Administración y servicio público

   Aferrada a dogmas vacíos de contenido, la izquierda probablemente lo desconozca, desde una ignorancia directamente proporcional a su sectarismo. Fue nuestro Cervantes quien, con ocasión del gobierno de alguna ínsula,  sentenció que leyes pocas mas que se cumplan. Y a día de hoy, otro tanto cabría decir de la función administrativa como servicio público. Funcionarios pocos, pero los más cualificados conforme a criterios meritocráticos de saber y competencia, precisamente todo lo contrario a lo que, desde una interesada demagogia sindical y política, se ha hecho en nuestro país durante las cuatro décadas de régimen constitucional fallido, al liquidar los cuerpos profesionales de la Administración, para entregarlos con criterios partidistas a una legión de incapaces, si bien fieles en lo tocante a privilegios, activismo y servil obediencia política.

   Interinidades, accesos, oposiciones restringidas o vacías de contenido, alegando el simple vegetar durante décadas gracias a contratos laborales a perpetuidad, han sido el método instrumentado por la izquierda, desde el mantra bochornoso acerca de la supuesta necesidad de “democratizar” la función pública. En realidad, calculada estrategia orientada a desmontar las estructuras técnicas, neutrales y apolíticas de una Administración eficaz, heredada guste o no del franquismo.

   Junto a una inevitable degradación, con la “democracia” la politización se extendió a todos sus ámbitos, entre ellos dos particularmente sensibles como la justicia y la educación, con cuerpos que gozaron en su día de un prestigio incuestionable. ¿O es que las oposiciones a la judicatura, la fiscalía y la abogacía del Estado, sin olvidar notarías o registradores, eran una broma? Pregunta que podría hacerse extensiva a las antiguas cátedras y agregadurías tanto en la enseñanza secundaria como en la universitaria, sin pasar por alto el acceso directo del magisterio, como prueba de una excelencia que nada tiene que ver con el oportunismo, la incompetencia y el servilismo en el ámbito de lo que hace tiempo dejó de ser auténtico servicio público.

   A corto plazo, no hay forma de remediar males profundamente arraigados. Pero sí cabe ir planteando como verdadera necesidad la supresión del sindicalismo en todos los ámbitos de la Administración, acabando con los privilegios de grupos enquistados en las estructuras del Estado, gracias al dinero público y a la figura del liberado, que representa una discriminación para el común de la ciudadanía. Un sindicalismo oficial y oficialista no puede erigirse en aparato corporativo, situado gracias a su nexo con lo público por encima del derecho individual de reunión y asociación, éste a ejercer dentro de su marco de relaciones. Si una empresa privada quiere, puede y pacta liberar de tareas productivas a algún representante de sus empleados, está en su derecho porque de lo suyo gasta. Pero los ciudadanos no tienen por qué costear vía impuestos lo que no pasan de asociaciones privadas, a financiar como es natural mediante las cuotas de sus miembros y afiliados.