DENUNCIA
Ciudadanos y el Partido Popular legalizan el “fracking” en Castilla y León
Actividad minera que consiste en extraer gas esquisto del subsuelo por métodos no convencionales
Asociación Terra SOS-tenible y las Plataformas anti-minería de Castilla y León
La devastación del mundo rural y de su red de acuíferos por los innumerables proyectos mineros en marcha en Castilla y León, cuenta ya con otro instrumento de despoblación masiva. La explotación de gas esquisto que había sido paralizada por muchos ayuntamientos será ahora posible gracias a estos dos partidos, que con el eufemístico pretexto de la creación de puestos de trabajo y de una “minería sostenible”, aprobaron la modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, para incluir la minería energética. La citada modificación entró en vigor el día mismo de su publicación, el pasado 16 de abril, sin respetar los trámites de información pública ni de recurso por parte de la sociedad civil.
Esta actividad minera que consiste en extraer gas esquisto del subsuelo por métodos no convencionales, mediante la fractura hidráulica de la roca por inyección a presión de químicos secretos, fue prohibida en Nueva York en 2014 y en el Estado de Maryland (USA) como consecuencia de un informe del Departamento de Salud. A estas prohibiciones se sumaron Escocia, Gales, Lancashire, (Reino Unido), Holanda, Irlanda del Norte y Castilla la Mancha. Este “compendio” realizado por científicos y médicos neoyorkinos ilustra los peligros y perjuicios del “fracking” resumiéndolos así: “hallazgos de investigaciones científicas, médicas y periodísticas indican que el fracking representa una importante amenaza para el aire, el agua, la salud, la seguridad pública, la estabilidad sísmica y climática, la cohesión comunitaria y la vitalidad económica a largo plazo. Los datos que surgen de un creciente cuerpo de evidencia continúan revelando una plétora de problemas y daños recurrentes que no pueden ser evitados o no pueden serlo de manera suficiente por medio de marcos regulatorios. En palabras del destacado pediatra Jerome Paulson, no existe evidencia de que… el fracking pueda llevarse a cabo sin ocasionar riesgos para la salud humana...Toda aseveración acerca de su seguridad está basada en ilusiones.”653
Como afirma en su prefacio, “desde que fue presentado originalmente por “Concerned Health Professionals of New York” el 9 de julio de 2014, el Compendio, - traducido a varios idiomas entre los cuales el castellano -, ha sido usado y referenciado en todo el mundo, destacando su adopción por la Unión Europea, Sudáfrica, El Reino Unido y Australia. A pesar de ello, a nuestros políticos, tanto los de la vieja como los de la nueva casta, les ha importado muy poco la seguridad y la salud pública.
La Junta de Castilla y León, que ha empeorado con creces la ley franquista de minas de 1973 sin ningún respeto por el medio ambiente, ha querido usurpar nuevamente la autonomía local prevista en la Constitución Española, para mangonear a su grado el territorio de los pueblos poniéndolo al servicio de la especulación multinacional. Esta modificación que se llevó a cabo para “desbloquear” proyectos mineros en Castilla y León como consecuencia de los recursos de las plataformas ciudadanas, se dejó sentir rápidamente en Zamora y Salamanca con la aprobación, a las pocas horas de su publicación en el BOE, de proyectos mineros “pendientes”, demostrando así una connivencia institucional descarada. No obstante, una modificación de semejante calado es a todas luces inconstitucional y será recurrida al Contencioso, por las Plataformas anti-minería en Castilla y León, con petición expresa de paralización cautelar de su aplicación. De hecho, no es la primera vez, que por menos, el Tribunal Constitucional le ha anulado leyes fabricadas a la carta, a nuestros legisladores regionales. Toda una vergüenza…
Esta noticia, que no ha salido en ningún medio de comunicación, ni ha sido denunciada por ningún conocido grupo ecologista, es suficientemente grave como para que los castellano-leoneses votemos en consecuencia. Ni Ciudadanos ni el Partido Popular deberían llevarse un solo voto del mundo rural. Este saqueo programado de nuestro territorio solo puede pararse botando fuera a nuestros nefastos políticos. No hay otro modo más rápido ni eficaz.
