Manifiesto que se leerá mañana día 28 de abril, Día Mundial de la Salud en el Trabajo

Tras dos años de pandemia por la COVID-19, se ha puesto de manifiesto que la salud pública y la salud laboral deben de ir de la mano. Ha quedado patente que garantizar las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo ha sido una de las claves para contener y controlar la transmisión de virus en el conjunto de la sociedad.

Es el momento de empezar a evaluar los efectos que en términos de salud está teniendo esta tragedia. Más de 700.000 contagios y de 13.900 muertes en Castilla y León desde el inicio de la pandemia son la demostración más visible de la dimensión del problema, pero a medida que pasa el tiempo van aflorando otras cuestiones que afrontar, como las derivadas de los casos de COVID persistente, con consecuencias laborales para quienes lo sufren. En Castilla y León se estima que lo padecen en torno a 70.000 personas, por lo que urge poner en marcha políticas de prevención y de seguridad social específicas que aún no se están desarrollando.

La COVID-19 sigue sin ser incluida en el listado de enfermedades profesionales, lo que hace que muchas personas trabajadoras queden desamparadas y sin la prestación que merecen.

La pandemia también ha servido para poner en la palestra el grave problema de salud mental en nuestra sociedad. Los sindicatos ya veníamos denunciando con anterioridad como la precariedad y el deterioro de las condiciones de trabajo están afectando a la salud de la población trabajadora. Las patologías derivadas de la exposición a los riesgos psicosociales no se consideran como enfermedad profesional y los trastornos mentales apenas se notifican como accidente de trabajo.

Es imprescindible y urgente que el Gobierno de la Junta de Castilla León impulse las políticas públicas acordadas en el Diálogo Social para acabar con este problema.

Los accidentes de trabajo con baja repuntan un 23% en nuestra provincia respecto al año anterior, como cabía esperar después de un 2020 en el que disminuyeron por el frenazo de la actividad productiva debido al inicio de la pandemia. Si bien la incidencia de la siniestralidad se mantiene en valores inferiores a la etapa prepandemia, no es menos cierto que sigue estancada y no ha sido posible reducirla en la última década.

No nos podemos resignar a contabilizar más de 3.506 accidentes de trabajo y 2 muertes el año pasado en Zamora. Cuesta mucho digerir cómo año a año siguen produciéndose muertes por causas fácilmente prevenibles y evitables como las caídas en altura, golpes o atrapamientos. En este momento en que la actividad parece que vuelve a relanzarse gracias en parte, a la puesta en marcha de los proyectos asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, muchos de ellos destinados a sectores con alta siniestralidad, es esencial que el proceso venga acompañado de un impulso decidido a las políticas públicas activas en materia de prevención de riesgos laborales, así como de un aumento de la actividad inspectora.

Por otra parte, no debemos olvidarnos de las 51 enfermedades profesionales durante el 2021 en Zamora. En este sentido, el subregistro de enfermedades profesionales se ha intensificado durante el periodo de pandemia. El procedimiento de notificación y registro es absolutamente inoperante, priva a las personas trabajadoras del reconocimiento del origen laboral de su enfermedad y del acceso a las prestaciones a las que tienen derecho, además de tener un impacto directo en la prevención porque lo que no se registra no existe y, por lo tanto, no se previene.

Y si en algún tipo de patologías es especialmente escandalosa esta ineficacia es, en los cánceres de origen laboral. En Castilla y León, a lo largo del año 2021 sólo se ha comunicado UNA enfermedad profesional por agentes cancerígenos. Y eso cuando las estimaciones más prudentes elevan a más de 650 los casos anuales de cáncer por exposiciones laborales en nuestra Comunidad. Según datos del Ministerio de Sanidad, el coste total de los cánceres atribuibles al trabajo en Castilla y León es de 9.400.000 euros. Gasto que a día de hoy está asumiendo inmerecidamente el Sistema Público de Salud, cuando debieran ser las Mutuas las que lo asumieran.

