HABLEMOS
Butifarras jurídicas
Carlos Domínguez
No todo queda en anécdota, en un episodio más de la peligrosa tendencia de nuestra vida política a la anormalidad, la división y el enfrentamiento.
En relación a las mociones de censura ad hoc y ad quem presentadas por la izquierda socialcomunista en la Comunidad de Madrid, podría analizarse en términos de técnica jurídica no ya su oportunidad, sino su absoluta inviabilidad procedimental y procesal, al acertado criterio ya hoy de unas Señorías que suelen tener legítimamente por muy suyos prestigio y auctoritas, los cuales indudablemente habrían sufrido en caso de fallo ad hoc en autos tan enredados.
Lo fundamental de semejante butifarra, política antes que jurídica, es que revela una vez más la degradación de nuestra vida institucional a causa del filibusterismo de una izquierda oportunista y desleal, si bien movida desde hace cuatro décadas por un insaciable afán de poder. La esfera jurisdiccional no está ni debe de estar para ventilar un día sí y otro también cuestiones políticas, que en nuestra democracia, hoy degradada e irreversiblemente agotada, se han convertido en politiqueos y camanduleos de tres al cuarto, multiplicados al infinito por las redes clientelares de una organización autonómica que está minando la arquitectura institucional no ya de la democracia parlamentaria, sino del Estado mismo.
Es siempre un error, agravado por lo torticero de designio y propósito, derivar la contienda política hacia la vía del derecho penal. Pero todavía lo es más hacerlo hacia el muy proceloso ámbito del derecho administrativo, que con sus sutilezas y tecnicismos es por naturaleza la antítesis de una acción política guiada simplemente por la lealtad institucional, así como por una voluntad de servicio público que debería primar sobre cualquier interés o cambalache, tanto personal como partidario. Que una ciudadanía de muy baja calidad cívica y democrática tampoco ayude, es otro tema. Pero esto no debería convertirse en excusa de la partitocracia para hacer de su capa un sayo, devaluando hasta niveles inimaginables la de un sistema político, el nuestro, del que es su primer responsable.
No todo queda en anécdota, en un episodio más de la peligrosa tendencia de nuestra vida política a la anormalidad, la división y el enfrentamiento.
En relación a las mociones de censura ad hoc y ad quem presentadas por la izquierda socialcomunista en la Comunidad de Madrid, podría analizarse en términos de técnica jurídica no ya su oportunidad, sino su absoluta inviabilidad procedimental y procesal, al acertado criterio ya hoy de unas Señorías que suelen tener legítimamente por muy suyos prestigio y auctoritas, los cuales indudablemente habrían sufrido en caso de fallo ad hoc en autos tan enredados.
Lo fundamental de semejante butifarra, política antes que jurídica, es que revela una vez más la degradación de nuestra vida institucional a causa del filibusterismo de una izquierda oportunista y desleal, si bien movida desde hace cuatro décadas por un insaciable afán de poder. La esfera jurisdiccional no está ni debe de estar para ventilar un día sí y otro también cuestiones políticas, que en nuestra democracia, hoy degradada e irreversiblemente agotada, se han convertido en politiqueos y camanduleos de tres al cuarto, multiplicados al infinito por las redes clientelares de una organización autonómica que está minando la arquitectura institucional no ya de la democracia parlamentaria, sino del Estado mismo.
Es siempre un error, agravado por lo torticero de designio y propósito, derivar la contienda política hacia la vía del derecho penal. Pero todavía lo es más hacerlo hacia el muy proceloso ámbito del derecho administrativo, que con sus sutilezas y tecnicismos es por naturaleza la antítesis de una acción política guiada simplemente por la lealtad institucional, así como por una voluntad de servicio público que debería primar sobre cualquier interés o cambalache, tanto personal como partidario. Que una ciudadanía de muy baja calidad cívica y democrática tampoco ayude, es otro tema. Pero esto no debería convertirse en excusa de la partitocracia para hacer de su capa un sayo, devaluando hasta niveles inimaginables la de un sistema político, el nuestro, del que es su primer responsable.


















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