Jueves, 18 de Septiembre de 2025

Eugenio de Ávila
Sábado, 02 de Octubre de 2021
DENUNCIA

Los ecologistas acusan a la Junta de Castilla y León de prevaricación, según El Diario.es

Suárez Quiñones ( juez de profesión ), consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, denunciado por un presunto delito de prevaricación administrativa según informa el diario.es

[Img #57362]El medio de comunicación elDiario.es informó el pasado jueves, 30 de septiembre, que “la asociación ecologista Bierzo Aire Limpio ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente contra la empresa Forestalia por su planta de incineración de biomasa en León”.

Según la asociación, la planta de Cubillos del Sil, "lleva más de un año a pleno rendimiento sin haber presentado la comunicación de inicio, equivalente a la licencia de actividad". En el comunicado, denuncian, además la connivencia de la Junta de Castilla y León, a quienes acusan de "prevaricación por omisión".

"La misma empresa y el consejero de Fomento que la protege —sabedores de su situación ilegal— han anunciado varias veces públicamente el inicio de actividad a bombo y platillo en los medios (generando una política de hechos consumados, una apariencia de legalidad), ocultando que carece de los certificados y documentos para su inicio". "Estamos ante un claro trato de favor constitutivo de prevaricación por omisión al permitir a una empresa controlada parcialmente por la propia consejería de Fomento funcionar sin los permisos legales", señalan.

Los ecologistas anuncian que también han remitido una carta al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a quien reclaman la apertura de un expediente y la inmediata paralización de la planta. La ausencia de licencia fue notificada el pasado 23 de agosto por la propia Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León mediante oficio remitido a Bierzo Aire Limpio, por lo que consideran claro que la Junta de Castilla y León, está al tanto de la falta de licencia.

En esa comunicación, el jefe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, Jaime Fernández Orcajo, certificaba que "hasta el día de la fecha no se ha recibido la comunicación de inicio de actividad de la planta de producción de energía eléctrica en Cubillos del Sil, titularidad de Fuerzas Energéticas del Sur de Europa I, SL. Al no haber presentado la empresa la comunicación de inicio mediante la correspondiente declaración.

Posibles delitos ecológicos y contra la salud y prevaricación

"De los hechos denunciados ante la Fiscalía, se extrae que se han podido cometer varios delitos ecológicos, contra la salud pública y contra la seguridad laboral por parte de los responsables de Forestalia, así como delitos de prevaricación por omisión por parte de los responsables de la Junta de Castilla y León”.

En su denuncia Bierzo Aire Limpio considera que “estamos ante un delito contra el medio ambiente del artículo 325 y siguientes del Código Penal; y ante uno o varios delitos de prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos del artículo 404 del Código Penal. Los funcionarios y responsables públicos conocen perfectamente las infracciones cometidas, dado que se ha denunciado y solicitado la clausura de la planta, a pesar de lo cual no se ha hecho nada durante años. También podemos estar, entre otros, de varios delitos de prevaricación ambiental, de carácter reiterado o continuado, tipificados en el artículo 329 del Código Penal.

Y este delito habría sido cometido tanto en su modalidad activa como omisiva por aquellos cargos o responsables públicos que vienen permitiendo la actividad ilícita de la factoría de Cubillos del Sil así como el cuantioso almacenamiento de madera sin permiso y sin control alguno”. Finalmente, Aire Limpio solicita a la Fiscalía Especial de Medio Ambiente que investigue los hechos, tomando declaración testifical a los funcionarios María Cebrián Amigo y Diego Fompedriña Roca, (jefes del servicio de vertidos y del área de gestión medio ambiental de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil); que solicite al SEPRONA la comprobación y que se decrete la suspensión de la actividad y la clausura de las instalaciones en tanto no cuenten con todas las autorizaciones legalmente exigibles”.

 

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