HABLEMOS
Casta política
Carlos Domínguez
Casta es término que hizo fortuna como eslogan de una extrema izquierda que ha acabado en lo que siempre fue: variopinta colección de arribistas trepanubes, después de clamar contra la oligarquía, la corrupción, el bipartidismo y la vieja forma de hacer política. Caídas máscaras y caretas, al presente sabemos en qué consiste la nueva para líderes de pacotilla, a la vanguardia propia y suya antes que a la de un olvidado lumpen marginal, desharrapado y perroflautero.
Mas la casta existe en toda partitocracia, bajo disfraz de democracia. No se comprende bien porqué nuestros políticos de nómina y aparato, desde las cúpulas gubernamentales, legislativas o institucionales hasta el consistorio de cualquier villorrio de provincias, ostentan, airean su condición de titulados universitarios, a la que añaden frecuentemente la de funcionarios públicos. Es decir, quintaesencia de burocracias que, buscando perpetuarse en el poder, okupan sin excepción sus hipertrofiados mecanismos.
Ni empresarios ni emprendedores, tampoco profesionales, autónomos o empleados, figuran por ningún lado a la hora de desempeñar cargos públicos de carácter representativo. Ellos, gente corriente sobrada de buen hacer y un mejor administrar, parecen excluidos por una casta, una oligarquía cuyo único mérito es pregonar el sagrado dogma de las bondades del Estado, todo unido a una lamentable inclinación a fantasear, a caer en delirios mesiánicos resultantes de cuatro charlas de café o un par de lecturas de manual, y que aun así se quieren poner en práctica con voluntad fanática aprovechando el control de las instituciones.
Frente a indoctos con cargo y poltrona, capaces de arruinar con sus políticas y soflamas sectores enteros como el automóvil o el turismo, cuando no dispuestos a afirmar sin rubor que la solución a la pobreza y las crisis económicas pasa por darle sin descanso a la máquina de hacer billetes, la elección no resulta dudosa. Cualquier ciudadano con mínimo criterio preferiría ver en su Ayuntamiento, en su Diputación o en su Autonomía a quienes ofrecerán siempre la garantía del trabajo, la experiencia y una ejemplar administración en la vida civil, fieles al viejo y consabido principio; o sea, por norma ingresos saneados, poco déficit y todavía menos deuda.
Muy distinta sería la marcha de este país, si en vez de la legión de intelectualillos con ínfulas, en realidad paniaguados funcionariales y prebendados con títulos o másteres sin prestigio, tuviéramos al timón a la Sra. Botín acompañada, uno por uno, de los miembros de su Consejo de Administración. A fin de cuentas, ellos jamás estarían en el cargo por lucro personal, menos aún por un interesado modus vivendi. Y siquiera por decoro, como vienen haciendo en la gestión de su entidad, privada que no pública como la impresentable banca del rescate, difícilmente ofrecerían el bochornoso espectáculo de incompetencia y corrupción a que acostumbra la actual clase política.
Casta es término que hizo fortuna como eslogan de una extrema izquierda que ha acabado en lo que siempre fue: variopinta colección de arribistas trepanubes, después de clamar contra la oligarquía, la corrupción, el bipartidismo y la vieja forma de hacer política. Caídas máscaras y caretas, al presente sabemos en qué consiste la nueva para líderes de pacotilla, a la vanguardia propia y suya antes que a la de un olvidado lumpen marginal, desharrapado y perroflautero.
Mas la casta existe en toda partitocracia, bajo disfraz de democracia. No se comprende bien porqué nuestros políticos de nómina y aparato, desde las cúpulas gubernamentales, legislativas o institucionales hasta el consistorio de cualquier villorrio de provincias, ostentan, airean su condición de titulados universitarios, a la que añaden frecuentemente la de funcionarios públicos. Es decir, quintaesencia de burocracias que, buscando perpetuarse en el poder, okupan sin excepción sus hipertrofiados mecanismos.
Ni empresarios ni emprendedores, tampoco profesionales, autónomos o empleados, figuran por ningún lado a la hora de desempeñar cargos públicos de carácter representativo. Ellos, gente corriente sobrada de buen hacer y un mejor administrar, parecen excluidos por una casta, una oligarquía cuyo único mérito es pregonar el sagrado dogma de las bondades del Estado, todo unido a una lamentable inclinación a fantasear, a caer en delirios mesiánicos resultantes de cuatro charlas de café o un par de lecturas de manual, y que aun así se quieren poner en práctica con voluntad fanática aprovechando el control de las instituciones.
Frente a indoctos con cargo y poltrona, capaces de arruinar con sus políticas y soflamas sectores enteros como el automóvil o el turismo, cuando no dispuestos a afirmar sin rubor que la solución a la pobreza y las crisis económicas pasa por darle sin descanso a la máquina de hacer billetes, la elección no resulta dudosa. Cualquier ciudadano con mínimo criterio preferiría ver en su Ayuntamiento, en su Diputación o en su Autonomía a quienes ofrecerán siempre la garantía del trabajo, la experiencia y una ejemplar administración en la vida civil, fieles al viejo y consabido principio; o sea, por norma ingresos saneados, poco déficit y todavía menos deuda.
Muy distinta sería la marcha de este país, si en vez de la legión de intelectualillos con ínfulas, en realidad paniaguados funcionariales y prebendados con títulos o másteres sin prestigio, tuviéramos al timón a la Sra. Botín acompañada, uno por uno, de los miembros de su Consejo de Administración. A fin de cuentas, ellos jamás estarían en el cargo por lucro personal, menos aún por un interesado modus vivendi. Y siquiera por decoro, como vienen haciendo en la gestión de su entidad, privada que no pública como la impresentable banca del rescate, difícilmente ofrecerían el bochornoso espectáculo de incompetencia y corrupción a que acostumbra la actual clase política.

















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