STEZAMORA
El ministro Iceta pretende "precarizar, emplear y despedir a su antojo y dejar a los interinos de la función pública en la más absoluta indefensión"
STEZamora se suma a la propuesta de la Federación STECY y se manifiesta contra la reforma que plantea el Gobierno
"Es un agravio el papel que están jugando los sindicatos mayoritarios CCOO, UGT y CSIF, que dejan desamparados y desprotegidos a más de 800.000 empleados públicos".

La Federación STECyL-i ha convocado esta concentración en solitario, para denunciar la propuesta del Ministerio de Política Territorial y Función Pública de reforma del Estatuto básico del empleado público. "Desde STECyL-i, queremos mostrar un frontal rechazo a la propuesta presentada por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en la Mesa General de Función Pública celebrada el día 24 de mayo, que pretende modificar el EBEP en el sentido de impedir que el personal interino pueda estar contratado en esta situación más de tres años".
"Consideramos que esta medida es un auténtico despropósito porque, de facto, puede suponer el despido de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras del sector público que han estado contratados en fraude de Ley por las AAPP y, además, pretenden hacerlo sin garantizar ningún derecho, sin ningún tipo de compensación ni indemnización. Supone un dislate total que sean las Administraciones Públicas quienes tratan peor a sus empleados y empleadas, quienes proponen precarizar, emplear y despedir a su antojo y dejar a las personas afectadas en la más absoluta indefensión. Es una afrenta que vayan mucho más allá en recortes de derechos laborales que lo que marca el propio Estatuto de los trabajadores y la denostada y dañina Reforma Laboral del Partido Popular".
Sindicatos mayoritarios
También es un agravio el papel que están jugando los sindicatos mayoritarios CCOO, UGT y CSIF, que dejan en el más absoluto desamparo y desprotección a más de 800.000 empleados y empleadas públicos. Es difícil comprender qué motivos pueden aducir para dejar abandonado al personal en abuso de temporalidad y para impedir que el personal público de nueva incorporación adquiera derechos. Las Administraciones Públicas, en vez de cumplir la ley, ha mantenido a este personal en sus puestos durante años y, en muchos casos, décadas, impidiendo o mermando su capacidad para optar a la condición de personal funcionario mediante la convocatoria de los correspondientes procesos selectivos, tal como exige el artículo 10.4 del EBEP. Este personal, sin duda, es la víctima de estas prácticas fraudulentas y en ningún modo responsable de esta situación".
"Si la propuesta sigue adelante, significa que hacen oídos sordos a la Directiva Europea 1999/70, a la sentencia de 19 de marzo de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a las llamadas de atención de la Unión Europa. Siguen con su hoja de ruta ya iniciada con los “acuerdazos” del 2017 y 2018, firmados por el gobierno del PP y las direcciones de CC.OO., UGT y CSIF, que no han servido más que para precarizar más al empleado en abuso de temporalidad o para su despido después de años de servicios para las Administraciones".
Idea del Partido Popular
"Cesar al personal interino a los tres años de ocupar una plaza es una idea del Partido Popular. Cristóbal Montoro ya intentó modificar el EBEP de un modo indirecto a través de la Ley General de Presupuestos. En esa ocasión, PSOE, Podemos e IU se opusieron, así que es difícil comprender las razones que llevan ahora a los socios del Gobierno progresista a emular al conservador PP".
"Por si fuera poco, con esta medida, van a favorecer el deterioro y el desmantelamiento de los servicios públicos. De una parte, se menospreciará la experiencia en el puesto al despedir al personal a los tres años; de otra, si lo que proponen es que una plaza cubierta de forma interina no se puede cubrir durante un año una vez cesada la persona interina, ocurrirá que el personal funcionario deberá asumir las funciones de la persona cesada".
"El ministro Iceta hace referencia al acceso a la función pública y no a la sanción al fraude en la contratación temporal, y en base a esta falacia, pretende reducir la tasa de temporalidad al 8 %, sometiendo al personal temporal abusado a unos procesos selectivos, según él, para garantizar los principios constitucionales de acceso a la función pública. Lo que no dice es que el personal temporal abusado ya accedió a la función pública cumpliendo esos principios y que un proceso selectivo no es sanción al fraude cometido".
"Las consecuencias de esta decisión, que será plasmada en la próxima reforma del EBEP, lejos de solucionar el problema de la temporalidad en la Administración, va a suponer el despido libre y gratuito, como ya hemos explicado, de casi un millón de trabajadores y trabajadoras del Sector Público, porque los procesos de estabilización están destinados a estabilizar plazas y no a las personas que las ocupan. Las últimas novedades que anuncia el ministro Iceta para evitar la futura temporalidad en la Administración pasan por crear los mecanismos que eviten el fraude de ley por abuso de la temporalidad, pero no la temporalidad en sí". Para ello plantea:
-"Reforzar la contratación temporal por acumulación de tareas sin exceder los tres años, para evitar así el fraude.
-La incorporación de la figura del becario para fomentar el empleo juvenil. Dejando escapar el talento de la experiencia que ya posee el personal temporal para ser sustituido por becarios”, lo que perjudica tanto a las personas con experiencia porque se prescinde de ellas, como a las personas jóvenes, que acceden a las administraciones públicas en condiciones de precariedad laboral.
-La posibilidad de la pérdida de plazas estructurales mediante amortización, si no son cubiertas por personal fijo en el plazo establecido en el nuevo EBEP.
-Incorporar los mecanismos de selección de personal del sector privado que incentiven el individualismo y la competitividad en vez de la vocación de servicio público. Todas estas medidas condenarán a la exclusión social al personal abusado una vez cesado y no resolverán el problema de la precariedad en la Administración, sentando así las bases del desmantelamiento de los Servicios Públicos, que provocará malestar social al perjudicar gravemente a la ciudadanía, mientras que deja vía libre a la privatización de todos esos servicios que se verán mermados en los próximos años por amortización de plazas no cubiertas por personal fijo o por jubilación".

