Por el mero hecho de ser mujer

Más allá de la ideología partidista, es conocida la responsabilidad de la socialdemocracia europea en el impulso de las políticas de igualdad, en particular de las de género.

En el caso de España, y sólo 114 años antes de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género –referente europeo e internacional en la materia, obrado bajo el mandato de Rodríguez Zapatero–, fue de nuevo Pablo Iglesias Posse el primero que escribió reiteradamente en la prensa española (El Socialista) contra el maltrato de las mujeres, según relata Alfonso Guerra. Incluso venía a afirmar que “Del partido socialista forman parte las mujeres, y es natural que así sea, porque si los hombres necesitan emanciparse ellas lo necesitan más, pues es mayor su esclavitud…”.

Y apuntaba Matilde Fernández –ministra de Asuntos Sociales bajo el mandato de González–, que, de hecho, tales reivindicaciones igualitarias se tenían como burguesas y amenazantes por los propios trabajadores, debido al temor a perder su espacio laboral por precario que fuera.

Lo cierto es que de entre todas las “desigualdades de género” la más grave es la que se manifiesta con “violencia” –en particular con “violencia machista”–, tanto por atentar contra la integridad personal, psíquica y física (incluyendo la agresión a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones, etc.), como por poder atentar contra la vida (Art. 15 CE).

Todo por el mero hecho de ser mujer; sea o haya sido cónyuge, mantenga o haya mantenido una  relación de afectividad, aun sin convivencia y entre otras circunstancias, tal y como recoge nuestro Código Penal (Art. 153 CP).

Quienes critiquen estos días a la Ley de Protección Integral de Violencia de Género (LPIVG) como una “ley de ideología de género”, justificando superficialmente y sin mayores planteamientos que “persigue al hombre, es discriminatoria y anticonstitucional”, deben saber que estarán sosteniendo, precisamente, una “ideología machista”.

O, en otros términos, tal vez no hayan comprendido la naturaleza estructural de este tipo de  desigualdad de género, asentada sobre tres elementos capitales, además de nuestro sistema cultural de inercia patriarcal: discriminación, desigualdad y dominio (3-D) o subordinación de la mujer al hombre, algo en lo que estuvieron unánimemente de acuerdo todos los grupos  políticos que la votaron.

En este contexto propuesto por la Ley de Violencia de Género, “discriminar” significa afirmar y proyectar la desigualdad de género de manera consciente, atentando contra la dignidad (el valor de lo aceptable) por el hecho de ser mujer.

Quienes justifican que “tanto vale el tortazo de un hombre a una mujer como el de una mujer a un hombre”, se quedan en el titular televisivo, olvidando que las 3-D (discriminación, desigualdad, dominio machista) constituyen la diferencia, y son componentes que normalmente  no se dan en la relación mujer-hombre, ni en el fondo ni en la forma ni en los datos de víctimas actuales que conocemos.  

Por ejemplo, con datos oficiales del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén a 28/02/2019) del Ministerio del Interior, del total de 485.399 víctimas y 57.134 casos activos, se encuentran en riesgo bajo 26.691 mujeres; en riesgo medio, 5.183; en riesgo alto 179, y en riesgo extremo de ser asesinadas 10 mujeres. Amén de las 984 víctimas mortales desde 2003, año de comienzo de registro hasta hoy.

Tampoco el ámbito doméstico o familiar es lo relevante, sino un contexto. Mientras tanto, la  “violencia de género” es una estructura que exige ser desarraigada, con independencia de dónde se dé. En definitiva, se trata de realidades sociales y jurídicas distintas, de conductas y delitos distintos.

Por el mismo fundamento solemos abordar la “violencia de género” desde la óptica de las “políticas de igualdad”; y la “violencia familiar o doméstica” desde el marco de las “políticas de familia”, siendo ambas “políticas públicas sociales”.

Así lo entendió el «Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la ‘violencia sobre la mujer’ y la ‘violencia doméstica’» (Convención de Estambul, firmado por España en 2011 y ratificado en 2014), distinguiendo específicamente ambos ámbitos regulados y otras exigencias sobre igualdad que como país debemos corregir (educación).

En la misma medida, pretender desvirtuar los progresos y avances obtenidos con la LPIVG mediante la exposición de datos sesgados sobre denuncias falsas (23 denuncias falsas, frente a 166.260 denuncias por violencia de género, es decir 0,014% sobre el total, según memoria de la Fiscalía General del Estado, 2017), constituye una falta de respeto a las víctimas.

Es destacable el hecho de que el Gobierno de Sánchez recuperara para el municipalismo en 2018 las competencias, presupuesto y recursos sociales de igualdad y contra la violencia de género, derogando en este ámbito las limitaciones económicas y de servicios sociales en forma de empleo (“ahorro neto de recursos”) introducidas por mandato de Rajoy en 2013 (Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local).

En definitiva, el presupuesto en este ámbito parece razonable que deba ser cogestionado, aunque escrupulosamente fiscalizado, por la Administración más próxima al ciudadano y a las víctimas; considerando a un tiempo la impagable labor de las asociaciones de atención y apoyo de mujeres, el ejercicio de las profesiones libres a través sus colegios (psicólogos, abogados y mediadores), y las entidades y organizaciones sociales y religiosas con planes de trabajo sólidos en la materia.

Hoy, 8 de marzo, es Tiempo de Mujeres; y más que nunca decimos no al pensamiento único, a los discursos de titulares sensacionalistas que expresan retórica de valores y exclusión. Más bien, los problemas estructurales (desigualdad) requieren medidas integrales y pensamiento crítico. Se llama progreso, todo por ser mujer.

Tengan un buen día.

Jesús García De León

@garciadeleonj