Carta a una derecha… que responda

   Dentro de la actual situación política, al votante conservador le importa muy poco, por suficientemente conocido, lo que pueda hacer Sánchez al alimón con su cohorte ministerial, séquito gobernanzo cuya estatura política e intelectual no merece mayor comentario. A un ciudadano identificado con los valores de la derecha, no otros que la propiedad, la familia y el imperio de la ley, ello desde la premisa de la unidad nacional, comienza a interesarle mucho más qué harán a no tardar, dos años a lo sumo, las fuerzas que aspiran a representarlo solicitando su voto. Lo hecho, hecho está, y poco más puede esperarse del PSOE con su sarta de despropósitos, entre ellos una Ley de memoria histórica que supone abrir la puerta a un régimen no ya revisionista sino represivo, buscando instaurar dentro de la Europa “democrática” el delito de opinión si no de conciencia, en base a convicciones, criterios y juicios de naturaleza política a perseguir por los tribunales.

   Al margen de la anomalía que en nuestro sistema de representación suponen los privilegios injustificados de las fuerzas separatistas, el electorado conservador quiere saber, quiere tener certeza sobre la decisión de los partidos de la derecha respecto a todas y cada una de las normas que, con carácter legal o administrativo, ha hecho valer una izquierda sectaria como parte de su proyecto liberticida, en la línea de ingenierías sociales y experimentos políticos de idéntico carácter. En definitiva, y siempre que las urnas lo permitan, el gran interrogante es: ¿qué se va a hacer con las disposiciones en materia supuestamente histórica, así como con las de género y familia, las inmigratorias, medioambientales y educativas sin olvidar la ocupación ilegal, que la extrema izquierda de PSOE y comunistas ha instrumentado como palanca de un programa frentista y rupturista? Y muy especialmente, ¿qué proyecto, qué medidas se implementarán para restaurar la soberanía nacional como fundamento de un Estado de derecho que, por encima de los privilegios económicos, electorales y fiscales de las facciones separatistas, garantice la igualdad de los ciudadanos ante la ley?

   Ahora, ya mismo, en tales asuntos una ciudadanía adscrita a los ideales conservadores necesita la claridad y el compromiso de quienes dicen representarla. De momento, dejando a un lado el teatrillo rajoyesco y bis in idem de Valencia, respecto a la Ley de memoria histórica lo que sabemos es que Casado pretende pasar de puntillas sobre el asunto, anunciando una dialogante Ley de concordia… histórica. Lo cual lleva a dudar sobre si, como derecha instalada y partitocrática, el PP está capacitado una vez más para asumir un reto democrático de tales dimensiones.