Mención especial merece el amianto, un cancerígeno cuyo uso lleva 20 años prohibido y que seguirá causando enfermedad y muerte mientras no se elabore en Castilla y León un censo de instalaciones y emplazamientos que incluya un calendario para su retirada.

Debemos recordar que los poderes públicos españoles tienen una deuda con las personas que enfermaron por el amianto en tiempos en los que, a pesar de conocer sus efectos mortales, no se prohibió su uso. Por ello, hay que aprobar el fondo de compensación de las víctimas del amianto dando cobertura a las exposiciones laborales, familiares y ambientales, librándoles del calvario administrativo y judicial al que actualmente se ven sometidos para ver sus daños indemnizados.

A través del Diálogo Social, el Gobierno de España junto con los agentes sociales, hemos acometido políticas y cambios legislativos para afrontar los desafíos de la pandemia y de la precarización del sistema de relaciones laborales. Los ERTES, las subidas de SMI, la Ley Rider, la Ley del trabajo a distancia y, sobre todo, la reforma laboral, han supuesto un giro significativo en las políticas sociolaborales. La reducción de la temporalidad que ya se apunta en los primeros meses de vigencia de la reforma laboral será sin duda un vector de mejora de los indicadores de salud y seguridad en el trabajo.

Llevamos meses sufriendo una parálisis en las políticas públicas en prevención de riesgos laborales por parte de la Junta de Castilla y León, inaceptable a todas luces. Es urgente que la Junta de Castilla y León ponga en marcha las medidas acordadas en el VI Acuerdo para la prevención de riesgos laborales, dotándolas de los recursos suficientes que permitan reforzar el ejercicio de las propias autoridades públicas respecto a la prevención en las empresas y mejorar las condiciones de seguridad y salud de las personas trabajadoras.

Hay que recuperar las inversiones, redefinir el modelo preventivo, reforzar los instrumentos de asesoramiento, control e inspección y mejorar los mecanismos de coordinación actuales. Por otro lado, hay que incorporar la perspectiva de género en la prevención y abordar los riesgos derivados de las nuevas formas de organización del trabajo (digitalización, inteligencia artificial, teletrabajo, trabajo en plataformas), especialmente su impacto en los riesgos psicosociales y en la salud mental de las personas trabajadoras. Sin dejar de lado, los riesgos derivados de los efectos que el Cambio Climático tienen para la salud de los trabajadores y las trabajadoras.

También, es preciso ampliar los recursos humanos y materiales de la Inspección de Trabajo y de los organismos técnicos en Seguridad y Salud en el Trabajo, y una Fiscalía que aborde con más intensidad su acción en los delitos de riesgo y de daño a la salud de las personas trabajadoras. Tampoco puede faltar la creación del delegado o delegada de prevención territorial y/o sectorial para todas aquellas empresas en las que no disponen de representación sindical. Se deben incorporar al ordenamiento español directivas como las de cancerígenos o de radiaciones ionizantes sin rebajar los niveles de protección vigentes en España y sin incumplir los periodos máximos de trasposición, como viene sucediendo. Hay que actualizar el cuadro de enfermedades profesionales y cambiar su sistema de notificación por otro más operativo.

En definitiva, necesitamos situar la prevención de riesgos laborales en el centro de la recuperación y a las personas en el centro de todas las políticas. Desde UGT y CCOO de Castilla y León, apostamos por una salida de la crisis más solidaria, equitativa, justa y que garantice una adecuada protección social, con reformas en los sistemas productivos que apuesten por la calidad y el valor añadido del factor humano. Cualquier acción que busque una recuperación económica post-covid debe considerar las políticas en prevención de riesgos laborales en su marco de actuación y lo debe hacer mediante una acción coordinada entre las diferentes administraciones públicas y con la participación de los interlocutores sociales.

Se abre una nueva era política en nuestra CCAA. Ha llegado el momento de resituar, sin ambages, las políticas preventivas en el epicentro de la acción del Gobierno. Porque la salud laboral, es un derecho fundamental del trabajo.