La Federación STECyL-i ha convocado esta concentración en solitario, para denunciar la propuesta del Ministerio de Política Territorial y Función Pública de reforma del Estatuto básico del empleado público. "Desde STECyL-i, queremos mostrar un frontal rechazo a la propuesta presentada por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en la Mesa General de Función Pública celebrada el día 24 de mayo, que pretende modificar el EBEP en el sentido de impedir que el personal interino pueda estar contratado en esta situación más de tres años".
"Consideramos que esta medida es un auténtico despropósito porque, de facto, puede suponer el despido de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras del sector público que han estado contratados en fraude de Ley por las AAPP y, además, pretenden hacerlo sin garantizar ningún derecho, sin ningún tipo de compensación ni indemnización. Supone un dislate total que sean las Administraciones Públicas quienes tratan peor a sus empleados y empleadas, quienes proponen precarizar, emplear y despedir a su antojo y dejar a las personas afectadas en la más absoluta indefensión. Es una afrenta que vayan mucho más allá en recortes de derechos laborales que lo que marca el propio Estatuto de los trabajadores y la denostada y dañina Reforma Laboral del Partido Popular".
Sindicatos mayoritarios
También es un agravio el papel que están jugando los sindicatos mayoritarios CCOO, UGT y CSIF, que dejan en el más absoluto desamparo y desprotección a más de 800.000 empleados y empleadas públicos. Es difícil comprender qué motivos pueden aducir para dejar abandonado al personal en abuso de temporalidad y para impedir que el personal público de nueva incorporación adquiera derechos. Las Administraciones Públicas, en vez de cumplir la ley, ha mantenido a este personal en sus puestos durante años y, en muchos casos, décadas, impidiendo o mermando su capacidad para optar a la condición de personal funcionario mediante la convocatoria de los correspondientes procesos selectivos, tal como exige el artículo 10.4 del EBEP. Este personal, sin duda, es la víctima de estas prácticas fraudulentas y en ningún modo responsable de esta situación".
"Si la propuesta sigue adelante, significa que hacen oídos sordos a la Directiva Europea 1999/70, a la sentencia de 19 de marzo de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a las llamadas de atención de la Unión Europa. Siguen con su hoja de ruta ya iniciada con los “acuerdazos” del 2017 y 2018, firmados por el gobierno del PP y las direcciones de CC.OO., UGT y CSIF, que no han servido más que para precarizar más al empleado en abuso de temporalidad o para su despido después de años de servicios para las Administraciones".
Idea del Partido Popular
"Cesar al personal interino a los tres años de ocupar una plaza es una idea del Partido Popular. Cristóbal Montoro ya intentó modificar el EBEP de un modo indirecto a través de la Ley General de Presupuestos. En esa ocasión, PSOE, Podemos e IU se opusieron, así que es difícil comprender las razones que llevan ahora a los socios del Gobierno progresista a emular al conservador PP".
"Por si fuera poco, con esta medida, van a favorecer el deterioro y el desmantelamiento de los servicios públicos. De una parte, se menospreciará la experiencia en el puesto al despedir al personal a los tres años; de otra, si lo que proponen es que una plaza cubierta de forma interina no se puede cubrir durante un año una vez cesada la persona interina, ocurrirá que el personal funcionario deberá asumir las funciones de la persona cesada".
"El ministro Iceta hace referencia al acceso a la función pública y no a la sanción al fraude en la contratación temporal, y en base a esta falacia, pretende reducir la tasa de temporalidad al 8 %, sometiendo al personal temporal abusado a unos procesos selectivos, según él, para garantizar los principios constitucionales de acceso a la función pública. Lo que no dice es que el personal temporal abusado ya accedió a la función pública cumpliendo esos principios y que un proceso selectivo no es sanción al fraude cometido".
"Las consecuencias de esta decisión, que será plasmada en la próxima reforma del EBEP, lejos de solucionar el problema de la temporalidad en la Administración, va a suponer el despido libre y gratuito, como ya hemos explicado, de casi un millón de trabajadores y trabajadoras del Sector Público, porque los procesos de estabilización están destinados a estabilizar plazas y no a las personas que las ocupan. Las últimas novedades que anuncia el ministro Iceta para evitar la futura temporalidad en la Administración pasan por crear los mecanismos que eviten el fraude de ley por abuso de la temporalidad, pero no la temporalidad en sí". Para ello plantea:
-"Reforzar la contratación temporal por acumulación de tareas sin exceder los tres años, para evitar así el fraude.
-La incorporación de la figura del becario para fomentar el empleo juvenil. Dejando escapar el talento de la experiencia que ya posee el personal temporal para ser sustituido por becarios”, lo que perjudica tanto a las personas con experiencia porque se prescinde de ellas, como a las personas jóvenes, que acceden a las administraciones públicas en condiciones de precariedad laboral.
-La posibilidad de la pérdida de plazas estructurales mediante amortización, si no son cubiertas por personal fijo en el plazo establecido en el nuevo EBEP.
-Incorporar los mecanismos de selección de personal del sector privado que incentiven el individualismo y la competitividad en vez de la vocación de servicio público. Todas estas medidas condenarán a la exclusión social al personal abusado una vez cesado y no resolverán el problema de la precariedad en la Administración, sentando así las bases del desmantelamiento de los Servicios Públicos, que provocará malestar social al perjudicar gravemente a la ciudadanía, mientras que deja vía libre a la privatización de todos esos servicios que se verán mermados en los próximos años por amortización de plazas no cubiertas por personal fijo o por jubilación".



























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