Dimensión política de la Jefatura del Estado

   Resulta difícil entender el mensaje que a propósito de unos indultos ya consumados se viene lanzando desde las terminales mediáticas progubernamentales, en el sentido de que, no siendo política, la Jefatura del Estado encarnada por el monarca habría estado obligada a  la firma, legitimando así una medida de gracia fruto de la arbitrariedad y el oportunismo.

   Bajo la fórmula monárquica o republicana, no es cierto que la Jefatura del Estado carezca en una democracia parlamentaria de dimensión política. En realidad sucede lo contrario,  porque, dado su carácter de cúspide de toda una arquitectura legal e institucional, es la instancia de mayor contenido político, entendido como autoridad cuyo rango la sitúa por encima de cualquier otra, incluido el gobierno como parte subordinada del poder ejecutivo, teniendo éste precisamente su vértice en la Jefatura del Estado. Nada distinto contempla nuestra Constitución al atribuir al monarca el mando supremo de las Fuerzas Armadas, como símbolo y en su caso instrumento efectivo al servicio de la unidad y la legalidad.

   No tiene fácil salida la tesitura en que el PSOE y un sanchismo guiado por intereses de facción, no otros que la supervivencia política a cualquier precio, han colocado a Felipe VI. Pero es muy posible que ceder a semejante desafuero, aun dentro de lo esperado, represente un gravísimo error de cara al futuro de la institución, cuya estabilidad no se halla ni mucho menos garantizada, considerando la profunda crisis que padece el régimen del setenta y ocho, a causa especialmente de la amenaza de ruptura de la unidad nacional, que justifica y otorga todo su valor a la corona en el desempeño de sus funciones.

   La innegable dimensión política de esta última la aboca no al ejercicio mimético o puramente ordenancista, en la línea de una obediencia ciega en virtud del equilibrio de poderes que el sanchismo ha procurado minar de forma reiterada, forzando al límite el marco institucional en perjuicio de la monarquía. Pero la defensa de ese marco requiere iniciativa y liderazgo, más aún cuando de lo que se trata es de hacer frente a un órdago indisimulado contra la nación y sus fundamentos. Si el socialcomunismo aliado con el separatismo pretende mediante maniobras y oscuros tejemanejes echar un pulso al Estado, nadie mejor que Felipe VI para afrontar el reto, en nombre de las instituciones y la ciudadanía.

   No estaría de más recordar las decisiones de Juan Carlos I el 23-F, en defensa de la democracia parlamentaria y el orden constitucional. Más pronto que tarde, Felipe VI probablemente habrá de tomar otras parecidas, aceptando órdago y envite o, mejor aún, echando igual que su padre un decidido cuarto a espadas. Y de hacerse, como ya se hizo con un valiente discurso en pleno golpe separatista, cuanto antes mejor, siquiera por razones tácticas.