La trampa del liberalismo económico

A los amigos, reza la sabiduría popular, se les conoce en los malos momentos. Algo parecido se podría decir del liberalismo económico. Una teoría que, en la práctica, no es otra cosa que arrimar el ascua, siempre, a la sardina del poderoso que lo propugna y lo defiende.

Su sacrosanta ley de la competencia y su inviolable libertad de mercado no dejan de quedar siempre en entredicho en cuanto vienen mal dadas. En ese mismo momento, de menores ganancias, quienes, habitualmente, se manifiestan contra todo tipo de subvenciones, exigen descaradamente que sea el Estado quien les saque las castañas del fuego. Es decir, como de costumbre, acabamos pagando, los mismos, todos los excesos de las grandes empresas y lobbies económicos.

Ejemplos evidentes, los que queramos. La crisis financiera de 2008, provocada por una avaricia excesiva de beneficios bancarios, las hipotecas subprime y las fraudulentas preferentes, costaron a muchos ciudadanos la pérdida de sus ahorros y a miles de familias ser desahuciadas de sus casas sin ayuda alguna de aquel Gobierno. Al contrario, la parte poderosa de la balanza, los bancos, a pesar de su culpabilidad directa, fueron rescatados con 60.000M€. Un dinero público que cubrió excesos previos y pagó las indemnizaciones y pensiones millonarias de sus directivos, culpables de la debacle.

Nada se ha devuelto de todo ello, como se prometió, sino que, las entidades saneadas, fueron adquiridas, a precio de saldo, por bancos más grandes. Su triste “agradecimiento” a la sociedad, ha sido endurecer las comisiones y restringir el acceso físico a sus servicios, cerrando gran número de oficinas, además de restringir, caprichosamente, horarios.

Un servicio, el bancario que, por su obligatoriedad manifiesta, ha de ser gratuito, del mismo modo que han de ser controlados por las autoridades otros, tan indispensables al ciudadano, como la energía, cuyos precios han de ser fijados por el Gobierno en virtud del verdadero coste de producción y distribución de estas energías

imprescindibles, sin dejarlas al albur de las compañías, que, con la que está cayendo, han demostrado de sobra, la necesidad de su intervención, pues los mercados no los regulan más que en el propio interés pactándolos, ilegalmente, para ganar más, al margen de la inútil ley de la competencia. Por ello y, en las circunstancias actuales, poner un impuesto a sus enormes ganancias es hacer lo correcto en beneficio de la mayoría. 

Otro flagrante fracaso del liberalismo es la inflación galopante que impera en toda Europa y, por supuesto, en España. Algo que la CEOE y la necedad de la oposición se empeñan en achacar a las políticas de mejora de salarios dictadas, en lugar de reconocer la realidad de una especulación sobre los productos en la cadena distribuidora. Es evidente una subida en los costes de producción, debido al encarecimiento de la energía, pero el grueso de esa enorme inflación se genera en el recorrido comercial del productor al consumidor. Ganaderos y agricultores, como ejemplo, cobran, apenas, unos céntimos más por unos productos que, en las estanterías de los supermercados, disparan sus precios. Son estos intermediarios los verdaderos culpables de la inflación desorbitada que se sufre, buitres carroñeros convertidos en “estraperlistas” modernos que, sin generar ningún valor añadido al producto, se forran cuadriplicando su precio por tan sólo tenerlo unos días almacenado o, simplemente, desplazarlo.

Otro de los mantras liberales fallidos es el de bajar impuestos, de nula solidaridad social y escaso éxito en la práctica. Si la crisis requiere, como hemos dicho, una mayor inversión pública y ayudas económicas, el Estado no puede renunciar a los ingresos de los que pueda disponer, y, desde luego, no es de recibo que, las Comunidades más ricas, reduzcan impuestos a los patrimonios más altos, en claro dumping fiscal, mientras se cobran vacunas pediátricas, mantienen sus Centros de Salud cerrados y sus listas de espera quirúrgicas son eternas. Está claro que tenemos derecho a cualquier intervención sanitaria, pero, además, a que se nos realice dentro de unos plazos razonables. 

En tiempos de crisis, como las que desgraciadamente vamos encadenando, el paradigma de bienestar social pasa por abandonar el liberalismo económico, una mayor inversión pública y una intervención institucional en los mercados. 

aLa presidenta de la Comisión Europea, nada bolivariana o comunista, es el camino económico que ha marcado para Europa, en evidente coincidencia con las medidas tomadas por el Gobierno español.

Así pues, queda cada vez más patente que el liberalismo es un lujo que beneficia sólo a los ricos que, ganando mucho en épocas de bonanza, durante las vacas flacas nos toca pagar sus pérdidas con dinero público procedente de unos impuestos que, estos pseudoliberales, piden a diario su bajada, a la vez que, en clara contradicción, exigen más recursos.