Hostelería, una injusticia clamorosa

En medio de una impresentable chapuza jurídica, con socialburocracias de cualquier índole, estatales o autonómicas, arrebatadas por un frenesí legiferante cuyo único fin es disimular la incompetencia propia, es dudoso que las restricciones impuestas a la hostelería, a golpe del clásico ordeno y mando, tengan mínima cobertura legal. Con disposiciones que por órgano y rango no pasan de resoluciones administrativas, aun así hechas valer sobre normas superiores conculcando el principio de jerarquía, resulta probable que el arbitrismo de cualquier burócrata metido a político de ocasión carezca de base jurídica, incluida una vigente Ley de Salud Pública que se ha preferido dejar de lado; muy probablemente, a causa de que ni ella ampara los incontables desafueros a que nos vienen sometiendo las burocracias del hoy infecto Estado del bienestar.

Con las muchas, infinitas licencias en orden, después de abonar tasas y gabelas en las innumerables ventanillas, dependencias, mesas y últimamente metacrilato tras el que se protege el oficinista de turno, al que ahora hemos de pedir cita porque él deja de recibir al ciudadano sin merma de ingresos, el hostelero no tendría por qué verse obligado a cerrar, siempre que respete las medidas protectoras dispuestas para su actividad.  

Igualmente, el hostelero responderá por él y por nadie más, ocurriendo que las burocracias socializadoras, de nuevo bajo la excusa tan hipócrita como interesada del bien público, están prejuzgando el incumplimiento del titular del negocio, así como pretendiendo que éste ejerza labores de vigilancia si no de policía. Ni que decir tiene, su local debe cumplir escrupulosamente todas las medidas higiénico-sanitarias. Pero en cuanto espacio de uso público susceptible de inspección por la autoridad, dicho local responderá en lo que a él y sus propietarios concierna no de conductas ajenas, negligentes o incluso delictivas, susceptibles de sanción. A eso deben estar las fuerzas de seguridad, quienes podrían acceder a los locales para comprobar el cumplimiento de la normativa y, llegado el caso, actuar en consecuencia.

Si algún particular incumpliere, que se le sancione como en cualquier otro lugar o espacio público, eso sí, respetando la libertad del propietario y demás clientes a llevar uno su negocio, los otros a ocupar su tiempo como mejor les parezca. Esto es libertad y no ejercicio represivo, en una situación cuyo grado de excepcionalidad está cobrando por momentos tintes alarmantes, a causa de la prepotencia y un injustificado abuso de derecho.