EMPRESA
Merino afirma que seguirá trabajando en Barcial y pide el amparo del Gobierno central
El ingeniero zamorano leonés sigue en sus trece, con su lucha informativa y juridica contra el presunto sabotaje de altos cargos de la Junta y solicita al Gobierno que dé seguridad a las empresas interesadas en el proyecto
El ingeniero y emprendedor Vicente Merino, al que acompañó su padre en rueda de prensa, ha pedido hoy a la Diputación, que cede en este mes de febrero los terrenos de barcial, adquiridos el pasado años, para construir la biorrefinería multifuncional, porque “vamos a seguir trabajando allí para el desarrollo de la zona. Se ha generado una inseguridad jurídica y, por lo tanto, solicitamos el amparo del Gobierno central, porque lo que se ha hecho es gravísimo. Quien tiene que apoyar el desarrollo y haya un reparto equitativo de rentas, a traer inversión, los ha echado. Este es un proyecto estratégico e innovador, clave. Atenta contra la Constitución, contra el Estatuto de Autonomía, contra sus propios principios rectores”.
Con anterioridad a las preguntas, algunas repetidas, como si el personal periodístico no escuchara las respuestas de Merino, el ingeniero y autor del proyecto de biorrefinería leyó un texto, que se iniciaba de forma contundente: “El proyecto estratégico de biorrefinería multifuncional se encuentra parado por un presunto y flagrante sabotaje, cometido por diversos altos cargos de la Junta de Castilla y León”. Y sin pausa, añadió que “los hechos que han acontecido son gravísimos, porque atentan contra la propia Constitución y, además, ponen en riesgo 120 empleos directos y unos 1.200 indirectos, en una primera fase, y muchos miles más cuando el desarrollo estuviera completado con el polígono y energía verde”.
Y enfatizó en su discurso, al decir que “este modus operandi, presuntamente criminal, quiebra el ordenamiento, el sistema y el modelo de convivencia y, como es lógico, nuestro grupo, como emprendedores, como promotores, no lo puede permitir y por los denunciamos públicamente”.
Y anunció, de nuevo, lo ya conocido: “Hemos interpuesto una denuncia ante los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Zamora por presuntos graves delitos, continuados en el tiempo, en contra de nuestro desarrollo empresarial y, por otra, reiterar que no estamos dispuestos a rendirnos. No como no lo hemos hecho desde hace 15 años. La denuncia la he puesto yo personalmente y, en los próximos días, la empresa”.
También le dedicó tiempo al presidente nacional del PP: “Le invitamos a venir al Sr. Casado a Barcial del Barco, para que así pueda conocer, de primera mano, a aquellos que están atentando, de modo cierto, contra la remolacha. No se tiene que ir muy lejos, los tiene en su propia cada, en el PP, y los tenía como socios de Gobierno de Castilla y León hasta hace muy poco”. Y le pregunto a Casado: “¿A quién defiende usted? ¿A quiénes defienden ustedes? ¿A los agricultores? ¿A los ganaderos? Con el flagrante y presunto sabotaje a la biorrefinería de Barcia queda claro que no. Lo que defienden es otra cosa y otros intereses”.
Además de las críticas generalizada hacia la Junta, también agradeció a la Diputación “todos los esfuerzos realizados y le solicitamos que ceda los terrenos a los promotores del proyecto de biorrefinería de Barcial en el presente mes de febrero, cumpliendo así con el compromiso adquirido. Igualmente, instamos a que la propia Diputación, conocedora ya, a través del propio presidente, de los graves hechos que han acaecido, se sume a nuestra solicitud de amparo al Gobierno de España”.
El Día de Zamora preguntó a Vicente Merino si la única solución que hay para el proyecto pasa por la Justicia, a lo que respondió el ingeniero que “no, porque lo lleva el departamento Jurídico. Lógicamente fueron hechos que había que denunciar, y yo me anticipé a las reuniones realizadas antes de Navidad, de ahí la primera denuncia formulada en mi nombre y en mi propio derecho como socio y propietario industrial de cuatro patentes, y ya he dicho que la empresa también se va a sumar. Pero eso ya es un asunto del departamento Jurídico. En mente, está el buscar soluciones, pero lo que ocurre ahora mismo, en base a quien realizado estos hechos, es el Gobierno de España quien puede dar otra vez a las empresas interesadas un marco de seguridad”.
