No hubo condena. Ahora, ¿qué sigue?

Por primera vez en la historia, varios miembros del partido del presidente enjuiciado han roto con el voto partidista y se han unido al partido acusador en un juicio político. Siete republicanos votaron este sábado 13 de febrero para condenar al expresidente Donald Trump en el segundo juicio político al que se somete al ahora exmandatario en menos de 13 meses, esta vez por incitación a la insurrección que culminó a principios de enero con la toma del Capitolio por parte de sus seguidores.

Es la primera vez también en la historia que un presidente ha sido sometido a dos juicios políticos.

El resultado no fue una sorpresa: tal y como se esperaba, el expresidente no fue condenado porque no se alcanzaron los 67 votos necesarios. Los demócratas solo lograron 57 votos: los de 48 demócratas, dos independientes y siete republicanos. Al resto de los republicanos en el Senado les preocupa más mantener su puesto y su carrera política que hacer justicia.

Por otra parte, el hecho de que el expresidente no haya sido condenado cuando la evidencia en su contra era más que clara –él incitó un golpe de estado– saca a la luz la forma que habrá de tomar la política de ahora en adelante: un aumento de la violencia y de la radicalización de los extremistas blancos. (Recuérdese que sus seguidores entraron al Capitolio con la intención de robar o destruir los votos del Colegio Electoral que debían leerse y aprobarse ese día 6 de enero, y que le daban –y le dieron– la victoria a Joe Biden y Kamala Harris).

Muchos analistas hablan de que la absolución de Trump dividirá al Partido Republicano y eso podría ser beneficioso para el futuro del país y para los demócratas. Sin embargo, la lectura parece ser otra: lo que ha mostrado el resultado del voto de este sábado 13 de febrero en el Senado es que no hay tal división; solo una de los siete republicanos que votaron para condenar a Trump ha puesto su carrera política en peligro inmediato porque debe enfrentar reelecciones en el 2022: la senadora por Alaska, Lisa Murkowski. El resto, no tiene nada que perder pues o están al final de sus carreras políticas, o porque tienen varios años todavía antes de enfrentarse de nuevo al voto: Richard Burr, de Carolina del Norte, y Pat Toomey, de Pennsylvania, no buscarán una reelección; Mitt Romney, de Utah, no tiene que ir a la reelección hasta el 2024. El resto tiene hasta el 2026 para conquistar el voto en sus respectivos estados: Bill Cassidy, de Louisiana; Susan Collins, de Maine; y Ben Sasse, de Nebraska, fueron todos recién reelectos. Hay que recordar que las elecciones para el Senado de la República ocurren cada seis años.

El resultado de este juicio político y de los anteriores pone en evidencia la inutilidad de este recurso como forma de enjuiciamiento a un mandatario en funciones. Las tres veces anteriores que se han llevado al cabo juicios políticos, el resultado ha sido el mismo: los presidentes enjuiciados no han sido condenados porque no se ha logrado nunca tener los votos de las dos terceras partes del Senado. El primer juicio político fue en contra de Andrew Johnson en 1868 por conspiración y por violar el mandato del Congreso; el segundo, en contra de Bill Clinton en 1998, por sostener relaciones inapropiadas con alguien a su cargo, y por mentir bajo juramento; el tercero, en 2019 en contra de Donald Trump por abuso de poder al tratar de influir a un gobierno extranjero (Ucrania) para que investigara a su oponente político, y por obstrucción al congreso al impedir que personas llamadas a testificar lo hiciesen.

Este cuarto juicio político, el segundo en contra de Trump, fue por el cargo de incitación a la insurrección.

Los abogados que defendieron a Trump en este segundo juicio arguyeron que era inconstitucional enjuiciar a un presidente que ya no estaba en funciones, y que él no había hecho nada para incitar a las masas a asaltar el Capitolio. Sin embargo, el Senado había aprobado días antes la entrada de los cargos en contra del expresidente y había declarado, por mayoría, la constitucionalidad del juicio. En este sentido, resulta contradictoria la postura del exlíder de la mayoría republicana en el Senado hasta antes del 20 de enero, Mitch McConnell, quien pidió que no se le diera entrada al juicio –que ya había sido aprobado por la Cámara de Representantes el 13 de enero pasado– hasta después de la toma de posesión de Biden, el día 20. Pero al someterse a voto este sábado 13 de febrero, McConnell votó en contra del juicio afirmando que era inconstitucional enjuiciar a un expresidente. El juicio ya había sido aprobado por los Diputados cuando Trump aún estaba en funciones, y fue el propio McConnell el que decidió postergar la entrada de la solicitud de juicio al Senado. Pero, por otra parte, ese mismo Senado aceptó como constitucional enjuiciar políticamente al expresidente el pasado 9 de febrero, con una votación de 55 a favor y 45 en contra.

