Legalidad o independencia

Las elecciones catalanas representan un punto de inflexión en la política nacional. A su manera han revelado el profundo sinsentido, la anomalía política e incluso moral a que nuestra sociedad, nación, o España sin más, viene condenada de la mano de una partitocracia deslegitimada para continuar pastoreando, que no ya ejerciendo el poder.

Es un absurdo de proporciones colosales que la nación más antigua de Europa se vea un día sí y otro también contra las cuerdas, a causa de un separatismo como el catalán, que no disimula sus ambiciones expansionistas en el arco mediterráneo, además de ningunear permanentemente al gobierno central, cuando en su taifa autonómica no representa como prueban los recientes comicios más que un 26% del electorado y un 17% de la población. Y se trata de un gran absurdo porque, si bien se analiza, el separatismo no busca la independencia. Sabedor de sus limitaciones, lo que pretende es el mal llamado federalismo asimétrico, que supondría para los demás la completa subordinación a sus intereses. No quieren irse, sencillamente porque no les conviene ahora ni en el futuro. A lo que aspiran es a una situación desigual de privilegio, disfrazada de republicanismo federal o a bien ser confederal, para condicionar en beneficio propio y de sus élites la vida económica y política del país.

Tan sorprendente ley del embudo viene de lejos, desde que las oligarquías catalana y vasca mendigaban allá por el siglo XIX el arancel exterior en defensa de unos productos de muy baja calidad, librándose gracias a la actitud servil de Madrid de la competencia europea, a costa del resto de la población. El sanchismo, paradigma hoy de esa tradicional complacencia, al igual que dispuesto a un cambio de régimen a fin de mantenerse en el poder, es una suerte de plaga egipcia para la sociedad española. Pero de algún modo, y aun haciendo aquí de la necesidad virtud, tiene su lado positivo. Al llevar al límite sus concesiones, deja en evidencia a un PSOE que suele estar siempre a lo mismo. Monopolizar el poder a cualquier precio bajo la bandera “progresista” de una supuesta modernización, excluyendo la alternancia democrática al tiempo que anatematiza, en el plano político, histórico e incluso moral, a la derecha conservadora.

La partitocracia ha conducido a un punto de no retorno, en el que es preciso despejar de una vez la disyuntiva: o legalidad o independencia. Dicho de modo parecido, o se hace valer la ley con todos los recursos del Estado y sus instituciones, frente a lo que con criterios realistas no pasa de un problema callejero de orden público, o se asume como hecho irreversible, dado que en la práctica lo es por dejación del Estado, la independencia de dos territorios cuya viabilidad como entidades independientes está por ver, en el aspecto económico y en el geopolítico. Todo menos prolongar una perpetua anomalía democrática, acompañada de la doble trampa parlamentaria y presupuestaria, para alimentar asimismo la división dentro de nuestra sociedad.