VIVIENDA
Concentración de la PAH ante la Delegación de la Junta
El presidente de la PAH expone las razones de esa concentración
La PAH bo obtuvo respuesta de una carta remitida, el pasado 1 de agosto, a Clara San Damián, delegada de la Junta de Castilla y León. Más de dos meses después, nada se sabe sobre las peticiones que rezaban en esta misiva.
Esta, pues, es la carta enviada a Clara San Damián.
A la Delegada Territorial de la Junta CyL de Zamora y al/la responsable del Servicio Territorial de Fomento de Zamora La PAH de Zamora (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), en su nombre, el abajo firmante, Santiago Fernández Vecilla, N.I.E 11685998C, con domicilio en calle Valdivia, nº 9, 1º
EXPONE:
Desde el inicio de estado de alarma para luchar contra pandemia provocada por el COVID-19, marzo de 2020, hasta mayo de de 2021, se han producido en la provincia de Zamora, según datos del CGPJ, mas de 42 desahucios, a causa del impago de la hipoteca o el impago del alquiler a pesar del compromiso del gobierno de que “nadie se quedará atrás”.
A falta de acceso a datos actualizados, tenemos conocimiento que entre 130 y 150 familias de la provincia habían solicitado a la Junta una vivienda de alquiler social. Muchas de estas familias provienen de haber sufrido un desahucio sin que las instituciones del estado, especialmente la Junta de Castilla y León, que es la que tiene las competencias en materia de vivienda, hayan ofrecido una alternativa habitacional ante la situación de quedarse literalmente en la calle.
Esta problemática se puede acentuar, hasta extremos desconocidos, una vez finalice el plazo de la paralización de los desahucios de todas aquellas personas que han sido afectadas por la pandemia en el en el mes próximo, ante la prácticamente inexistente oferta de vivienda por parte de la Junta. Solamente con estos datos en la mano, se observa claramente la inacción del gobierno autonómico en algo tan importante como la política en materia de vivienda, pero cuando se toman otros datos, la respuesta de la Junta se torna todavía más cuestionable.
Hay cerca de 20.000 viviendas vaciás en toda la provincia, lo que supone un 14% del total del parque de vivienda, este dato aumenta hasta el 17% en Zamora capital o hasta un 22% en Benavente; un aumento del 26% en el precio del alquiler en la comunidad desde 2015; que solamente el 2,5% del total de viviendas del estado sea vivienda social; la enorme complicación de familias vulnerables para hacer frente al pago del alquiler o la hipoteca, o que la juventud de nuestra provincia tiene que dedicar el 40% de sus ingresos para poder emanciparse. Estos datos dejan claro que el gobierno autonómico hace políticas de vivienda que solo favorecen a los bancos, a los grandes tenedores y a los fondos buitre, en vez de a las clases populares.
Esta exigencia de aumento de vivienda pública de alquiler social por parte de la PAH no es nueva, la venimos sosteniendo desde prácticamente el comienzo de su creación en el 2011. Hemos presentado esta queja ante el Procurador de Común de esta comunidad, también ante otras administraciones como el Ayuntamiento y el Gobierno de la nación.
Esta queja ha dado como resultado un informe del Procurador del Común donde insta a la Junta de Castilla y León, entre otras medidas, a ampliar el parque de vivienda pública para alquiler social que permita atender, como mínimo, las situaciones de especial y urgente necesidad. Recordamos que estos informes no son vinculantes pero sirven para remarcar la política autonómica en vivienda que, 2 como vemos, consisten en no tener alternativa habitacional ante los problemas de vivienda que sufren las familias en la región.
Teniendo en cuenta que en estos casos el Dictamen del Comité DESC de la ONU resuelve que: "El derecho humano a una vivienda adecuada es un derecho fundamental que constituye la base para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales (Observación General nº 4) y está vinculado en su integridad a otros derechos humanos, incluyendo los del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos y los Estados partes deben tomar todas las medidas que sean necesarias para lograr la plena realización de este derecho, hasta el máximo de sus recursos disponibles. Todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Esta garantía se aplica también a las personas que viven en viviendas alquiladas, ya sean públicas o privadas.
Los desalojos forzados son “prima facie” incompatibles con los requisitos del Pacto, y sólo podrán justificarse en las circunstancias más excepcionales y de conformidad con los principios pertinentes de derecho internacional (...)