Asociación Terra SOS-tenible y las Plataformas anti-minería de Castilla y León
La devastación del mundo rural y de su red de acuíferos por los innumerables proyectos mineros en marcha en Castilla y León, cuenta ya con otro instrumento de despoblación masiva. La explotación de gas esquisto que había sido paralizada por muchos ayuntamientos será ahora posible gracias a estos dos partidos, que con el eufemístico pretexto de la creación de puestos de trabajo y de una “minería sostenible”, aprobaron la modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, para incluir la minería energética. La citada modificación entró en vigor el día mismo de su publicación, el pasado 16 de abril, sin respetar los trámites de información pública ni de recurso por parte de la sociedad civil.
Esta actividad minera que consiste en extraer gas esquisto del subsuelo por métodos no convencionales, mediante la fractura hidráulica de la roca por inyección a presión de químicos secretos, fue prohibida en Nueva York en 2014 y en el Estado de Maryland (USA) como consecuencia de un informe del Departamento de Salud. A estas prohibiciones se sumaron Escocia, Gales, Lancashire, (Reino Unido), Holanda, Irlanda del Norte y Castilla la Mancha. Este “compendio” realizado por científicos y médicos neoyorkinos ilustra los peligros y perjuicios del “fracking” resumiéndolos así: “hallazgos de investigaciones científicas, médicas y periodísticas indican que el fracking representa una importante amenaza para el aire, el agua, la salud, la seguridad pública, la estabilidad sísmica y climática, la cohesión comunitaria y la vitalidad económica a largo plazo. Los datos que surgen de un creciente cuerpo de evidencia continúan revelando una plétora de problemas y daños recurrentes que no pueden ser evitados o no pueden serlo de manera suficiente por medio de marcos regulatorios. En palabras del destacado pediatra Jerome Paulson, no existe evidencia de que… el fracking pueda llevarse a cabo sin ocasionar riesgos para la salud humana...Toda aseveración acerca de su seguridad está basada en ilusiones.”653
Como afirma en su prefacio, “desde que fue presentado originalmente por “Concerned Health Professionals of New York” el 9 de julio de 2014, el Compendio, - traducido a varios idiomas entre los cuales el castellano -, ha sido usado y referenciado en todo el mundo, destacando su adopción por la Unión Europea, Sudáfrica, El Reino Unido y Australia. A pesar de ello, a nuestros políticos, tanto los de la vieja como los de la nueva casta, les ha importado muy poco la seguridad y la salud pública.
La Junta de Castilla y León, que ha empeorado con creces la ley franquista de minas de 1973 sin ningún respeto por el medio ambiente, ha querido usurpar nuevamente la autonomía local prevista en la Constitución Española, para mangonear a su grado el territorio de los pueblos poniéndolo al servicio de la especulación multinacional. Esta modificación que se llevó a cabo para “desbloquear” proyectos mineros en Castilla y León como consecuencia de los recursos de las plataformas ciudadanas, se dejó sentir rápidamente en Zamora y Salamanca con la aprobación, a las pocas horas de su publicación en el BOE, de proyectos mineros “pendientes”, demostrando así una connivencia institucional descarada. No obstante, una modificación de semejante calado es a todas luces inconstitucional y será recurrida al Contencioso, por las Plataformas anti-minería en Castilla y León, con petición expresa de paralización cautelar de su aplicación. De hecho, no es la primera vez, que por menos, el Tribunal Constitucional le ha anulado leyes fabricadas a la carta, a nuestros legisladores regionales. Toda una vergüenza…
Esta noticia, que no ha salido en ningún medio de comunicación, ni ha sido denunciada por ningún conocido grupo ecologista, es suficientemente grave como para que los castellano-leoneses votemos en consecuencia. Ni Ciudadanos ni el Partido Popular deberían llevarse un solo voto del mundo rural. Este saqueo programado de nuestro territorio solo puede pararse botando fuera a nuestros nefastos políticos. No hay otro modo más rápido ni eficaz.



















Hipatia | Miércoles, 24 de Abril de 2019 a las 14:34:55 horas
Madre mía! Lo del PP en esta Comunidad Autónoma es de juzgado de guardia... y como ahora no pueden perpetrar sus leyes solos, acuden en su ayuda Ciudadanos. Por favor que se vayan ya, o no va a quedar ni un solo palmo de naturaleza ni de gente en el mundo rural en Castilla y León
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