamente protegida al sur del Duero, mientras que al norte de este río es posible controlar legalmente sus poblaciones. El Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluye las poblaciones de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Esta dualidad en el nivel de protección y la problemática que genera fundamentalmente por los daños que causa al ganado doméstico justificaron la elaboración de una Estrategia para su conservación y gestión.