Nuevo acto de vasallaje

Como ya ocurrió el 16 de enero y el 28 de julio de 2020, hoy nos desayunamos con un nuevo acto de vasallaje del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, ante el poder político.

Obviando su deber legal de proveer las vacantes judiciales inmediatamente que se produzcan (art. 570.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 12.2 del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales), el CGPJ ha vuelto a posponer el nombramiento de altos cargos judiciales. En concreto, nos llama poderosamente la atención lo que está sucediendo con los procesos para elegir la presidencia de los Tribunales Superiores de Justicia de Canarias (convocatoria septiembre 2019), del País Vasco (convocatoria de junio de 2020) o una plaza para la Sala IV del TS (junio 2020), que deberían haber culminado en un plazo no superior a 6 meses y que arrastran un retraso particularmente sonrojante.

Y, como en aquellas ocasiones, lo hace con la excusa de estar próximo el acuerdo de su renovación, es decir, haciendo prevalecer los intereses políticos por encima de sus obligaciones legales.

Que nadie se llame a engaño. Con la Ley en la mano, el actual CGPJ es tan legítimo como el que está por venir. Y otra cosa que conviene no olvidar: por el juego de la mayoría de 3/5 necesaria para ello, los vocales propuestos por los partidos de derecha y de izquierda deben ponerse de acuerdo en el nombramiento de esos altos cargos judiciales.

Este modo de proceder, por tanto, lo que en verdad evidencia es que el CGPJ es percibido por los partidos políticos como un órgano de colocación. Se trata de que la clase política actual “meta” a los suyos y, por su mediación, a quienes perciben como “sus” jueces. No hay más. Y el CGPJ se pliega a eso, aun a costa de hacer dejación de sus deberes, acercándose peligrosamente a figuras jurídicas tales como la desviación de poder, cuando no a otras más graves.

Como ya dijimos entonces, con este proceder el CGPJ está perjudicando gravemente, no solo el interés público, que exige cubrir las plazas ahí donde quedan vacantes, sino también los legítimos intereses de los candidatos a esas vacantes, muchos de los cuales llevan meses inmersos en un proceso que debería haber concluido hace otros tantos. En otras palabras, lo que está haciendo el CGPJ es poner en duda ante toda la opinión pública la aptitud profesional de estos candidatos, al dejar claro que el factor determinante para la elección es el ideológico o, si se prefiere, el de afinidad.

Esta evidente injerencia política en el Poder Judicial daña la credibilidad de todo el sistema judicial y perjudica la lucha contra la corrupción, tal y como nos ha recordado hasta la saciedad el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO). Lamentamos profundamente, por el daño que supone a la separación de poderes, que el CGPJ esté dando la razón a GRECO.

Comisión Gestora del Foro Judicial Independiente