Los tiroteos masivos, esa otra pandemia

Abril, el cuarto mes del año, aún no termina. Y ya en los Estados Unidos se acumulan 11 tiroteos masivos con un saldo de 64 personas muertas. El más reciente, apenas esta semana que recién termina, el pasado jueves 15. El mapa de estos asesinatos cubre al país de costa a costa, de norte a sur, en nueve estados.

Durante el pasado año, los tiroteos masivos no hicieron grandes titulares. En medio de la pandemia provocada por el coronavirus –que, hasta el día de hoy, ha infectado a más de 31.5 millones de personas en el país y ha costado la vida a más de medio millón–, la violencia generada por las armas de fuego pasó a un segundo plano. Esto no significa, sin embargo, que haya desaparecido: unos 20 mil individuos murieron a causa de las armas de fuego, mientras que 24 mil se suicidaron con una pistola. Y estas cifras representan, lamentablemente, un nuevo record en el número de personas que perdieron la vida a causa de las armas de fuego: un 30% más que en el 2017, el año más violento del que se tiene registro desde que empezaron a computarse estos datos.

Según los expertos, más de cien personas mueren cada día debido a las armas de fuego, ya sea como consecuencia de un asesinato o un suicidio. La realidad es que solo cuando se trata de un tiroteo masivo, esta violencia se convierte en noticia. Pero para muchas comunidades a través de todo el país, sobre todo para las comunidades más pobres, los disparos y las muertes que causan las armas son una realidad cotidiana al punto que se llega a normalizar esta violencia, a convertirla en parte del paisaje en el que se vive tanto al interior de esas comunidades como a nivel nacional: uno escucha el sonido de los disparos pero cada quien sigue con su vida, mientras su vida no esté directamente afectada. Y lo mismo ocurre a nivel nacional: leemos los titulares del último tiroteo masivo, lo lamentamos durante un rato, pero luego regresamos a nuestras obligaciones, a nuestro día a día.

Si bien es cierto que los tiroteos masivos disminuyeron el año pasado, la cantidad de muertes a causa de las armas de fuego no disminuyeron; y el estrés social, las protestas debido a la brutalidad policial y al racismo, y la crisis económica que ha causado el coronavirus, provocó que la venta de armas se incrementara en un 64% en el 2020, con respecto al 2019.

Ahora bien, cuando hablamos de que hubo una disminución en la cantidad de tiroteos masivos, esto no significa que los números sean insignificantes. Una muerte violenta es tan terrible como cinco, o como cincuenta. Los números del 2020, pese a ser menos que en años anteriores, son igualmente escalofriantes: hubo un total de 615 tiroteos[1] masivos en el año (más de uno al día, proporcionalmente). Junio, julio y agosto fueron los meses más terribles: 91, 87 y 78 tiroteos respectivamente. Durante el 2020, 521 personas murieron a causa de estos tiroteos, y 2,541 resultaron heridas.

Controlar la venta de armas de fuego, tanto la legal como la ilegal, parece una tarea imposible. La propia Constitución de la nación establece, en su segunda Enmienda, el derecho de los ciudadanos a portar armas y declara que “una Milicia bien organizada es necesaria para la seguridad de un Estado libre, por lo que el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido”. Para los norteamericanos, el derecho a tener un arma está íntimamente relacionado con un sentido de libertad muy fuerte. Se estima que en Estados Unidos hay 120 armas por cada cien habitantes y la mayor parte de estas armas no está legalmente registrada (esto es solo entre la población civil; no se contabiliza aquí ningún armamento que posea el ejército, la policía o ninguna otra entidad del estado). Estados Unidos constituye el 4% de la población mundial, pero posee alrededor del 40% de las armas de propiedad civil en todo el mundo[2]. Hablar de restringir ese derecho es casi un ataque frontal a ese sentido de libertad que forma parte de la conciencia colectiva de la nación. El actual presidente, Joe Biden, ha declarado públicamente que la violencia que provocan las armas es una epidemia de salud pública, y ha dicho que hará lo que esté en sus manos para poner un poco de control sobre esto.

Pero ahí choca inevitablemente con tres barreras casi imposibles de sortear. Primero, como mencionábamos, la conciencia colectiva sobre el derecho a armarse; segundo, una asociación nacional del rifle (NRA, por sus siglas en inglés) muy fuerte, con una capacidad de lobby en el Congreso norteamericano que impide el avance real de cualquier discusión sobre el tema; y tercero, una industria armamentista que es la más poderosa no solo del país, sino del mundo.

A principios de abril, el mandatario estadounidense aseguró que se tomarán seis medidas iniciales para lidiar con la crisis de salud pública que representa la violencia por armas de fuego. Biden ha pedido al Congreso que aprueba leyes que ayuden a reducir este tipo de violencia. Y aunque el Congreso aprobó una ley en marzo para intentar restringir el acceso a la compra de cierto tipo armas a ciertos individuos (armas de asalto y cargadores de gran capacidad para personas que alguna corte haya encontrado como “abusiva” en la posesión de armas), esto no es suficiente. Para contrarrestar la lentitud con que se podrían aprobar leyes y la lentitud también en su total implementación, la actual administración está proponiendo que el Departamento de Justicia haga efectiva una regulación para frenar la proliferación de las “armas fantasmas”: aquellas que un individuo puede ensamblar por sí mismo comprando las diferentes partes. Este tipo de armas no puede ser rastreada por las fuerzas del orden cuando se comete algún crimen porque no poseen un número de serie. El Departamento de Justicia, además, deberá regular cómo se establece que un dispositivo comercializado como soporte estabilizador convierte a una pistola en un rifle de cañón corto sujeto a los requisitos de la Ley Nacional de Armas de Fuego. También se deberá establecer un modelo de “banderas rojas” en los estados que permita impedir temporalmente la venta de armas a personas en algún tipo de situación de estrés: los miembros de una familia pueden pedir a la corte levantar una bandera roja para que un familiar bajo estrés no pueda comprar armas. La Adminstración planea también invertir grandes sumas de dinero para programas de intervención en contra de la violencia comunitaria. Entre los planes está invertir más durante los próximos ocho años para aumentar el empleo en las comunidades económicamente más en desventaja; que los programas de salud apoyen la educación en contra de la violencia en estas comunidades. El Departamento de Justicia, además, deberá presentar un reporte anual sobre el tráfico de armas. Y por último, el presidente está nominado a David Chipman como director del Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, ATF, por sus siglas en inglés. El ATF no ha tenido un director confirmado desde el 2015.

La pregunta que sigue bailando frente a los ciudadanos es si alguna o todas estas medidas serán suficientes para frenar una tendencia que parece no tener fin. La respuesta, sencillamente, es que no: ninguna de estas medidas será suficiente. Pero como dice el refrán: mejor eso que nada.

Damaris Puñales-Alpízar

[1] Estadísticas tomadas de fuentes online: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mass_shootings_in_the_United_States_in_2020

[2] https://wamu.org/story/20/09/18/how-many-people-in-the-u-s-own-guns/