La democracia es igualdad jurídica

   Ninguna palabra  más adulterada y prostituida que la de democracia, en cuyo nombre se han cometido en tiempos contemporáneos los mayores crímenes y atrocidades. Baste recordar que los regímenes socialistas y comunistas, la misma marca totalitaria con independencia de máscaras y disfraces sobrevenidos, se arrogan la condición de “democracias populares”, desde un estalinismo y maoísmo abiertamente genocidas, hasta sucursales tipo Pol Pot o Castro, que hicieron de la ingeniería social un ejercicio de concentración cuando no de simple exterminio.

   Aun así, la palabra democracia adquirió al menos en Occidente una dimensión positiva, en su carácter parlamentario ligado al Estado de derecho y las libertades civiles, entre ellas la igualdad jurídica de los ciudadanos, con independencia de supuestas minorías raciales, de género, sexo, inmigración o condición económica, las cuales se califican hoy de “vulnerables”, y que por cualquier decisión política de naturaleza clientelar se convierten en las nuevas facciones, los nuevos estamentos privilegiados de lo público, lo social y lo colectivo, a expensas del resto de ciudadanos privados de su derecho a la no discriminación.

   Junto a la propiedad privada y la libertad en amplia acepción: política, de prensa, reunión y asociación, la igualdad jurídica es necesaria para una verdadera democracia, cuya esencia no es otra que la protección del individuo y sus bienes contra los excesos del poder, y no lo hay mayor, en su versión maligna, que aquel que se ampara en lo público, lo social y lo común, para hacer valer de modo ilegítimo el privilegio, la ventaja y el abuso de minorías y facciones protegidas bajo excusas como la tan manida “discriminación positiva”, apaño jurídico y político tras el que se esconde la injusticia para la mayoría, pero sobre todo la manipulación en beneficio de los jerarcas que, gozando de casoplones y latisueldos al viejo estilo, controlan nuestras pervertidas democracias, cuyas instituciones se hallan en manos de una socialburocracia voraz en lo fiscal, y en lo político liberticida.

   Dentro de una democracia un hombre es un voto, pero también una sola ley a aplicar como medida de sus derechos, en lo fundamental el de propiedad. Y al igual que ocurre con una progresividad fiscal ladrona, ignominia con que la socialdemocracia minó el principio de igualdad ante la ley, las ayudas, el chollo, la prebenda y la subvención sea cual fuere el motivo, no no son más que privilegio para unos y robo para quienes, con su trabajo y esfuerzo, contribuyen a sostener unas cargas públicas hoy abusivas. Claro está, salvo para jerarcas de latisueldo y casoplón, porque para ellos todo se queda en familia.