Leyes y dislates en torno a la Educación

Desde la Ley General de Educación (LGE) de 1970, que se desarrolló en plena etapa franquista y que duraría hasta 1990 estableciendo: EGB (Enseñanza General Obligatoria), BUP (Bachillerato Unificado Polivalente), COU (Curso de Orientación Universitaria) y FP (Formación Profesional), hasta la actualidad, hemos asistido a la inadmisible y absurda cifra de nueve leyes educativas dependiendo de quién detentara el poder en ese momento:

1980: LOECE (Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares). Nunca llegó a entrar en vigor.

1985: LODE: (Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación).

1990: LOGSE: (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo en España)

1995: LOPEG: (Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes)

2002: Cualificaciones y FP.

2002: LOCE (Ley Orgánica de la Calidad de la Educación). No llegó a tener una aplicación efectiva.

2006: LOE (Ley Orgánica de Educación)

2013: LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa)

2020: LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE). En debate a día de hoy.

Aún a pesar de resultar prolijo el desglose, me he permitido hacerlo porque considero que un país no puede estar al arbitrio de los políticos de turno en torno a un tema tan capital como es la educación, llegándose incluso hasta el colmo del disparate derogando una ley -la LOCE- antes incluso de entrar en vigor. Esto es una prueba concluyente de que para nuestros gobernantes presentes y pasados la educación no ha sido un tema importante, solo uno más que se trataba de largo. Cuando un país no está dispuesto a mirar más allá, se queda anclado en el pasado; la educación es la puerta hacia el futuro y ahí es donde se debe invertir porque los jóvenes de hoy son los que gobernarán el mundo mañana; es preciso dotar de fondos desde los primeros años, invertir para revertir; y es preciso elaborar una ley consensuada entre todos -no solo entre los correligionarios del partido de turno en el gobierno-con seriedad, amplitud de miras, visión de futuro, una fuerte inversión, y duradera en el tiempo.

Asimismo, además de formar al alumnado es preciso formar también al profesorado, dotarles del respeto que se merecen y que una parte de la sociedad, sobre todo en los últimos años, les ha perdido; abastecerles de una infraestructura de calidad en los medios que precisen para el desarrollo de sus materias, e investirles de la autoridad que nunca debieron perder.

En cuanto a los alumnos deberán tener una educación de calidad, rigurosa, exigente, severa en el cumplimiento de objetivos, así como un futuro postformativo claro, sin fisuras, con posibilidad de salir al mercado laboral con una formación acorde a las necesidades que la sociedad precise evitando así que haya exceso o defecto de profesionales según las carreras o los oficios que se estudien.

Reservo para el final unos comentarios sobre la última ley -la LOMLOE- que, si continúa el proceso parlamentario y llega al BOE, será conocida como la infausta ley Celaá y que, en un ataque sin precedentes a la libertad de los padres, pretende eliminar la demanda social para abrir nuevos centros o aumentar plazas en los colegios concertados; y establece que “en diez años los centros ordinarios deberán tener recursos para atender alumnado con discapacidad, aunque las administraciones prestarán apoyo a los centros de Educación Especial para alumnos que requieren atención muy especializada”.

La elección del colegio es un derecho que debería reservarse únicamente a los padres, dependiendo de sus preferencias educativas o la calidad de la enseñanza que pretendan dar a sus hijos, ya que en la actualidad el nivel de la escuela pública es inferior al de estos centros que no están tan masificados y donde la atención al alumno es, en muchos casos, personalizada y potenciando sus cualidades. Por otra parte, pretender que los centros ordinarios integren en las mismas aulas a niños con discapacidad me parece poco menos que una insensatez ya que estos niños precisan de una atención más concreta, especializada y dirigida a ayudarles con su discapacidad, lo que implica un tiempo y una preparación de la que no disponen los profesores que bastante tienen con impartir sus cursos en aulas masificadas.

El tercer dilate de esta aciaga ley es el hecho de eliminar el español como lengua vehicular de la enseñanza y como lengua oficial del Estado. Solo unas cifras: más de 580 millones de personas hablan español en el mundo, de los cuales 489 millones lo tienen como lengua materna. El 7,6 % de la población mundial es hoy hispanohablante. El español es la segunda lengua materna por número de hablantes tras el chino mandarín, y la tercera en hablantes totales después del inglés y del chino mandarín. 

Tras estas cifras que hablan por sí solas, la ley Celaá pretende soterrar nuestro idioma como si se avergonzara de la lengua de Cervantes. ¿qué implican estas actitudes? Quienes creemos en que un país es grande por sumar y no restar, por apostar por la diversidad, por crecer y no estancarse, por sumar y no sustraer… solo tenemos una palabra para esta LOMLOE: inadmisible.

Mª Soledad Martín Turiño