Impuestos, garantía de equidad social y servicios públicos

Los impuestos son el compromiso del ciudadano con la sociedad a la que pertenece. Sin su recaudación no se podrían garantizar los servicios públicos ni emprender o mantener todas las infraestructuras que necesitamos. Su establecimiento y gestión, con algún matiz ideológico, han de estar basados, como establece la Carta Magna, en la solidaridad y ser una forma de redistribución de la riqueza, además de tener un carácter progresivo y creciente de acuerdo a los ingresos de cada cual. Es decir, quien más tiene ha de contribuir en mayor cuantía a los Presupuestos del Estado.
Su impopularidad ha de quedar eclipsada por su importancia vital. De ellos depende, completamente, el desarrollo de todos nuestros derechos. La Educación, la Sanidad, la Dependencia…, y el funcionamiento de las instituciones democráticas, sólo podrán garantizarse si el Estado recauda lo necesario para hacer frente a cada una de las partidas de gastos establecidas. 
Esta animadversión fiscal, es probablemente la causa de que, como estrategia electoral, se anuncien a menudo unas, tan atractivas para el contribuyente, como engañosas bajadas de impuestos. Un juego sucio y desleal, ya que la realidad de su propuesta, una especie de “engañabobos”, significa, claramente, sin explicarlo, que los Servicios Públicos que gestionen, se van a ver recortados, forzosamente, en la misma proporción de la menor recaudación que proponen.
No existen “pescados gordos” que pesen poco en la báscula. La política habitual de los partidos conservadores de bajar impuestos, es de lo más inadecuado y propia de populismos que buscan, más que el bienestar general, titulares y salir elegidos. Es, además, muy injusta porque, la pérdida de calidad y cobertura de los servicios públicos que habrán de recortar, favorece, egoístamente, a los que más tienen, únicos que podrán permitírselos, de forma privada, tras los recortes.
El presidente de nuestra Comunidad se apunta a esta corriente PPera y anuncia una rebaja fiscal de 12M de euros, añadiendo orgulloso “seguimos bajando impuestos” en una Comunidad muy rural con unos servicios públicos en estado deplorable. Un ahorro que, llevando la propuesta al absurdo, podría ahorrarse cerrando un único gran hospital, por ejemplo, en Valladolid. Esto, totalmente sin sentido, le haría perder su puesto al instante. Sin embargo, la realidad de su rebaja fiscal traducirá el anunciado ahorro en la solución más “fácil” de seguir cerrando los Centros de Salud de las comarcas zamoranas más deprimidas. Nadie se rasgará las vestiduras por más recortes y nuevas vejaciones de la Junta a unos habitantes que tienen las mismas, o más necesidades, que los vallisoletanos.
La otra cara de la moneda, a la que parece querer apuntarse ahora el Gabinete socialista, es la de “pagar por usar” empezando por proponer un peaje, denominado eufemísticamente “facturación”, en las autovías del país. 
Es decir, los ciudadanos nos vamos a encontrar, así, entre “la espada” de una derecha que aboga por la bajada de impuestos y sus consecuentes recortes sociales, amén de su política en favor de lo privado, y “la pared” de una izquierda que, defendiendo el estado de bienestar, lo van a mantener haciéndonos pagar por su uso y mantenimiento. 
Las infraestructuras públicas son de todos porque se han pagado con el dinero de todos. Si los gastos extraordinarios devenidos por una crisis brutal en lo sanitario y lo laboral, un año aciago al que pone la guinda la erupción de La Palma, hacen prever que los ingresos previstos serán insuficientes, la lógica de una política progresista debería responder con un aumento de impuestos, apuntando primero a los que más tienen, grandes empresas y rentas individuales más altas, en vez de pagar por desplazarte al trabajo.
Acudir al “copago” en las autovías, como hizo el Gobierno Rajoy, en otra crisis, con el farmacéutico, que aún se conserva, no es de recibo y además muy injusto. Se penaliza a sus usuarios, el sector automovilístico, que ingresa al Estado 30.000M€ anualmente (Fuente: AAE), para pagar un mantenimiento que cuesta unos 1500M, además de que la previsible subida de productos transportados duplicará el coste.
“Pagar por usar” es un concepto insolidario en sí mismo por ser independiente a la renta de los usuarios. Por otra parte, abierto “este melón”, y en la misma línea argumental, ¿Llegaremos a tener que pagar por el uso de las escuelas o la limpieza de hospitales? ¿Parece absurdo?... Pues eso.
Si el Gobierno progresista sigue por el camino de cobrar los servicios públicos, se equivocará y, con su error mayúsculo, estará perjudicando a los más deprimidos. Súbanse los impuestos si es necesario, pero que cada uno pague más que los que tienen menos, pero bastante menos que los que ganan mucho más.

Marino Carazo