Las Cortes rechazan que certifiquen los alumnos de las Escuelas Oficiales de Idiomas, a pesar de haber aprobado

El grupo parlamentario socialista de Castilla y León ha llevado hoy ante las Cortes de la comunidad la injusta situación que están viviendo los alumnos de las Escuelas Oficiales de Idiomas que han optenido el APTO durante el curso, pero no podrán certificar, por decisión de la Consejería de Educación. Así, los socialistas han pedido que puedan certificar, sin necesidad de volver a evaluarse más adelante, aunque su propuesta ha sido rechazada, con los votos en contra de PP, Cs y Vox.

Los socialistas han puesto voz al descontento de este alumnado, que sí ha sido abandonado y se ha quedado atrás, mientras en el resto de enseñanzas oficiales dependientes de la Junta se ha aprobado solo con las clases presenciales o se han habilitado opciones de exámenes en julio, como ocurre en estos días con la EBAU. Pero, como dicen muchos de ellos, "los estudiantes de Escuelas oficiales de Idiomas no tenemos padres que presionen".

Los estudiantes afectados, que cursan los niveles Básico (A1 y A2), Intermedio (B1 y B2) y Avanzado (C1 y C2), presenciales y de That's English, de las diez lenguas que se pueden estudiar en la Castilla y León (alemán, inglés, francés, italiano, portugués, ruso, chino, gallego, euskera y español como lengua extranjera) han exigido una respuesta equitativa con otras comunidades autónomas que permita obtener la certificación que expiden las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla y León en el curso 2019-2020, antes del mes de septiembre.

"Todos, profesionales y estudiantes, hemos puesto mucho de nuestra parte para mantener el proceso de enseñanza-aprendizaje y adaptarnos a las diversas metodologías online. Asimismo, entendemos que en el presente escenario se han tomado numerosas y complejas medidas y decisiones para procurar el bien común y que ningún alumno quedara relegado. Sin embargo, este no es el caso del estudiantado matriculado en las EEOOII de Castilla y León, que ha quedado privado de sus derechos formativos e impedido para la progresión académica y laboral".
 

Recuerdan que Escuelas Oficiales de Idiomas en la comunidad de Castilla y León "no han facilitado los medios necesarios para garantizar el derecho de los alumnos a unas pruebas de certificación adaptadas a la situación de excepcionalidad ocasionada por la pandemia del COVID-19 durante el curso", pero tampoco se puede garantizar que se pueda realizar algún tipo de prueba presencial en septiembre.

Por otra parte, la única opción que se les ha dado es examinarse en primera y segunda convocatoria en septiembre, sin tiempo "para adquirir madurez en una lengua y que la recuperación goce de pleno sentido. (La convocatoria ordinaria habitual tiene lugar en junio y la extraordinaria, tres meses después, en septiembre)".

Además, "se produce una injusta desigualdad respecto a la certificación en cursos anteriores. No es lo mismo afrontar el examen al término del curso que tres meses después de la finalización del mismo. Casi cuatro meses sin docencia –desde finales de mayo hasta las fechas propuestas septiembre– unidos al cese de la docencia presencial, son demasiado tiempo como para afrontar un examen de certificación con garantías de éxito en el mes de septiembre y en las mismas condiciones a cómo habría sido de celebrarse coincidiendo con el final de curso".

El hecho de desvincular la promoción del curso de la obtención del certificado contradice el artículo 61.1 de la Ley Orgánica de Educación de 2006: “La superación de las exigencias académicas establecidas para cada uno de los niveles de las enseñanzas de idiomas dará derecho a la obtención del certificado correspondiente, cuyos efectos se establecerán en la definición de los aspectos básicos del currículo de las distintas lenguas”.
 

No se han tenido en consideración las bases de la Instrucción de 17 de abril de 2020, de la Dirección General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, relativa al desarrollo de la actividad educativa durante el tercer trimestre y la evaluación final del curso académico 2019-2020, al no respetar los principios de la base quinta.2, según la cual “además de los instrumentos usuales de evaluación, que se deberán ajustar en todo caso a la situación actual, se fomentará el uso, en la medida de las posibilidades, de cuestionarios o pruebas a través de soportes digitales, pruebas orales mediante aplicaciones informáticas, porfolios digitales, la autoevaluación y coevaluación, entre otros”.
 

Sin duda, existe un trato discriminatorio con respecto al resto de enseñanzas públicas en sus diferentes etapas y con otras de régimen especial: los estudiantes de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria y los de 2º de bachillerato han podido titular en junio, la Formación Profesional ha certificado al alumnado sin realizar las prácticas correspondientes sustituyéndolas por la entrega de trabajos y los estudiantes de sexto curso de Enseñanzas Profesionales de Músicas matriculados en los Conservatorios Profesionales de Música de Castilla y León han podido titular mediante la realización de grabaciones y recitales online.

Aplazar el examen de certificación al mes de septiembre bloquea a miles de personas que necesitan demostrar su cualificación para diversos fines, tales como el acceso a estudios superiores, bolsas de empleo o puestos de trabajo en instituciones entre cuyos requisitos se exige un cierto nivel de idioma; promoción profesional; puntuación en el baremo del funcionariado; concurso de traslados, etc. Este impedimento, a su vez, conlleva un gran malestar emocional y psicológico debido al hecho de ver mermadas sus oportunidades presentes y, por tanto, verse obligados a esperar un año más por no disponer de la certificación en su debido tiempo.



Por eso, alumnos reunidos dentro del grupo en redes sociales "Certificacion Eoi-cyl", solicitan que los alumnos que fueron Aptos en la promoción por el proceso de evaluación continua o mediante los exámenes realizados a tal efecto en el mes de junio, que se vieron en la disyuntiva de elegir entre su derecho a promocionar o poder repetir curso en el caso de suspender el examen de certificación, recuperen su calificación de Aptos para que puedan certificar cuando la promoción se entienda como equivalente a la certificación. Tal y como hoy ha defendido el grupo socialista en las Cortes.