Nuestra provincia perdió más de un 20 % de los agricultores en los últimos 12 años

Castilla y León es la comunidad autónoma más extensa del país y de Europa, con algo más de 94.000 km2, una extensión que supera a la de 17 países de la UE. La superficie que ocupan aproximadamente en km2 por provincias es la siguiente:
Ávila: 8.050 km2
Burgos: 14.300 km2
León: 15.570 km2
Palencia:. 8.052 km2
Salamanca: 12.350 km2
Segovia:  6.800 km2
Soria: 10.303 km2
Valladolid:  8.110 km2
Zamora:10.561 km2

La población actual en Castilla y León, según el último censo del INE, apenas llega a los 2.400.000 habitantes. Con estas cifras, la ratio de población nos sitúa en alrededor de 25 habitantes por km2. La pérdida de población viene de décadas atrás y ha supuesto que en los últimos treinta años el número de habitantes haya caído en 150.000 personas. A día de hoy, el 70 % de los municipios castellano y leoneses se encuentran en situación de desierto demográfico al no rebasar el umbral de los 10 habitantes por kilómetro cuadrado.  

La pérdida de profesionales del medio rural es generalizada en toda nuestra comunidad autónoma, pero Zamora es la segunda provincia en la que esta hemorragia ha sido más acuciante, solo por detrás de León. Los profesionales del sector agrario han descendido algo más de un 20 % en los últimos 12 años, pasando de 6.016 del año 2009 a los 4.660 de la actualidad.

Según datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo de la Junta de Castilla y León Rural la superficie total declarada de PAC en Castilla y León en 2021 superó los 5,2 millones de hectáreas. Los cereales (excepto el maíz), los pastos, los barbechos, las oleaginosas y las leguminosas forrajeras son las que ocupan las mayores extensiones. Con estos datos, podemos observar el elevado número de superficie PAC declarada en Castilla y León con respecto al país. 61678 agricultores y ganaderos de Castilla y León se repartieron 808 millones de € en ayudas directas procedentes de la Política Agrícola Común (PAC) en 2021 en Castilla y León. 8832 agricultores y ganaderos de Zamora percibieron 84 millones de € en ayudas. Zamora es la provincia de Castilla y León con más beneficiarios de ayudas PAC, pero la sexta en cuantía percibida. Hay que destacar que el número de profesionales del medio rural en la provincia de Zamora en la actualidad es de 4660, si realizamos una simple resta con el número de perceptores de ayudas PAC en 2021 podemos observar que hay una gran diferencia.

La continua pérdida de profesionales del campo nos va a abocar irremediablemente a la presencia de no profesionales en las explotaciones agropecuarias (empresas de servicios, fondos de inversión, especuladores, inversores extranjeros, etc.) y por lo tanto van a gestionar grandes cantidades de superficie a su conveniencia para desarrollar proyectos que muchas veces no cumplen con los objetivos específicos de la PAC en su artículo 39 del Tratado Fundacional de la Unión Europea (TFUE) y que son los siguientes:

1. Incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico y asegurando el empleo óptimo de los factores de producción, en particular, de la mano de obra.
2. Garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola;
3.Estabilizar los mercados.
4. Garantizar la seguridad de los abastecimientos.
5. Asegurar precios razonables a los consumidores.

La movilidad de la tierra en nuestro país, al igual que en nuestra comunidad autónoma es baja, tanto en términos de compraventa como de arrendamiento de superficie rústica. Esto se debe a distintos factores, entre los que destacan: el valor afectivo de la tierra que va más allá de lo económico y frena la transmisión de éstas a personas ajenas a la familia, la existencia de presiones fiscales tanto para la compra de tierras como para su venta, el acaparamiento de tierras de mayor valor y calidad por parte de grandes explotaciones con mayor capacidad de compra o la presencia de no profesionales en el mercado de la tierra (como empresas, fondos de inversión e inversores extranjeros), tanto en propiedad como en arrendamiento con una visión especulativa.

