HABLEMOS
Un Estado en descomposición: riesgos y daños
Carlos Domínguez
Por medio del autoritarismo y la demagogia, desmontar las estructuras de un Estado adueñándose de sus mecanismos es algo que históricamente ya se hizo, recurriendo a una labor de zapa que termina por destruir todo un andamiaje político con sus bases legales. En realidad, no otra cosa lleva haciendo y ensayando en Europa la socialdemocracia desde mediados del siglo pasado, buscando monopolizar los media a efectos de propaganda, y subvirtiendo lentamente los pilares de la democracia parlamentaria, con reformas más o menos sibilinas pero siempre nefastas, implementadas gracias a las políticas fiscales y clientelares del Estado del bienestar, como vía directa hacia la dictadura y el totalitarismo.
Dar cuenta de semejante método, que aboca a la destrucción del Estado, no ofrece dificultad atendiendo a las muchas evidencias cotidianas. En la España actual, el sanchismo, es decir, PSOE como aparato de poder dominando las estructuras del Estado, representa un modelo digno de estudio, al perfeccionar fórmulas ensayadas con éxito ya en Iberoamérica. Sin embargo, lo que no parece fácil explicar es la pasividad de buena parte de la ciudadanía en un país avanzado como el nuestro, que no percibe los riesgos, los efectos altamente dañinos que una experiencia de ese tipo conlleva en el discurrir del día a día.
Más allá del buenismo destilado como ideología barata/barata por terminales mediáticas rendidas a un proyecto totalitario bajo disfraz de democracia, la destrucción interna de un Estado de derecho y un sistema de libertades sí afecta a los ciudadanos. Piénsese en lo que supone de problema sanitario y de seguridad para los compatriotas ceutíes y melillenses la invasión de hecho consentida a un Marruecos capaz de violar nuestras fronteras, ante la pasividad del Estado español, institucional y territorialmente en franca descomposición.
O piénsese en la arbitrariedad que ha traído consigo la desastrosa gestión de la epidemia, con disposiciones válidas aquí sí y a la vuelta de la esquina no, en medio de pronunciamientos jurídicos faltos de coherencia. Y tampoco estaría de más reflexionar sobre la discriminación padecida por miles de estudiantes españoles, obligados a realizar la EBAU en situación de desigualdad, a causa de criterios de oportunidad fruto del sistema autonómico. Dentro de lo habitual, refugio de una partitocracia irresponsable que en ciertos feudos regionales ha permitido a sus alumnos presentarse bajo condiciones ventajosas, injusticia añadida a la ya conocida de pruebas facilitas/facilitas, preferentemente allí donde domina la izquierda socialcomunista, en alianza directa o indirecta con las fuerzas separatistas.
Por medio del autoritarismo y la demagogia, desmontar las estructuras de un Estado adueñándose de sus mecanismos es algo que históricamente ya se hizo, recurriendo a una labor de zapa que termina por destruir todo un andamiaje político con sus bases legales. En realidad, no otra cosa lleva haciendo y ensayando en Europa la socialdemocracia desde mediados del siglo pasado, buscando monopolizar los media a efectos de propaganda, y subvirtiendo lentamente los pilares de la democracia parlamentaria, con reformas más o menos sibilinas pero siempre nefastas, implementadas gracias a las políticas fiscales y clientelares del Estado del bienestar, como vía directa hacia la dictadura y el totalitarismo.
Dar cuenta de semejante método, que aboca a la destrucción del Estado, no ofrece dificultad atendiendo a las muchas evidencias cotidianas. En la España actual, el sanchismo, es decir, PSOE como aparato de poder dominando las estructuras del Estado, representa un modelo digno de estudio, al perfeccionar fórmulas ensayadas con éxito ya en Iberoamérica. Sin embargo, lo que no parece fácil explicar es la pasividad de buena parte de la ciudadanía en un país avanzado como el nuestro, que no percibe los riesgos, los efectos altamente dañinos que una experiencia de ese tipo conlleva en el discurrir del día a día.
Más allá del buenismo destilado como ideología barata/barata por terminales mediáticas rendidas a un proyecto totalitario bajo disfraz de democracia, la destrucción interna de un Estado de derecho y un sistema de libertades sí afecta a los ciudadanos. Piénsese en lo que supone de problema sanitario y de seguridad para los compatriotas ceutíes y melillenses la invasión de hecho consentida a un Marruecos capaz de violar nuestras fronteras, ante la pasividad del Estado español, institucional y territorialmente en franca descomposición.
O piénsese en la arbitrariedad que ha traído consigo la desastrosa gestión de la epidemia, con disposiciones válidas aquí sí y a la vuelta de la esquina no, en medio de pronunciamientos jurídicos faltos de coherencia. Y tampoco estaría de más reflexionar sobre la discriminación padecida por miles de estudiantes españoles, obligados a realizar la EBAU en situación de desigualdad, a causa de criterios de oportunidad fruto del sistema autonómico. Dentro de lo habitual, refugio de una partitocracia irresponsable que en ciertos feudos regionales ha permitido a sus alumnos presentarse bajo condiciones ventajosas, injusticia añadida a la ya conocida de pruebas facilitas/facilitas, preferentemente allí donde domina la izquierda socialcomunista, en alianza directa o indirecta con las fuerzas separatistas.






















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