Sistema parlamentario o Estado judicial

Que en España hay un gobierno legítimo, con un presidente al frente investido según marca la Constitución, es un hecho innegable fuera de toda discusión que sólo los más necios aún ponen en duda.

Una verdad de Perogullo que, por obvia, no debería necesitar más explicación. No obstante, la misma derecha a la que se le llena la boca de constitucionalismo, niega esto constantemente, demostrando su claro talante antidemocrático y convirtiendo la actividad parlamentaria en un caos en beneficio propio.

La oposición del PP, a la sombra de VOX, basa toda su acción política en atacar al gobierno con descalificaciones constantes y ataques furibundos, intentando su caída. Cuando pierde cualquier votación, cosa habitual dada su minoría parlamentaria, pone en marcha el ventilador e insiste en sembrar dudas, arremetiendo, en un continuo “dejá vu”, contra quienes han apoyado al Gobierno, grupos parlamentarios, tan legítimos como el suyo, y, a día de hoy, más democráticos.

Al Sr. Casado, líder del “nuevo” PP, inquilino aún de la sede que anunció abandonar, marcada en “B”, le sobran quejas y le faltan alternativas. No tiene proyecto político a la vista.  

Si las leyes aprobadas, no le gustan, y no le gusta ninguna, anuncia con prepotencia que las derogará cuando gobierne. Pero si para alguna no encuentra excusas para estar en contra, tampoco las apoya porque, dice, nadie ha contado con él. Vamos a ver, ilustre abogado exprés por “Harvaravaca”, si cuentan con usted, se opone, y si no cuentan, se enfada (típica versión “gata Flora”). ¿O es que no han pedido su necesaria colaboración para la renovación de los altos organismos judiciales, ya caducados? En cada momento ha encontrado una excusa distinta, a cual más peregrina, para oponerse a cumplir el mandato constitucional.

Nunca, el Partido Popular, ha renovado a tiempo los miembros de los altos tribunales estando en la oposición. Siempre se las ha ingeniado para prorrogar su mandato fuera de los límites constitucionales, contando con que, nombrados mayoritariamente por su partido, sus sentencias resultarían ajustadas a sus intereses. Así ha sido en la práctica y, de hecho, van actuando allí donde la derecha parlamentaria no llega.

El nuevo estatuto catalán de 2006, que, con apoyo mayoritario también del Congreso, hubiera minimizado el serio “problema catalán”, fue recurrido por el PP y declarado inconstitucional en algunos de sus artículos, curiosamente calcados a los de otras autonomías, en 2010, por un Tribunal Constitucional CADUCADO.

La declaración por pandemia del Estado de Alarma que, con toda seguridad, salvó decenas de miles de vidas, ha sido también declarada inconstitucional en la sentencia más controvertida y absurda de la historia judicial española, e inútil, un año después. Sentencia más ideológica que técnica, en un ajustado 6 a 5 y, nuevamente, por un Tribunal Constitucional CADUCADO y, además, incompleto.

Ahora se dirime un nuevo proceso de insconstitucionalidad, por recurso del PP de hace… 11 años, sobre la ley del aborto. Veremos qué sorpresas nos depara la “ruleta” del Constitucional caduco.

Estas sentencias y otras del Tribunal Supremo, o sus informes, dejan perpleja a la sociedad, pero también a eminentes juristas y catedráticos de derecho, quedando patente, primero, que la renovación de la cúpula judicial es urgente y prioritaria y, segundo, que el poder judicial está, en la práctica, suplantando con parcialidad o limitando, al menos, al poder legislativo, en clara e inaceptable injerencia. El poder legislativo no puede tener constantemente “la espada de Damocles” del judicial sobre cada una de sus decisiones, convirtiendo España en un Estado Judicial. No nos han de gobernar los jueces, pero si quieren hacerlo, que se presenten a las elecciones.

El Gobierno, a pesar de las rabietas infantiles de Pablo Casado, ha de terminar su legislatura y el Sr. Sánchez y sus ministros, gobernar, sin injerencias de los tribunales, no para que no se enfade el PP, sino para mejorar el país y la calidad de vida de sus ciudadanos, única forma, además de conseguir réditos electorales, porque la gente votará a quien se preocupe de sus intereses.

La actitud política del PP es difícil de definir, y más de aceptar, en un país serio y democrático. Personalmente, más que preocuparme que algún día recuperen el poder, son las reglas del juego, me gustaría que, para entonces, hubiesen encontrado un líder diferente, despojado de la bajeza política y afirmaciones esperpénticas del actual y con las características de hombre de Estado que Pablo Casado ha demostrado carecer.

Cuando esto llegue a suceder, al menos que no sea porque el gobierno de izquierda haya sido castigado, en las urnas, por abandonar sus principios sociales e ideológicos y se haya olvidado, en favor de los poderosos, de la mayoría de los ciudadanos.

Marino Carazo Martín