Violencia en los Estados Unidos: ¿guerra civil de baja intensidad?

La violencia desatada el pasado 6 de enero en Washington D.C., la capital de los Estados Unidos, estremeció al mundo, acostumbrado a ver solo violencia policial en contra de las minorías, principalmente los afroamericanos y los inmigrantes. Los disturbios alentados por el propio presidente de la nación dejaron como saldo seis muertos: cuatro manifestantes y dos policías. Cientos de norteamericanos inconformes con los resultados de las elecciones del pasado noviembre asaltaron la sede del Congreso norteamericano, rompieron puertas y ventanas, hicieron múltiples estragos, y se tomaron muchas selfies posando en los escritorios de los representantes democráticamente electos de este país.

El asalto al Congreso tuvo todos los elementos de un golpe de estado, incitado por el presidente Donald Trump. El objetivo de los asaltantes era hacerse con las cajas que contenían los resultados de los votos emitidos por el Colegio Electoral a mediados de diciembre pasado. El Colegio Electoral ratificó los votos entregados por los estados, cuyo resultado le daba el triunfo al candidato demócrata Joe Biden, con 306 de los posibles 538 votos. Trump había obtenido 232. El siguiente paso en la oficialización de los resultados es siempre que el Congreso se congregue, y el vicepresidente del país asuma la presidencia de este evento en el cual se cuentan los votos entregados por el Colegio Electoral. Casi siempre este trámite pasa sin penas ni glorias y la mayor parte de la población ni lo toma en cuenta. Pero este año fue distinto.

Trump había estado presionando al vicepresidente, Mike Pence, para que anulara o desconociera los resultados del Colegio Electoral y lo proclamara a él reelecto. Pero Pence había dicho públicamente, desde la noche del martes, que carecía de autoridad para anular ningún voto y que su función era meramente protocolaria. El presidente optó entonces por una estrategia más radical, para la cual había venido preparando a sus seguidores desde mucho antes incluso de las elecciones: la acción violenta.

El mundo presenció atónito cómo en los Estados Unidos el propio presidente incitaba a un golpe de estado para preservar el poder que había perdido democráticamente en las urnas.

Las reacciones han sido diversas: las principales plataformas digitales, como Facebook, Twitter e Instagram, primero bloquearon al presidente por 24 horas, y luego lo han hecho de manera permanente. De este modo intentan silenciar a un mandatario que ha hecho de las redes sociales su forma de comunicarse con el mundo. Muchos congresistas están pidiendo, cada vez más enérgicamente, la destitución del presidente e invocan la enmienda 25 de la Constitución. Pero para poder proceder por esta vía, tendría que ser el vicepresidente, Pence, quien tomara la iniciativa para destituir al actual presidente. Esto, al parecer, no va a ocurrir. El camino más viable para sacar a Trump del poder sería entonces un proceso de destitución, lo que en inglés llaman impeachment. Esta sería la segunda ocasión en que Trump se sometería a un proceso de destitución. Hay que recordar que, en septiembre de 2019, la Cámara de Representantes promovió y aprobó un proceso de destitución en contra de Trump por sus nexos con el gobierno ruso y la interferencia en las elecciones de 2016, y por la presión ejercida por Trump sobre el gobierno ucraniano para que este investigara por supuesta corrupción al hijo de Biden, quien había trabajado para una compañía ucraniana. La investigación llevada al cabo por el Congreso arrojó como resultado que Trump habría cometido al menos once delitos imputables. En febrero de 2020, sin embargo, Trump fue absuelto de todos los cargos por el Senado en una votación mayoritariamente partidista.

Muchos se cuestionan la necesidad de promover y llevar al cabo un segundo proceso de destitución de esta naturaleza cuando al presidente solo le quedan unos pocos días al frente del país. La respuesta, sin embargo, no tiene tanto que ver con la urgencia de sacar al mandatario de su puesto -básicamente desde noviembre pasado Trump se ha dedicado a jugar golf, mucho más que a gobernar- sino con la necesidad de sentar un precedente y dejarle saber a los mandatarios del futuro que incitar a la violencia en contra del gobierno es algo que no le corresponde al presidente de la federación.

La posibilidad real de un impeachment, sin embargo, tampoco es clara. Los republicanos en el Congreso han dicho que los debates para tal proceso no iniciarían sino hasta el 20 de enero, justo cuando el nuevo mandatario asuma el poder, y que podrían demorar varias semanas. Se estaría llevando al cabo entonces un proceso de destitución en contra de un presidente que habría dejado ya la presidencia. Esta línea de acción complicaría los primeros días, y semanas posiblemente, de la nueva presidencia de Biden, cuya prioridad, según ha declarado el propio demócrata, serían la sanación de la nación, el combate al coronavirus, y la restauración económica. Traer la figura de Donald Trump de nuevo al centro del escenario pública, una vez comenzada la presidencia demócrata, podría ocasionar más fisuras y traumas, y opacaría y retrasaría el camino para la recuperación nacional.

Ya es casi un hecho el que Trump no asistirá al traspaso de poder el próximo 20 de enero. Se espera que sea Pence quien acuda al acto formal que inauguraría la presidencia de Joe Biden. Sin embargo, la actuación de Trump en los pasados cuatro años hace a muchos preguntarse si el actual mandatario se quedará quieto y aceptará pacíficamente el fin de su presidencia. Aunque haya sido silenciado por las plataformas digitales, la guerra civil de baja intensidad que se ha venido fraguando en estos cuatro años está lista para desatarse y adquirir nuevas dimensiones en cualquier minuto. El alcalde de Washington ha pedido, incluso, una partida especial de recursos para garantizar una mayor seguridad durante la ceremonia presidencial del 20 de enero.

Sea condenado o no políticamente, lo cierto es que una vez que Trump pierda su inmunidad presidencial deberá enfrentar al menos seis procesos judiciales en su contra. Con los hechos de los últimos días el número de procesos judiciales podría aumentar. Y si bien es cierto que aún no está claro si habrá o no una condena política en su contra, lo más probable es que sí la haya judicialmente.

Damaris Puñales-Alpízar