Ha sido una magnífica Constitución

   Por técnica jurídica, nuestra Constitución es y fue en su día un texto manifiestamente mejorable. Extensa, farragosa debido a la intención ideológica que movía a los constituyentes, dispersa y mal articulada respecto al Título VIII y el modelo autonómico, tiene sus fuentes en la Carta de Bonn y la Constitución italiana de posguerra, fruto ambas de coyunturas traumáticas, como herederas siquiera a beneficio de inventario de los regímenes nazi y fascista. Si a todo ello se une el compromiso artificial de la transición, vía impuesta por la fuerza de las cosas en el interior y más aún desde el exterior, no hay muchos motivos para glosar las bondades de nuestra Ley Fundamental.

   Sin embargo, durante cuatro décadas ha sido una excelente y magnífica Constitución, por la sola razón de que vino a refrendar históricamente que la sociedad española, aquella de nuestros padres como protagonistas involuntarios en su inmensa mayoría de nuestra segunda gran tragedia contemporánea, decidía pasar página por vía de la reconciliación, permitiendo a sus hijos y nietos disfrutar de bonanza, prosperidad y una nunca suficientemente valorada paz civil. A no dudar hubo “espíritu de la transición”, materializado en una Constitución técnica e incluso políticamente deficiente, y aun así meritoria como ninguna  por un sincero anhelo de concordia, en las antípodas de la ignominia moral y política de un Zapatero cuyo discurso de investidura merece pasar a los anales de nuestra particular historia de la infamia.

   Mas, al presente, cuando en Cataluña una familia honrada, responsable y cívica, pide que se cumpla la ley incluso a costa de someter a su hijo, un chiquillo de apenas seis años, al hostigamiento de sectores antiespañoles y anticonstitucionales que campan a sus anchas en territorios dominados por facciones practicantes del chantaje político cuando no de una abierta sedición, ese espíritu ha de entenderse agotado. Si un gobierno con el apoyo parlamentario de tales facciones se desentiende de modo hipócrita a la hora de defender frente a la Kulturkampf separatista los legítimos derechos de una familia y su hijo, humilde escolar como cualquiera de nuestros hijos y nietos en el patio del colegio al que a diario los confiamos, la ciudadanía habrá de juzgarlo política y moralmente deslegitimado, igual que liquidada la Constitución misma. Ni más ni menos, ni menos ni más.

   España vive un estado de auténtica excepción. En aras de la paz civil y sus garantías, urge aclarar el lado en que está cada quién, si en el de la Constitución y la legalidad, o en el de la ruptura y el conflicto civil. Pero más aún urge aclarar cuál es y será en un futuro inmediato el lado en que se posicionarán las altas magistraturas e instituciones del Estado, que jamás deberían ser puestas ante semejantes retos, conforme a las funciones que tienen atribuidas por mandato constitucional.