¿Qué podría pasar ahora?

Trump declaró este sábado, luego de conocer su absolución, que “esto apenas comienza”. El culto a su personalidad se exacerba cada día, de manera peligrosa. ¿Podría esto acabar con el Partido Republicano? Lo dudo. Lo más probable que ocurra es una radicalización hacia la extrema derecha de los líderes republicanos que sobrevivan políticamente, y de sus seguidores. En el caso de Trump, estamos hablando de un hombre que no tiene agenda política ni ideológica alguna y al que solo le interesa el poder personal, incapaz de lealtad alguna a no ser la suya propia; un hombre que se ha sentido tan impune desde siempre que llegó a afirmar en enero de 2016 que él podría pararse en medio de la Quinta Avenida (en Nueva York) y dispararle a cualquiera y ni siquiera así perdería ni un voto[1]. Sus dos absoluciones seguidas solo reafirman este sentimiento de que está por encima de la ley; de que puede hacer cualquier cosa y no va a pasar(le) nada.

Según algunos legalistas, al Partido Demócrata le quedaría una última carta por jugar, mediante la implementación de un recurso constitucional, para impedir que Trump pueda postularse de nuevo como candidato a la presidencia de los Estados Unidos en el 2024. Según la Constitución de los Estados Unidos, la Sección 3 de la 14ª Enmienda establece que “Ninguna persona ... ocupará ningún cargo, civil o militar, en los Estados Unidos o en cualquier estado, que, habiendo prestado previamente un juramento ... de apoyar la Constitución de Estados Unidos, se habrá involucrado en una insurrección o rebelión contra los mismos”. Para que esto sucediera, el Senado debería traer esta enmienda a discusión y aprobar una nueva ley al respecto. Pero estamos hablando de una enmienda aprobada en 1870 para evitar que ex miembros de la Confederación ocupasen cargos públicos durante la Reconstrucción. Traerla al presente parece bastante improbable.

Los cuatro años de presidencia que tiene por delante Joe Biden, y los resultados que pueda mostrar en la recuperación pos-pandemia, podrían ser la única garantía de impedir que Trump recupere la presidencia en el 2024.

Otra posibilidad más remota, improbable incluso, es que el sistema electoral en los Estados Unidos se reforme drásticamente y deje de existir el Colegio Electoral. De este modo, muy probablemente podría mantenerse el Partido Demócrata en la presidencia al ganar (si es que lo hiciese) el voto popular dentro de cuatro años. Hay que recordar que desde 1992, solo un candidato republicano devenido presidente ha ganado el voto popular: George Bush en el 2004. El resto de los presidentes republicanos en este período perdieron el voto popular: el mismo Bush en el 2000 perdió por 543,895 votos ante Al Gore; y Donald Trump en el 2016 perdió por 2,868,686 ante Hillary Clinton. Si esta tendencia se mantuviese y la presidencia pudiera ser ganada por el voto popular, los demócratas tendrían una mejor oportunidad de mantener la Casa Blanca en los próximos comicios.

El reto es deshacerse del Colegio Electoral. El artículo II, sección 1 de la Constitución, establece el Colegio Electoral, por lo cual se necesitaría una enmienda a la Constitución para poder eliminarlo. Para lograr tal enmienda, habría que contar con las dos terceras partes a favor de dicha enmienda, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, y después, tres cuartas partes de los estados deberían también aprobar este cambio. Con la actual configuración política del Congreso, una enmienda así no se podría aprobar: el Colegio Electoral favorece, como se ha mencionado antes, la elección de presidentes republicanos, aunque estos hayan perdido el voto popular y los demócratas no tienen una mayoría suficiente en ninguna de las dos Cámaras para apoyar esta reforma. Los republicanos en el Congreso no favorecerían un cambio que pudiera perjudicar a su propio partido. Lo mismo ocurriría con los estados: no hay un número suficiente que garantice que, en el lejano e hipotético caso de que tal enmienda fuese aprobada por el Congreso, los estados aprueben el cambio. La otra opción sería reformar el Colegio Electoral de modo que los votos que cada estado presenta ante el Colegio sean proporcionales a los votos de cada candidato en ese estado. Actualmente el ganador de un estado se lleva todos los votos electorales de ese estado, excepto en Nebraska y Maine, que le dan algún voto al perdedor también.

Mantener el sistema electoral, tal y como está, solo profundizará la ya existente desconfianza en los resultados de las elecciones y seguirá erosionando las prácticas democráticas en el país. Cambiar el status quo, sin embargo, no parece realizable por el momento.

Damaris Puñales–Alpízar

[1] https://www.cnn.com/2016/01/23/politics/donald-trump-shoot-somebody-support/index.html