UGT defiende la firma del acuerdo para reducir el número de interinos de la administración

El acuerdo Gobierno-Sindicatos en materia de temporalidad en las Administraciones públicas firmado ayer, según explica el secretario General de UGT Servicios Públicos, Julio Lacuerda, se justifica mirando hacia el futuro de la función públcia, buscando rebajar a un máximo del 8 % una tasa de empleo temporal estructural que ahora ronda el 30 %, a pesar de la polémica por hablar de estabilización de empleos y no de personas y suponer, en la práctica, el despido de todos los funcionarios interinos con vacante que no superen los próximos procesos de oposición, sin tener en cuenta su edad y el valor de su trabajo. 

Para Julio Lacuerda, "la reforma firmada apuesta por lo público, profesionaliza el modelo de empleo público, mantiene la figura del personal funcionario interino y vigila su adecuada utilización por parte de la Administración, al tiempo que establece un marco flexible de seguridad jurídica en el marco de las Administraciones estatal, autonómica y local". 

 
El proceso de estabilización, que deberá estar resuelto antes del 31 de diciembre de 2024, afectará a todas las plazas de carácter estructural, dotadas presupuestariamente, ocupadas de forma temporal y de manera ininterrumpida al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020 y que no se hayan visto incluidas en los procesos de estabilización previstos en los Acuerdos para la Mejora del Empleo Público de los años 2017 y 2018.  

 
FSP-UGT, como firmante de los acuerdos de 2017 y 2018, decidió que "era indisociable para hablar de la estabilización del personal temporal el poder atajar las causas que provocan la temporalidad", así, el secretario general de UGT Servicios Públicos ha subrayado que este acuerdo “adopta medidas preventivas y sancionadoras para evitar las irregularidades que convierten a nuestro país cíclicamente en un país en abuso de temporalidad”.