A grandes males…

En medio de una crisis sin precedentes, la situación política de España, acentuada por la urgencia económica y sanitaria,  es suficientemente grave como para abordar de una vez las cuestiones de fondo, así como posibles soluciones al margen de unos parches que hasta ahora han permitido salir del paso, hasta llevar el régimen a un callejón sin salida. El ciclo histórico de la Constitución del setenta y ocho parece haber concluido, al menos en su formulación inicial. Hoy resulta evidente que de poco vale el voluntarismo de quienes aspiran a perpetuarlo, defendiendo la monarquía, el modelo autonómico y el diseño institucional de la Carta Magna.

Quizá sea ineludible plantear tales asuntos. Así el de una monarquía que, por iniciativa de la izquierda, está envenenando artificialmente el debate público, cuando ni siquiera es  lo esencial. Empeñarse en defender una institución cuyo único fin era vertebrar la unidad nacional, rota hoy en la práctica, constituye un error al dar toda la ventaja a quienes buscan implantar no una república, sino un régimen liberticida orquestado contra las clases medias, mediante el ataque declarado a la familia y la propiedad privada.

La única salida a la descomposición actual de nuestro sistema político pasa por encarar sus problemas, haciéndolo con claridad y decisión. ¿Monarquía o república?; ¿Estado unitario o federal?; ¿unidad o secesión?, son interrogantes que han de ser despejados con prontitud, democráticamente y en el sentido que fuere. Hacerlo significaría desarmar a la izquierda envalentonada por la inoperancia de una partitocracia inane, así como por la actitud claudicante de una derecha que, de Aznar a Casado, pasando por Rajoy y recientemente por la tutela centrista de Feijó, jamás estuvo a la altura de lo que histórica y políticamente se le exigía.

Todo para definir la forma de Estado y su Jefatura. Pero, en segundo lugar, para facilitar el pronunciamiento de la ciudadanía que se sienta partícipe de un proyecto común, viniendo a refrendar con su voz y su voto principios que, con absoluta seguridad, comparte la inmensa mayoría de la sociedad española. Sin duda, hay factores y fuerzas que juegan a favor de la unidad nacional, cimentada en un sistema de derechos y libertades. Pero tales fuerzas, frente a la pasividad y cobardía de una partitocracia desprestigiada, han de ser puestas en juego junto a los resortes del Estado. Que ello requiere altura de miras, valor y compromiso, nadie lo negaría. Pero ¿contamos con líderes de talla, capaces de afrontar un proceso constituyente y de acudir, si fuere necesario, a todos los medios legales para hacer valer una nueva arquitectura institucional, monárquica o bien republicana?