Cuando el desalojo esté justificado, las autoridades competentes deberán garantizar que se lleve a cabo con arreglo a una legislación compatible con el Pacto, incluido el principio de la dignidad humana y en observancia de los principios generales de razonabilidad y proporcionalidad (...)
No puede haber un derecho sin un recurso efectivo y, por tanto, los Estados partes deben garantizar que las personas cuyo derecho a la vivienda adecuada pudiera ser afectado, dispongan de un recurso judicial efectivo y apropiado. (…)
Los Estados partes no sólo tienen la obligación de respetar los derechos del Pacto, por lo cual deben abstenerse de infringirlos, sino que también tienen la obligación de protegerlos. Si un Estado parte no toma las medidas adecuadas de protección de un derecho del Pacto, compromete su responsabilidad incluso si la acción que dio origen a la afectación del derecho fue impulsada por un individuo o una entidad privada. (…)
Los desalojos no deberían dar lugar a que los afectados queden sin vivienda. Por tanto, si no disponen de recursos para una vivienda alternativa, los Estados partes deberán adoptar todas las medidas necesarias para que en lo posible se les proporcione otra vivienda.
Los Estados parte deben prestar especial atención en los casos de los desalojos afecten a mujeres, niños, personas mayores, personas con discapacidad (….).” 3 - Teniendo en cuenta que el final del estado de alarma va a suponer una oleada de desahucios por todo el estado, Zamora no será la excepción. - Teniendo en cuenta que son las comunidades autonómicas las que tienen competencia en materia de vivienda
REITERAMOS LO SOLICITADO POR EL PLAN DE CHOQUE SOCIAL DE ZAMORA AL CUAL LA P.A.H. PERTENECE:
En base a los derechos constitucionales, que de una vez por todas, se dote de una Parque Público de Viviendas de Alquiler Social suficiente para atender todas las demandas y para que no se produzca ningún desahucio sin alternativa habitacional mediante la utilización de viviendas vacías de la gran banca, que no han llegado a devolver el rescate impagado (65.725 M de € que el Banco de España “ha perdonado”); expropiación de las viviendas de la SAREB y, también, comprometiendo a los Fondos Buitre y las Socimis (aumento de la fiscalidad, aplicación de la ley de expropiación forzosa de las viviendas vacías, adquisición de las mismas, convenios, etc.
Que la Junta que modifique sus políticas y procedimientos (protocolos) para combatir el riesgo de pobreza extrema y exclusión social, aumentando los presupuestos, eliminando marañas burocráticas y condiciones restrictivas. Las instituciones públicas (los servicios sociales) aplican, muchas veces, unas funciones de control social y contención de demandas en lugar de desarrollar la necesaria función de facilitar las prestaciones, los recursos adecuados o los planes para una integración social plena y multidimensional. Lo que haría falta es una renovación y ampliación de todos los servicios públicos y, específicamente, los servicios sociales. Se debe garantizar su función mediadora, asistencial, solidaria y de bienestar para la población, particularmente la más necesitada. Queda pendiente una reforma a fondo de la administración pública para hacerla más ágil, transparente e interconectada.
Que la Junta publique e informe sobre número real de viviendas vacías cuya titularidad ostente la Sareb, de las adjudicaciones que se han hecho desde la última reunión de la Comisión Provincial de Vivienda, de las medidas previstas para hacer frente a los desahucios que afectan a familias o personas de extrema vulnerabilidad.
Actualización y publicación de número de personas demandantes de vivienda alquiler social así como de las viviendas que quedan disponibles.
Participar como observadores en la Comisión de Vivienda Provincial.
Solicitamos una reunión con la Sra. Delegada Territorial de Zamora de la Junta de CyL y con el o la responsable de la Secretaría de Fomento Territorial de Zamora para tratar este tema y buscar soluciones. Para la PAH y las familias afectadas, la lucha por el derecho a la vivienda y porque nadie se quede en la marginación ni sea excluido socialmente, es un objetivo que nos hemos empeñado en conseguir, haciendo que las instituciones se comprometan con el mismo y sean partícipes de esa misma meta.
