Adiós a las 35 horas para los funcionarios de la Junta de Castilla y León

“La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, prorrogada para 2019, establece que solo podrán volver a la jornada de 35 horas las administraciones que hayan cumplido los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto”, ha recordado hoy Francisco Igea, cierto, pero, según le recuerdan los sindicatos, "la notificación oficial manifestaba el cumplimiento por parte del Gobierno de Castilla y León de los tres objetivos", por lo que las partes firmantes (Junta y organizaciones sindicales) acordaron “recuperar la jornada laboral de 35 horas, volviendo a la situación previa a la entrada en vigor de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de medidas Tributarias, Administrativas y Financieras".

Este acuerdo, firmado antes de las pasada elecciones autonómicas, garantizaba que la implantación efectiva de la jornada de 35 horas se realizará a partir del 1 de junio de 2019, algo que ocurrió en parte entre los funcionarios autonómicos durante el verano, no en el caso del sector de la enseñanza, que se ha sentido menospreciado y engañado por el equipo de gobierno de Mañueco.

El acuerdo firmado, entienden desde UGT y CC.OO., vinculaba la recuperación de las 35 horas (efectiva en otras comunidades autónomas) "no a los presupuestos, sino al cumplimiento de déficit, deuda y regla de gasto de 2018".

Para CCOO y UGT, "la posición de la Junta de Castilla y León supone un flagrante incumplimiento, ya que no respeta el acuerdo firmado con Función Pública y el consejero de Presidencia del Gobierno del PP el pasado mes de mayo". Denuncian que "el Gobierno autonómico tiene la obligación de cumplir lo firmado con los representantes sindicales de sus empleados".

"No aceptamos que el gobierno de la Junta de Castilla y León se escude en la ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para incumplir lo que firmaron. Esta ausencia no es ningún impedimento para que se elaboren unos presupuestos autonómicos, tal y como se está llevando a cabo en otras comunidades autónomas, e, incluso, como ha sucedido en los Presupuestos de 2018 que se aprobaron sin existir unos PGE".

"Es más cómodo, para el gobierno autonómico, escudarse en la falta de PGE para incumplir los acuerdos que firma, que sentarse a trabajar y elaborar los presupuestos para Castilla y León".

Anuncian, desde los sindicatos, un incremento de las movilizaciones de protesta, "si el gobierno de Fernández Mañueco, desaparecido por el momento, no rectifica y sigue adelante con el incumplimiento del acuerdo firmado".