Oro verde

Es posible que el tiempo en que vivimos nos exija un poco más de seriedad y criterio, yo creo que sí, que tenemos que subir el listón, opinar sobre la base del sentido común y del respeto y, sobre todo, no caer en el ridículo.  Los meses de junio y julio (de este 2022), el fuego nos ha golpeado sin piedad. Las llamas han arrasado alrededor de 60.000 hectáreas (quizá más), y han dejado muchos heridos y dos muertos (en Zamora). Lo cual, me hace reflexionar “mucho” (supongo que como a la mayoría de nosotros) sobre la mala gestión del incendio de nuestra Sierra de la Culebra, y al mismo tiempo, me genera aún más dudas. Dudas, evidentemente, que nadie responderá con la verdad. 

La Ley de Fomento de la Implantación de Iniciativas Empresariales, un compendio de los principios neoliberales que fundamentan políticas extractivas, no sostenibles y altamente agresivas con el medio ambiente que, en medio plazo, consolidarán desiertos productivos y el empobrecimiento radical de muchas comarcas rurales, sigue sin convencerme. 

 Lobby es una voz inglesa que se utiliza para denominar a aquel grupo de personas social y económicamente influyentes que ejercen su poder a favor de unos intereses comunes. ¿Es posible que el fuego sea un negocio para algunos y que detrás de él se encuentre toda una mafia política con nombres y apellidos? ¿Podrían existir grupos de mafias que actuaran con impunidad en la quema de nuestros montes? ¿Y si la tala indiscriminada de árboles y los incendios, que se extienden por toda España, estuviera impulsada, en gran parte, por estas redes criminales, que muy posiblemente utilizan la violencia para sus fines y para hacer lo que quieren, sin consecuencias? ¿podríamos denominarlo lobby forestal? Si así fuera, sería algo muy grave, porque institucionaliza un modelo colonial de explotación de recursos naturales y santifica el expolio de bienes comunes al permitir el desarrollo de actividades extractivas que tienen grandes impactos ecológicos, sin garantías ambientales y en un mercado extractivo de barra libre al servicio de pocas y grandes empresas, mientras líquida todo control democrático y desestima toda política redistributiva y generadora de rentas económicas, sociales y ecológicas para las comunidades rurales y ayuntamientos afectados. 

Personalmente creo, que la exigencia de un endurecimiento de penas para los incendiarios (si es que los hay, que muy posiblemente así sea y no solo por temperaturas excesivas, tormentas eléctricas, etc, continúan siendo bombas de humo para esconder la responsabilidad de (a quien o quienes) corresponde esta catástrofe. A mí la cartografía de los fuegos que hemos tenido en toda Castilla y León me tiene desconcertada, tanto es así, que anoche, decidí buscar información sobre este tema y, sinceramente, he quedado bastante sorprendida con los datos encontrados (a la vista de todos) y no prestamos atención. 

En el año 2017, una investigación judicial revelaba que en España y Portugal existía una mafia empresarial que había conseguido (en aquel entonces) 250 millones de euros públicos amañando concursos de extinción de fuegos. Y, en 2018, El programa “Equipo de Investigación” emitió un “señor reportaje” sobre quiénes hacen negocio con la extinción de incendios en España. 

En nuestro País aproximadamente el 80% de los incendios son causados por el hombre, debido en gran parte por descuidos o negligencia, por venganzas, por vandalismo, pero parece que tras los fuegos puede haber intereses económicos incomprensibles para los ciudadanos de a pie. Quizás, los fuegos que arrasan cada año nuestros montes no solo se alimentan de oxígeno y madera … 

Emilia Casas Fernández