Zamora, a 1 de agosto de 2021
Santiago Fernández Vecilla
A la Delegación Territorial de la Junta y al Servicio Territorial de Fomento de Zamora
La PAH bo obtuvo respuesta de una carta remitida, el pasado 1 de agosto, a Clara San Damián, delegada de la Junta de Castilla y León. Más de dos meses después, nada se sabe sobre las peticiones que rezaban en esta misiva.
Esta, pues, es la carta enviada a Clara San Damián.
A la Delegada Territorial de la Junta CyL de Zamora y al/la responsable del Servicio Territorial de Fomento de Zamora La PAH de Zamora (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), en su nombre, el abajo firmante, Santiago Fernández Vecilla, N.I.E 11685998C, con domicilio en calle Valdivia, nº 9, 1º
EXPONE:
Desde el inicio de estado de alarma para luchar contra pandemia provocada por el COVID-19, marzo de 2020, hasta mayo de de 2021, se han producido en la provincia de Zamora, según datos del CGPJ, mas de 42 desahucios, a causa del impago de la hipoteca o el impago del alquiler a pesar del compromiso del gobierno de que “nadie se quedará atrás”.
A falta de acceso a datos actualizados, tenemos conocimiento que entre 130 y 150 familias de la provincia habían solicitado a la Junta una vivienda de alquiler social. Muchas de estas familias provienen de haber sufrido un desahucio sin que las instituciones del estado, especialmente la Junta de Castilla y León, que es la que tiene las competencias en materia de vivienda, hayan ofrecido una alternativa habitacional ante la situación de quedarse literalmente en la calle.
Esta problemática se puede acentuar, hasta extremos desconocidos, una vez finalice el plazo de la paralización de los desahucios de todas aquellas personas que han sido afectadas por la pandemia en el en el mes próximo, ante la prácticamente inexistente oferta de vivienda por parte de la Junta. Solamente con estos datos en la mano, se observa claramente la inacción del gobierno autonómico en algo tan importante como la política en materia de vivienda, pero cuando se toman otros datos, la respuesta de la Junta se torna todavía más cuestionable.
Hay cerca de 20.000 viviendas vaciás en toda la provincia, lo que supone un 14% del total del parque de vivienda, este dato aumenta hasta el 17% en Zamora capital o hasta un 22% en Benavente; un aumento del 26% en el precio del alquiler en la comunidad desde 2015; que solamente el 2,5% del total de viviendas del estado sea vivienda social; la enorme complicación de familias vulnerables para hacer frente al pago del alquiler o la hipoteca, o que la juventud de nuestra provincia tiene que dedicar el 40% de sus ingresos para poder emanciparse. Estos datos dejan claro que el gobierno autonómico hace políticas de vivienda que solo favorecen a los bancos, a los grandes tenedores y a los fondos buitre, en vez de a las clases populares.
Esta exigencia de aumento de vivienda pública de alquiler social por parte de la PAH no es nueva, la venimos sosteniendo desde prácticamente el comienzo de su creación en el 2011. Hemos presentado esta queja ante el Procurador de Común de esta comunidad, también ante otras administraciones como el Ayuntamiento y el Gobierno de la nación.
Esta queja ha dado como resultado un informe del Procurador del Común donde insta a la Junta de Castilla y León, entre otras medidas, a ampliar el parque de vivienda pública para alquiler social que permita atender, como mínimo, las situaciones de especial y urgente necesidad. Recordamos que estos informes no son vinculantes pero sirven para remarcar la política autonómica en vivienda que, 2 como vemos, consisten en no tener alternativa habitacional ante los problemas de vivienda que sufren las familias en la región.
Teniendo en cuenta que en estos casos el Dictamen del Comité DESC de la ONU resuelve que: "El derecho humano a una vivienda adecuada es un derecho fundamental que constituye la base para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales (Observación General nº 4) y está vinculado en su integridad a otros derechos humanos, incluyendo los del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos y los Estados partes deben tomar todas las medidas que sean necesarias para lograr la plena realización de este derecho, hasta el máximo de sus recursos disponibles. Todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Esta garantía se aplica también a las personas que viven en viviendas alquiladas, ya sean públicas o privadas.
Los desalojos forzados son “prima facie” incompatibles con los requisitos del Pacto, y sólo podrán justificarse en las circunstancias más excepcionales y de conformidad con los principios pertinentes de derecho internacional (...)
