Redacción
Sábado, 23 de Mayo de 2020
COVID-19

Querella contra Fernando Simón y Sanidad, por un delito de homicidio imprudente

Aún no ha sido admitida a trámite

Los familiares de una fallecida con COVID-19 acusan al director del Centro de Alertas Sanitarias y al resto de responsables de Sanidad de un delito de homicidio imprudente.

Fernando Simón, en una de sus comparecencias

 

Los familiares de una fallecida con COVID-19 en un centro hospitalario de Mostoles el pasado 19 de marzo consideran responsable a Fernando Simón del delito de homicidio imprudente y de falsedad documental por su gestión, al entender que se comunicaron "una serie de directrices erróneas y contradictorias", por lo que solicitan, como medida cautelar, que se le retire el pasaporte y se le prohíba salir del país.

 

Los responsables del Ministerio de Sanidad, según el escrito presentado, también estarían incluidos en la querella, que parece mantener una línea similar a las bases del homicidio imprudente del Madrid Arena.

"Es sobradamente público y notorio que España ha sufrido las peores consecuencias provocadas por la pandemia del COVID-19 de todo el planeta, con el resultado de al menos 27.700 muertes oficiales, aunque se sospecha que hay muchas más en atención a los datos que obran en los Registros Civiles. Entendemos que la mayor parte de la responsabilidad se debe al asesor experto del Gobierno".

 

Consideran que "la mayor parte de la responsabilidad se debe a que el asesor experto del Gobierno, el querellado, ha ido comunicando públicamente una serie de directrices erróneas y contradictorias, haciendo creer a toda población que el impacto del COVID-19 en nuestro país sería mínimo".

 

Culpan al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de no haber escuchado las advertencias de la OMS y de haber menospreciado lo que estaba ocurriendo en Italia. Sus previsiones "han sido fatales pues provocaron, que de forma generalizada se bajase la guardia hasta tal punto que no se llegó a hacer acopio de medios de prevención para hospitales y ni para que la población en general pudiese trabajar y desarrollar su vida cotidiana con garantías de salud, condenando a millones de personas al desempleo o precariedad laboral".

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