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Eugenio de Ávila
Viernes, 30 de Octubre de 2020
DINERO

La Diputación de Zamora quiere que las provincias participen en el reparto de las ayudas del Estado

Así lo ha puesto de manifiesto hoy José María Barrios en la reunión de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares celebrada telemáticamente

[Img #45385][Img #45385]El vicepresidente de la Diputación de Zamora, José María Barrios Tejero, se ha sumado hoy a la petición para exigir al Gobierno que las diputaciones, los cabildos y los consejos insulares participen en el reparto de los fondos extraordinarios estatales y europeos, en igualdad de condiciones que las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, tal y como recoge la resolución aprobada por unanimidad en la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

 

José María Barrios, quien ha participado en la reunión por delegación del presidente de la Institución Provincial, Francisco José Requejo Rodríguez, ha destacado que la Comisión de Diputaciones recupere la voluntad de llegar a acuerdos tras aprobar esta resolución de vital importancia para no abandonar a los pequeños municipios en la lucha contra la pandemia del COVID-19.

 

En este sentido, ha reivindicado el papel que desempeñan las diputaciones provinciales para que los pequeños municipios no queden relegados y puedan beneficiarse de todas las ayudas posibles en la actual situación de crisis sanitaria y social.

 

La resolución aprobada también pide que los fondos incondicionados que se aprueben en el ámbito municipal incluyan criterios correctores, como la ruralidad o la conectividad, para que el reparto sea más justo, y no se lleve a cabo únicamente por población ya que perjudicaría a los municipios con reto demográfico.

 

 

El texto de la resolución que ha contado con el apoyo unánime de los miembros de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares se enviará a la Junta de Gobierno de la FEMP, así como al presidente del Gobierno y a la ministra de Hacienda, en la que, además, se pide que los fondos incondicionados que se aprueben en el ámbito municipal incluyan criterios correctores, como la ruralidad o la conectividad, para que el reparto no sea únicamente por población ya que este hecho perjudicaría notablemente a los municipios con reto demográfico.

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