Cuando el desalojo esté justificado, las autoridades competentes deberán garantizar que se lleve a cabo con arreglo a una legislación compatible con el Pacto, incluido el principio de la dignidad humana y en observancia de los principios generales de razonabilidad y proporcionalidad (...)
No puede haber un derecho sin un recurso efectivo y, por tanto, los Estados partes deben garantizar que las personas cuyo derecho a la vivienda adecuada pudiera ser afectado, dispongan de un recurso judicial efectivo y apropiado. (…)
Los Estados partes no sólo tienen la obligación de respetar los derechos del Pacto, por lo cual deben abstenerse de infringirlos, sino que también tienen la obligación de protegerlos. Si un Estado parte no toma las medidas adecuadas de protección de un derecho del Pacto, compromete su responsabilidad incluso si la acción que dio origen a la afectación del derecho fue impulsada por un individuo o una entidad privada. (…)
Los desalojos no deberían dar lugar a que los afectados queden sin vivienda. Por tanto, si no disponen de recursos para una vivienda alternativa, los Estados partes deberán adoptar todas las medidas necesarias para que en lo posible se les proporcione otra vivienda.
Los Estados parte deben prestar especial atención en los casos de los desalojos afecten a mujeres, niños, personas mayores, personas con discapacidad (….).” 3 - Teniendo en cuenta que el final del estado de alarma va a suponer una oleada de desahucios por todo el estado, Zamora no será la excepción. - Teniendo en cuenta que son las comunidades autonómicas las que tienen competencia en materia de vivienda
REITERAMOS LO SOLICITADO POR EL PLAN DE CHOQUE SOCIAL DE ZAMORA AL CUAL LA P.A.H. PERTENECE:
En base a los derechos constitucionales, que de una vez por todas, se dote de una Parque Público de Viviendas de Alquiler Social suficiente para atender todas las demandas y para que no se produzca ningún desahucio sin alternativa habitacional mediante la utilización de viviendas vacías de la gran banca, que no han llegado a devolver el rescate impagado (65.725 M de € que el Banco de España “ha perdonado”); expropiación de las viviendas de la SAREB y, también, comprometiendo a los Fondos Buitre y las Socimis (aumento de la fiscalidad, aplicación de la ley de expropiación forzosa de las viviendas vacías, adquisición de las mismas, convenios, etc.
Que la Junta que modifique sus políticas y procedimientos (protocolos) para combatir el riesgo de pobreza extrema y exclusión social, aumentando los presupuestos, eliminando marañas burocráticas y condiciones restrictivas. Las instituciones públicas (los servicios sociales) aplican, muchas veces, unas funciones de control social y contención de demandas en lugar de desarrollar la necesaria función de facilitar las prestaciones, los recursos adecuados o los planes para una integración social plena y multidimensional. Lo que haría falta es una renovación y ampliación de todos los servicios públicos y, específicamente, los servicios sociales. Se debe garantizar su función mediadora, asistencial, solidaria y de bienestar para la población, particularmente la más necesitada. Queda pendiente una reforma a fondo de la administración pública para hacerla más ágil, transparente e interconectada.
Que la Junta publique e informe sobre número real de viviendas vacías cuya titularidad ostente la Sareb, de las adjudicaciones que se han hecho desde la última reunión de la Comisión Provincial de Vivienda, de las medidas previstas para hacer frente a los desahucios que afectan a familias o personas de extrema vulnerabilidad.
Actualización y publicación de número de personas demandantes de vivienda alquiler social así como de las viviendas que quedan disponibles.
Participar como observadores en la Comisión de Vivienda Provincial.
Solicitamos una reunión con la Sra. Delegada Territorial de Zamora de la Junta de CyL y con el o la responsable de la Secretaría de Fomento Territorial de Zamora para tratar este tema y buscar soluciones. Para la PAH y las familias afectadas, la lucha por el derecho a la vivienda y porque nadie se quede en la marginación ni sea excluido socialmente, es un objetivo que nos hemos empeñado en conseguir, haciendo que las instituciones se comprometan con el mismo y sean partícipes de esa misma meta.
Zamora, a 1 de agosto de 2021
Santiago Fernández Vecilla
A la Delegación Territorial de la Junta y al Servicio Territorial de Fomento de Zamora
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