El ingeniero y emprendedor Vicente Merino, al que acompañó su padre en rueda de prensa, ha pedido hoy a la Diputación, que cede en este mes de febrero los terrenos de barcial, adquiridos el pasado años, para construir la biorrefinería multifuncional, porque “vamos a seguir trabajando allí para el desarrollo de la zona. Se ha generado una inseguridad jurídica y, por lo tanto, solicitamos el amparo del Gobierno central, porque lo que se ha hecho es gravísimo. Quien tiene que apoyar el desarrollo y haya un reparto equitativo de rentas, a traer inversión, los ha echado. Este es un proyecto estratégico e innovador, clave. Atenta contra la Constitución, contra el Estatuto de Autonomía, contra sus propios principios rectores”.
Con anterioridad a las preguntas, algunas repetidas, como si el personal periodístico no escuchara las respuestas de Merino, el ingeniero y autor del proyecto de biorrefinería leyó un texto, que se iniciaba de forma contundente: “El proyecto estratégico de biorrefinería multifuncional se encuentra parado por un presunto y flagrante sabotaje, cometido por diversos altos cargos de la Junta de Castilla y León”. Y sin pausa, añadió que “los hechos que han acontecido son gravísimos, porque atentan contra la propia Constitución y, además, ponen en riesgo 120 empleos directos y unos 1.200 indirectos, en una primera fase, y muchos miles más cuando el desarrollo estuviera completado con el polígono y energía verde”.
Y enfatizó en su discurso, al decir que “este modus operandi, presuntamente criminal, quiebra el ordenamiento, el sistema y el modelo de convivencia y, como es lógico, nuestro grupo, como emprendedores, como promotores, no lo puede permitir y por los denunciamos públicamente”.
Y anunció, de nuevo, lo ya conocido: “Hemos interpuesto una denuncia ante los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Zamora por presuntos graves delitos, continuados en el tiempo, en contra de nuestro desarrollo empresarial y, por otra, reiterar que no estamos dispuestos a rendirnos. No como no lo hemos hecho desde hace 15 años. La denuncia la he puesto yo personalmente y, en los próximos días, la empresa”.
También le dedicó tiempo al presidente nacional del PP: “Le invitamos a venir al Sr. Casado a Barcial del Barco, para que así pueda conocer, de primera mano, a aquellos que están atentando, de modo cierto, contra la remolacha. No se tiene que ir muy lejos, los tiene en su propia cada, en el PP, y los tenía como socios de Gobierno de Castilla y León hasta hace muy poco”. Y le pregunto a Casado: “¿A quién defiende usted? ¿A quiénes defienden ustedes? ¿A los agricultores? ¿A los ganaderos? Con el flagrante y presunto sabotaje a la biorrefinería de Barcia queda claro que no. Lo que defienden es otra cosa y otros intereses”.
Además de las críticas generalizada hacia la Junta, también agradeció a la Diputación “todos los esfuerzos realizados y le solicitamos que ceda los terrenos a los promotores del proyecto de biorrefinería de Barcial en el presente mes de febrero, cumpliendo así con el compromiso adquirido. Igualmente, instamos a que la propia Diputación, conocedora ya, a través del propio presidente, de los graves hechos que han acaecido, se sume a nuestra solicitud de amparo al Gobierno de España”.
El Día de Zamora preguntó a Vicente Merino si la única solución que hay para el proyecto pasa por la Justicia, a lo que respondió el ingeniero que “no, porque lo lleva el departamento Jurídico. Lógicamente fueron hechos que había que denunciar, y yo me anticipé a las reuniones realizadas antes de Navidad, de ahí la primera denuncia formulada en mi nombre y en mi propio derecho como socio y propietario industrial de cuatro patentes, y ya he dicho que la empresa también se va a sumar. Pero eso ya es un asunto del departamento Jurídico. En mente, está el buscar soluciones, pero lo que ocurre ahora mismo, en base a quien realizado estos hechos, es el Gobierno de España quien puede dar otra vez a las empresas interesadas un marco de seguridad”.




















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