Juan García-Gallardo Frings recorta las subvenciones a sindicatos y patronal y rompe con el diálogo social

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo Frings, ha anunciado este lunes la reducción de subvenciones a sindicatos, patronal y agentes sociales en general, por importe de más de 20 millones de euros.

"También se implementarán mejoras de la eficiencia del gasto, mediante la transformación en concurrencia competitiva de las subvenciones directas gestionadas por los mismos actores y que no estén afectadas por las anteriores medidas", según explicó.

"El objetivo de la Junta para el próximo presupuesto 2022-2023 pasa por reducir en no menos de un 50 % el dinero público que reciben los agentes sociales en Castilla y León". La primera Consejería en dar forma a este compromiso es la de Empleo, Comercio e Industria, con un plan de recorte que revisa todas las partidas públicas entregadas a los agentes sociales. El titular de la Consejería, Mariano Veganzones, también de Vox, se encargó de detallar junto a García-Gallardo tanto los conceptos que se recortan a la mitad como los que desaparecen:

-Los 4.000.000 de euros que hasta ahora han recibido CCOO, UGT y CEOE en concepto de subvenciones nominativas para participación institucional en Castilla y León quedarán rebajados a la mitad en el próximo presupuesto.

-Las subvenciones directas para diálogo social y prevención de riesgos laborales, otros 3.600.000 millones de euros que también recibían CCOO, UGT y CEOE, se suprimen por completo. El dinero ahorrado se invertirá en una mayor dotación de personal en las Oficinas Territoriales de Trabajo que realizan esta misma función.

-También se eliminan al 100 % las subvenciones, 160.000 euros, a las cuatro cátedras relacionadas con la actividad de las asociaciones sindicales y patronales.

Otro capítulo de dinero público dedicado hasta ahora a agentes sociales que se revisa es el de las subvenciones para la realización de actuaciones en el marco del Servicio Público de Empleo. En concreto:

-12.000.000 para acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo. 

-800.000 euros para acciones orientadas a trabajadores ocupados.

-925.000 para la integración social y laboral de la población inmigrante.

En total, con el primer programa de ajuste que ayer presentó el vicepresidente de la Junta los agentes sociales de Castilla y León dejarán de recibir 20 millones de euros pagados por los contribuyentes, con el compromiso de invertirlos en políticas sociales de atención prioritaria.

Para García-Gallardo Frings, este es un acuerdo sobre el que el Gobierno de coalición ha mostrado “su absoluta convicción”, al tratarse de uno de los puntos que suscribieron tanto PP y Vox para la conformación del Ejecutivo. El vicepresidente -además- ha subrayado que con esta medida se empieza a cumplir el compromiso de recortar “en al menos un 50 % el gasto público institucional que no acredita su beneficio para los ciudadanos”.