Resolución compleja
El relevo generacional agrario y las dificultades en el acceso a la tierra representan un problema de resolución compleja, en el que intervienen elementos de los sectores menos tecnificados de la sociedad frente a los potenciales jóvenes agricultores que utilizan las nuevas tecnologías como herramienta necesaria en todos los aspectos de su vida. A ello, cabe sumarle las variables propias de la iniciativa empresarial, junto con cuestiones de política medioambiental, poblacional o económica.

El insuficiente relevo generacional en la agricultura se ha convertido en un importante reto social, ambiental y territorial. Son numerosas las iniciativas y actuaciones que se han realizado para intentar abordar los problemas del relevo generacional y del acceso a la tierra. El acceso a la tierra es uno de los principales problemas a los que se enfrentan los jóvenes que quieren comenzar en el sector agrario. Es necesario identificar las barreras que impiden el acceso a la tierra y nuevas formas o figuras de acceso a la tierra, para ello es ineludible realizar propuestas para fomentar la liberalización del mercado de la tierra.

Una revisión de la fiscalidad diferenciada -reducción de impuestos básicos-, tanto para propietarios, como potenciales compradores de fincas rústicas en territorios despoblados, el impulso de la agricultura a tiempo parcial como complemento a la fijación de población en el medio rural,  el desarrollo a gran escala utilizando las nuevas TIC del banco de tierras en Castilla y León, el fomento de la ganadería extensiva y agricultura ecológica y la reducción de la fiscalidad en los contratos de arrendamiento rústico pueden servir como base para fomentar la liberalización del mercado de la tierra.

Lucha contra el fraude
El precio de la tierra agraria es muy variable en función del tipo de uso y de la comunidad autónoma de que se trate, y además se ve condicionado por factores múltiples tales como parámetros y particularidades de índole técnico, condiciones agroclimáticas, el desarrollo agroindustrial, la especulación inmobiliaria, cambios de usos del suelo o el desarrollo de otros sectores económicos.

Con la entrada en vigor recientemente de la Ley de lucha contra el fraude que tuvo lugar el pasado 11-7-2021, a partir del 1 de enero de 2022 han entrado en vigor los valores de referencia de Catastro para determinar el valor que se presume es el de mercado y que constituye la base imponible para el pago del impuesto de sucesiones y donaciones –ISyD- y transmisiones patrimoniales -ITP-.

Tributar
Como se ha indicado, en estos casos, el contribuyente quedará obligado a tributar por el valor de mercado. Y, siendo este un concepto jurídico indeterminado, la Administración, si no está de acuerdo con el valor declarado por el contribuyente, deberá iniciar un procedimiento de comprobación de valores.

Hay excepciones a la aplicación de esta ley, como puede ser el caso de que no exista valor de referencia para ese bien de naturaleza rústica, en cuyo caso se aplicará el sistema de valoración propio de cada comunidad autónoma, en Castilla y León es por precios medios de mercado -PMM- o por dictamen de técnico de la administración, según sea el tipo de finca rústica de que se trate.

No debemos confundir el Catastro Inmobiliario, que es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos, y de características especiales con el SIGPAC, que es una aplicación informática SIG del Gobierno de España -Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente- que permite identificar geográficamente las parcelas declaradas por los agricultores y ganaderos. El sistema consta de un mosaico de ortofotos digitales que abarcan toda España, sobre las que, inicialmente, se superponen los planos parcelarios de catastro de rústica, de forma que, para cada referencia concreta, el sistema proporciona automáticamente la imagen en pantalla de la parcela referenciada.   
La agricultura y la ganadería en sus diversas variantes (tradicional, ecológica e intensiva), la selvicultura, la industria agroalimentaria y silvícola y el desarrollo rural en su conjunto pueden ser aliados muy importantes para construir territorios cohesionados, para mejorar su vigilancia, eficiencia, competitividad, la generación de empleo y la sostenibilidad social, ambiental, cultural y econó¬mica, así como para la gobernanza de estos.

Rafael J. Pérez de Vega.
Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural.