Nos okupa

Bullen los noticiarios manteniendo esa espesa cortina de humo que nos aleja de los problemas más graves de España: la economía que baja en caída libre, el paro ascendiendo cada día, un curso escolar incierto, ningún político que da la cara en el Congreso para tratar estos gravísimos problemas… bullen, digo, los telediarios de forma monográfica con dos noticias de capital importancia: una es el coronavirus y sus devastadores efectos, con una proliferación exhaustiva de cifras de contagios pormenorizados por zona, región y comunidad autónoma, pero sin existir un acuerdo global para hacer frente al virus una vez el gobierno ha dejado el tema en manos de las comunidades autónomas; y el otro que trataré en este artículo: los desahucios, o mejor dicho, las ocupaciones ilegales que se están produciendo cada vez con mayor frecuencia; ya no son hechos aislados, sino que llevamos mucho tiempo padeciéndolos y, como en muchos otros casos importantes, no existe una ley para proteger a los propietarios y poner coto a estos desmanes y el gobierno –de nuevo- se desentiende del problema.

El movimiento okupa ha tenido gran repercusión en Europa y países de Hispanoamérica y su modus operandi consiste en instalarse en cualquier edificio vacío, a menudo con animales de compañía, como un gesto de protesta contra la especulación inmobiliaria, y para no pagar una vivienda. Sin embargo, los okupas ya no son los originarios rastafaris, tiraboleiros o perroflautas que vivían en la calle, entre desocupados y mendicantes, en unas precarias condiciones de vida y utilizaban los edificios ya fuera con fines sociales, como lugar de reunión o como viviendas, rebelándose en las ciudades contra lo socialmente establecido, en busca siempre de un mundo alternativo, sin normas que cumplir; ahora son parejas con hijos o grupos de jóvenes que se creen con derecho a entrar en un domicilio particular y disfrutar de las ventajas y comodidades que a su dueño tanto le costó conseguir; se adueñan, pues, no solo de un espacio físico; se adueñan de la intimidad de los propietarios, se ríen del esfuerzo que les costó pagar una segunda residencia con el anhelo de disfrutarla ellos, personas extrañas que no han sido invitadas. Hay okupas que son, incluso, sibaritas y se permiten el lujo de elegir residencias de alto standing para vivir el sueño de los ricos impunemente y sin pagar ningún precio. De poco sirve que la policía les inste a irse, y de poco sirve también que los vecinos se congreguen frente a la casa ocupada para obligarles con su presencia; en ocasiones los okupas esgrimen a sus niños a modo de escudos humanos para avalar el derecho a estar en domicilios ajenos.

Y a todo esto el gobierno, por supuesto y una vez más, sigue sin pronunciarse, ignorando el problema y haciendo oídos sordos a la realidad; los okupas tienen más derechos que los dueños de las viviendas; no hay quien se meta con ellos o les echen, y hasta en algunas ocasiones se permiten un chuleo descarado retando a las fuerzas de orden público a sabiendas de que gozan de la más absoluta impunidad; y conste que me merece el mayor de los respetos la gente que por aciagas circunstancias sobrevenidas se ve sin hogar y reducidos a dormir en un banco de la calle o al abrigo de un portal; pero hay que cumplir las normas (que no la ley, ya que no existe) o nos veremos todos abocados al caos. Como decía Montesquieu: “más estados han perecido por la depravación de las costumbres que por la violación de las leyes.” El caso de la okupación afronta, desgraciadamente, los dos conceptos.

Mª Soledad Martín Turiño