La cuestión nacional

   Las muchas deficiencias técnico- jurídicas de la Constitución del setenta y ocho vienen compensadas por lo que allegó de espíritu de concordia, superando odios cainitas heredados de un periodo infausto de nuestra historia, materializado en la tragedia de la Guerra civil. El carácter benéfico de la actual Carta Magna no cede ante la voluntad fanática que, de la mano de ideologías e intereses espurios, lleva cuarenta años amenazando la paz y la convivencia. Mas ello no significa ignorar la falacia implícita al artículo segundo de nuestra Ley fundamental, desde la confusión entre nación y nacionalidad, puestas poco menos que en pie de igualdad en beneficio de los separatismos vasco y catalán, sin excluir otras reivindicaciones y fantasmales entelequias. Error cometido en su día por razones de oportunidad imputables a un PSOE rehén de su memoria, y que no se sostiene bajo el punto de vista doctrinal ni político.

   De acuerdo con el espíritu de nuestra Constitución, la única nación existente y posible es España como organización humana definida por una acreditada permanencia, en base al patrimonio de su lengua, cultura y tradición, cual elementos de una identidad forjada a lo largo de siglos. De constitución “interna” hablaba Cánovas, no necesariamente perfeccionada en origen por la cualidad o, si se prefiere, virtud democrática. Frente a esa realidad inseparable de un Estado, las “nacionalidades”, o más bien regionalismos catalán, vasco, gallego y el resto que lo pretenda, no pasan de hipótesis, de posibilidad jamás efectuada con arreglo a factores prevalentes, debido a la falta de proceso capaz de vertebrar una auténtica nación, acompañada de su propio Estado. Cierto que, en el mundo contemporáneo, las revoluciones liberales contribuyeron a acelerar e incluso fortalecer las identidades nacionales, ligadas a sus respectivas organizaciones estatales. Pero nada de esto se advierte bajo la panoplia de unas peregrinas “nacionalidades” que ni siquiera alcanzan tal condición, dado que su potencialidad en el camino hacia una estructura estatal no es ni fue jamás efectiva, desde la ausencia tanto de desarrollo diferencial, como del acto revolucionario que, por medio de la insurrección y la fuerza, avalaría de hecho tal aspiración.

   Las “nacionalidades” internas ambicionando la igualdad con la nación española, naturalmente a costa de la destrucción de ésta y la quiebra de su legítima unidad, lo único que exhiben en orden a sus pretensiones es el movimiento “revolucionario” de organizaciones terroristas que nunca pasaron de marginales, y el no menos “revolucionario” oportunismo de oligarquías partitocráticas dispuestas a parasitar la debilidad consentida del único Estado real, acudiendo a la presión o el mercadeo político. La gran anomalía constitucional que padecemos, en paralelo al cambio de régimen hoy en curso, es la dejación y renuncia a los instrumentos que la  Carta Magna pone en manos del Estado y sus altas instituciones, para hacer valer de una vez la indiscutible jerarquía de la Nación surgida de un proceso secular, así como de una revolución liberal que vino a consagrarla en su plena identidad.